Apenas comienza el año y, luego de concluir el primer mes, en Baja California se han registrado dos homicidios de policías y diversos atentados en contra de elementos pertenecientes a corporaciones de seguridad, en un derramamiento de sangre que parece no tener fin y es parte de la inercia nacional en este tipo de violencia.
La entidad se encuentra en la posición número nueve, con 79 asesinatos de policías perpetrados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, más los que se acumulen en el año en curso.
Durante los primeros cinco años de administración de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 2 mil 225 homicidios de agentes operativos en México, para un promedio de 1.2 servidores públicos caídos por día, de acuerdo con reportes que obran en bases de datos de Causa en Común, AC, organización que desde 2018 realiza un seguimiento hemerográfico del tema. Una cantidad de escándalo, cercana a la de toda la plantilla de la Policía Municipal de Tijuana, que tiene unos 2 mil 500 gendarmes.
Elementos municipales, estatales, de investigación, de vialidad y federales (Guardia Nacional) de distintos rangos, mueren en embocadas, enfrentamientos, cuando salen o llegan a su casa, en sus días libres, en levantones y después ejecutados, a veces por su imprudencia en el manejo de las armas de fuego y hasta por violencia doméstica. Las entidades con mayor número de elementos asesinados son: Guanajuato, con 325; Zacatecas, 165; Estado de México, 148; Michoacán, 144; Chihuahua, 136; Veracruz, 133; Jalisco, 129; Sonora, 94; Baja California, 79; y Oaxaca, 79.
Mientras que en el primer mes del sexenio, en diciembre de 2018, ocurrieron 43 muertes violentas de policías, entre las que no se cuentan los hechos de tránsito terrestre o aéreo, ni atropellamientos, ahogados, etcétera, sólo homicidios. En 2019, año completo, la cifra fue de 446; para 2020 aumentó a 522, que ha sido el año más mortífero para los elementos operativos; en 2021 fueron 400; 2022 contabilizó 403 asesinatos y 2023 cerró con 411.
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La tendencia se mantiene en 2024, al contabilizar 22 policías a los que manos criminales les quitaron la vida.
Para desgracia de los agentes de seguridad de todos los ámbitos, sobre todo en los municipios más pobres del país, no cuentan con los insumos de trabajo necesarios al haber desaparecido, o disminuido en otros casos, los fondos que apoyaban el fortalecimiento de las Comisarías de Policía Municipal, por lo que no hay contrataciones de más elementos ni se pueden adquirir patrullas, armamento o radios, lo que afecta a los policías en sus horarios, condiciones salariales y que muchos elementos no cuenten con seguridad social, seguro de vida ni otro tipo de incentivos, y en algunos casos sean cooptados por el crimen organizado.
Por si fuera poco, en los últimos años, en las Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el nivel de confianza de la sociedad en las autoridades coloca a los policías preventivos municipales y a los de tránsito como los más corruptos y en quienes no se puede confiar al momento de ser víctimas de un delito o aun sin serlo; en contraparte con los agentes federales y las Fuerzas Armadas, que gozan de mayor credibilidad, como el Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional.
En cuanto al nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 90.1% de la población de 18 años y más identificó la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, con mucha o algo de confianza. Siguió el Ejército, con 87.2%. Mientras que la Policía Ministerial o de Investigación obtuvo el 59.1%; la Policía Estatal, 58.4%; Ministerio Público, 58.1%; Policía Preventiva Municipal, 55.7%; y Policía de Tránsito, 47% (datos de ENVIPE a septiembre de 2023).
LABOR INGRATA
Rogelio Barba Álvarez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), reconoce que los elementos de seguridad pública en México no son bien vistos como servidores públicos: “En un primer término, si ves los resultados de la ENVIPE, la Policía de México, como institución, es la menos valorada, porque hay mucha desconfianza en los cuerpos policiales. Los policías verdaderamente no tienen una garantía de una estabilidad económica porque el Estado, los municipios y la Federación no se hacen cargo de profesionalizar la función. No se ha podido conseguir que la gente que labora en las tareas de seguridad se aboque al 100 por ciento a esas funciones, tiene que trabajar en otras cuestiones para completar la quincena”.
El catedrático coordinador de la carrera de Criminología de la UdeG también advierte la desproporción que existe en el poder de fuego de las corporaciones de seguridad, ya que “muchas de las ocasiones las armas que utilizan los policías mexicanos, pues son rebasadas por las armas de la delincuencia organizada; las ejecuciones que vemos y que se encuentran exhibidas en los canales de videos de las redes sociales en internet, dan muestra clara de la organización criminal frente a la desorganización institucional representada por las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Policía Federal, de los estados y de los municipios”.
