La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) exigió, el 10 de enero de 2024, a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declare constitucional la reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de octubre de 2023-, con la que se pretendía la entrega de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, contenidos en 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través de un comunicado, la CJEF -cuya titular es María Elena Ríos González- también llamó a que el máximo tribunal constitucional ordenara a que los recursos de los citados fideicomisos fueran utilizados en la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán “Otis”, la madrugada del 24 de octubre de 2023, honrando así el compromiso realizado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la constitucionalidad del decreto que extingue los fideicomisos y ordenar que se actúe en consecuencia, con lo que, además, se honrará el compromiso de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, de devolver los recursos de los fideicomisos para ser utilizados en la reconstrucción de Acapulco, por los daños causados por el huracán Otis”, señaló la CJEF, que insistió en que las prestaciones de los trabajadores del PJF estaban garantizadas, a pesar de la extinción de los fideicomisos.
“No atenta en contra de la independencia judicial […] salvo que se piense que esta tiene un precio, que se garantiza con la retención de los recursos públicos de los fideicomisos, en perjuicio de los habitantes de este país, que contribuimos al gasto público”, agregó la CJEF, que, además, afirmó que había servidores públicos del PJF, que “pretenden incumplir este mandamiento”.
La Consejería apuntó que el decreto impugnado garantiza que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguirían, serían atendidas con recursos de los propios fideicomisos, como señalaba el artículo tercero transitorio de dicho decreto, con lo que se salvaguardaban los derechos y obligaciones que correspondían.
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La CJEF enfatizó que la SCJN debía cumplir con el artículo 17 constitucional, para privilegiar el análisis de la constitucionalidad por encima de formalismos procedimentales que supuestamente incumplió el Poder Legislativo Federal, ya que, además, se dio la participación a todas las fuerzas políticas.
“De actuar de manera imparcial y con respeto al principio de división de poderes que señala el artículo 49 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe cumplir el artículo 17 constitucional, en el sentido de privilegiar el análisis de la constitucionalidad de las normas por encima de formalismos procedimentales que supuestamente incumplió el Poder Legislativo, ya que, además, se dio la participación a todas las fuerzas políticas, como obliga el artículo 72 constitucional”, detalló la Consejería.
Asimismo, la CJEF recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el ejercicio fiscal 2024, estaban autorizadas las siguientes partidas específicas para los trabajadores del PJF: (i) 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil; (ii) 14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil; (iii) 14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado; (iv) 14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro, y (v) 15301 Prestaciones de retiro.