En ocasión del tema, Rubén Ortega Montes, también investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y secretario general de la Asociación Unidos por la Seguridad, AC, expresó: “Mientras los policías intentan dar lo mejor de sí para la sociedad, ni el Estado ni la sociedad estamos cuidando de quienes nos cuidan, y ello también se refleja de manera directa en el déficit en el número de policías, la falta de buenos salarios, la falta de buenas prestaciones para los elementos, los horarios tan cargados, el tipo de armamento que usan, el abuso de los mandos a través de acoso, los arrestos y sobre todo los controles de confianza”.
En tanto, Alfonso Partida Caballero, profesor investigador y jefe del departamento de Derecho Público de la misma casa de estudios, lamentó: “En cientos de municipios del país los policías no tienen derecho a la jubilación o la pensión, ni prestaciones, algunos no tienen derecho al aguinaldo. ¿Esto qué quiere decir? Que los policías tienen que buscar otra chambita para poder solventar el gasto familiar y esto los convierte, también, en presa fácil de la corrupción. Estos desajustes que hay, cuando se ponen de acuerdo con el crimen organizado, al cual después tienen que confrontar, su labor y la orden superior de cumplimiento de normas y leyes, pues resulta que son presa fácil y muy fáciles de identificar, porque en un municipio saben dónde viven, saben que un policía no se puede llevar el arma de cargo a su casa y que están desarmados. Cuando están con sus familias son altamente vulnerables”.
Por su parte, Lucía Almaraz, académica de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), recordó que, hablando de seguridad pública, la Policía Municipal es la primera cara del gobierno ante la ciudadanía, no obstante, “ese primer contacto también lo tienen las células delictivas con la Policía Municipal, no sé si estoy siendo clara en ese sentido: si el primer contacto es la Policía Municipal, desde luego que el primer contacto de la célula delictiva también es esa misma policía, y es a quienes tienen, en muchos de los casos y lo sabemos, un tema de relación incluso aboral; es decir, los tienen en la nómina y les realizan encargos.
“Entonces, los y las policías, hablando de hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos policiales, hoy se ven involucrados en la comisión de delitos, como en los casos de desaparición forzada, pero también en el tema de privaciones ilegales de la libertad, inclusive de venta de droga, de ser los halcones de la propia delincuencia organizada; entonces, juegan un rol importante para el crimen organizado que está asentado hoy”, señaló la experta.
De esa forma, los policías son poco valorados por el propio Estado, mal vistos por un sector de la sociedad y cooptados por la delincuencia.
CASOS RELEVANTES
Existen casos de homicidios de policías que quedaron en la memoria de los mexicanos y algunos de ellos trascendieron al extranjero por la saña, alevosía y traición con la que fueron torturados, acribillados, desmembrado o quemados. O bien, son recordados por el pánico que generaron entre personas ajenas a conflictos de seguridad, como aquel asesinato de los dos policías que se hallaban en un restaurante de comida china en Tijuana el 3 de enero de 2019: Fidencio Figueroa Rodríguez y Omar Araujo. El crimen se le atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el mismo año no hubo otro crimen tan atroz como el del 14 de octubre, en la colonia Centro de El Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán, donde fueron emboscados elementos de la Policía Estatal, muriendo en el acto 13 de los agentes, en tanto que otros tres resultaron lesionados. Los uniformados, que tenían entre 20 y 60 años de edad, pretendían cumplimentar una orden judicial cuando se registró la agresión entablada por unos 30 sicarios del CJNG que circulaban a bordo de camionetas blindadas. Quemaron las patrullas, robaron armamento y dejaron narcomensajes.
En la escena del crimen se localizaron múltiples casquillos percutidos por armas de fuego de diversos calibres, cuatro camionetas pick-up que presentaban impactos de bala en su carrocería, dos de ellas rotuladas con la leyenda Policía Michoacán y las dos restantes fueron quemadas. Había dos cartulinas en los parabrisas de los vehículos, una en color amarillo que contenía el mensaje: “Los policías que apoyen a los lacras se los cargara la verga att. CJNG”; y otra, de color rojo, que tenía escrito: “A todos los policías Michoacanos lacras que apoyen a los templarios, viagras, troyanos y chocomiles de tepeque se los cargara la verga att. CJNG”.
Si bien, Guanajuato era y sigue siendo líder en este tipo de crímenes, 2020 marcó la pauta para el incremento de los asesinatos de policías en Zacatecas. Ese año hubo varios multihomicidios de agentes. El 21 de marzo, fueron asesinados a tiros cuatro policías municipales, dos hombres y dos mujeres, en Sombrerete. Ocho días después, en Nochistlán, mataron a tres uniformados más; y el 25 de octubre fueron acribillados otros cuatro gendarmes en el municipio de Pinos. Sin embargo, los homicidios más numerosos ocurrieron el 3 de junio de ese año en Manzanillo, Colima, donde siete policías desaparecidos una semana anterior, fueron hallados en diversos segmentos anatómicos. Y el 21 de junio, seis policías fueron asesinados durante una emboscada en Tetipac, Guerrero.
En 2021, el 12 de marzo, fueron asesinados y calcinados cuatro elementos de la Policía Estatal de Zacatecas, tras el ataque de un grupo armado sobre la carretera El Ramal-Chaparrosa, en Villa de Cos. Seis días más tarde, fueron emboscados agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México cerca del puente de Los Sabinos en Coatepec, con saldo de 13 oficiales fallecidos, quienes no tuvieron oportunidad de defenderse, mientras que otros de sus compañeros heridos lograron sobrevivir. El hecho fue atribuido a La Familia Michoacana que encabezan los hermanos Hurtado Olascoaga. Ese mes cerró el día 31 con otra celada a uniformados rurales en el poblado de La Concha en Madera, Chihuahua, con saldo de cuatro policías muertos y siete lesionados.
El 3 de abril de 2021, tres elementos de la Policía Municipal de San Pablo Coatlán, Oaxaca, fueron asesinados y calcinados dentro de la patrulla en que viajaban por el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, no muy lejos de donde se encuentra enclavado el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13. El 19 de mayo, fueron asesinados a balazos en una emboscada, en una zona despoblada, el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Andrés N; el jefe de seguridad del recinto carcelario, Andrés M; y uno de los custodios que escoltaban a los funcionarios, quienes habían salido en una unidad oficial a las 23:00 horas del penal ubicado en el Bodonal. El 9 de octubre fueron masacrados cuatro policías durante un partido de futbol en Zacatecas, Zacatecas.
Para 2022, el 26 de enero al mediodía en Sombrerete, Zacatecas, se registró el hallazgo de tres policías ejecutados al interior de una camioneta con el motor encendido en la colonia La Blanca. Las víctimas, identificadas por otros patrulleros, tenían el rostro con cinta adhesiva y presentaban impactos de arma de fuego. Mientras que la madrugada del 23 de junio, cuatro policías y seis civiles perdieron la vida tras una cruenta balacera ocurrida en la calle Retorno de la colonia San Lorenzo, municipio de El Salto. Los uniformados recibieron un reporte de sujetos armados que bajaban de un vehículo a personas privadas de la libertad hacia el domicilio. Una mujer les permitió el paso y adentro los acribillaron a tiros. Hubo varios detenidos y personas liberadas.
Agente baleado estaba en investigación …seguir leyendo
Otra emboscada del crimen organizado tuvo lugar el 26 de junio en Anáhuac, Nuevo León, con saldo de seis elementos de la Policía Municipal muertos a balazos y cuatro lesionados. Un grupo de civiles atacó a los agentes sobre la vía Lampazos-Colombia, aprovecharon que una de las unidades en que viajaban los policías volcó, debido a que colocaron ponchallantas en la carretera. Y el 28 de septiembre de ese 2022, seis policías municipales fueron acribillados cuando realizaban ejercicios físicos en Calera, Zacatecas.
En 2023, el más grave atentado en contra de servidores públicos policiales se registró el 23 de octubre en el poblado El Papayo, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, donde 13 policías del municipio de Coyuca de Benítez fueron asesinados, entre ellos el secretario de la corporación, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía, Honorio Salinas Garay. El convoy de uniformados fue interceptado por un comando armado que mató en el sitio a seis agentes, y a los otros siete los privaron de su libertad, apareciendo más tarde, ejecutados, a unos cuantos kilómetros de distancia del lugar donde fueron levantados. Ese hecho movilizó a 300 elementos de la Guardia Nacional, que llegaron a Guerrero horas después.
LOS DE ESTE AÑO
En este incipiente 2024 los crímenes contra policías ya se han repartido en 12 entidades federativas, entre las que no puede faltar Baja California. El conteo de la muerte inició el 2 de enero en Iztacalco, Ciudad de México, donde se registró una balacera entre policías y extorsionadores, con saldo de dos personas muertas y cinco detenidas. Uno de los fallecidos era el policía de investigación Fernando Jalomo, ligado a presuntos extorsionadores. Al día siguiente, el subdirector de Seguridad Pública de Xonacatlán, Estado de México, Antonio Fernández Domínguez, murió después de agonizar en un hospital tras ser atacado a balazos el 31 de diciembre de 2023 durante un asalto a un negocio de comida. Un sospechoso fue detenido.
El 4 de enero, Laura Soledad N., mujer policía del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, fue asesinada presuntamente por su pareja en el camino a San José La Grandeza, en el desvío a la comunidad La Garnacha. Ese día, en calles de la comunidad Mayé El Fresno en Atlacomulco, Estado de México, un elemento de la Policía Municipal que perseguía a un sujeto armado murió de un escopetazo. Otros policías detuvieron al agresor. El 5, en la calle Morelia, colonia Revolución en Pátzcuaro, Michoacán, fue victimado a balazos el agente de investigación José Luis C junto con un acompañante. Los agresores huyeron a bordo de dos camionetas. El policía estaba de descanso.
En un ataque directo, el 8 de enero, en la calle Guerrero, Colonia Alfredo Del Mazo en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, murió Luis Enrique Hernández Callejas, policía de investigación de Ciudad de México; su hijo resultó herido. Un día después, en la colonia San Mateo Nopala en Naucalpan, Estado de México, fue ejecutado a tiros dentro de su vehículo, el policía de la Secretaría de Seguridad del Estado, Alfredo N. El día 13 localizaron el cadáver del policía estatal José Urbano O, quien estaba comisionado como escolta del alcalde de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, Humberto Parrazales. Desapareció dos días antes tras convivir con el edil, quien un año antes se salvó de un atentado.
El 15 de enero, durante un enfrentamiento a balazos, frente a una escuela de la colonia Urbivilla del Prado en García, Nuevo León, un agente de la Policía Municipal fue asesinado por un grupo armado que circulaba a exceso de velocidad. En esa fecha, en Avenida Libertad de la colonia Hogares Populares Pavón, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, murió baleado un elemento de la Policía Vial que regresaba hacia su base; fue atacado por hombres armados. El día 18, tras un operativo de búsqueda de un miembro del crimen organizado en el paraje El Camarón en San Gabriel Mixtepec, Oaxaca, fue victimado un agente estatal de investigaciones; dos oficiales resultaron heridos. También fue abatido un presunto jefe criminal.
En Tijuana, el 18 de enero, en un negocio de electrodomésticos ubicado en el Libramiento Sur, Delegación San Antonio de los Buenos, fue asesinado el agente de la policía municipal Josué Ramírez Canales, quien se encontraba de descanso acompañado por su esposa para comprar una lavadora. Un sujeto le disparó a la cabeza. Al día inmediato, en la colonia Jardines de los Historiadores en Guadalajara, fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio, el agente investigador en activo, José Guadalupe Covarrubias, quien poco tiempo antes fue jefe de custodios del Sistema Penitenciario de Jalisco. Varios sujetos le dispararon. Y el mismo día, en una balacera registrada entre civiles y la Guardia Nacional, sobre el Kilómetro 26 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en Tamaulipas, un elemento operativo perdió la vida y otro guardia resultó lesionado.
El 24 de enero, cuatro elementos de la Policía Municipal de Celaya y dos civiles fueron asesinados alrededor de las 20:00 horas, tras un enfrentamiento contra un grupo de hombres armados, en hechos registrados sobre la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de la comunidad Santa María del Refugio. En esa fecha, en la comunidad de Tlamacazapa, en Taxco de Alarcón, Guerrero, fueron localizados los cadáveres del comandante Higinio Villanueva Hidario y del agente Isaac del Ángel Meza, de la Policía Investigadora Ministerial -perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero-, quienes fueron privados de su libertad un día antes por presuntos miembros de La Familia Michoacana cuando viajaban a bordo de una camioneta oficial por la carretera Taxco-Pilcaya, cerca del municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.
En Celaya, Guanajuato, el 25 de enero, sobre el Eje Juan Pablo Segundo, en el camino hacia las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, una agente de Vialidad fue localizado sin vida con impactos de bala. Estaba tirado bocabajo, junto a su motocicleta. Y el 28 de enero, en el Bulevar 2000, a la altura del fraccionamiento Natura en Tijuana, fue encontrado el cadáver de Kevin Gaxiola Perales, elemento de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana que en diciembre pasado había egresado de la academia policial. Se hallaba junto al cuerpo de un presunto narcotraficante conocido como El Tommy.
