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martes, abril 23, 2024
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Policías afirman que no compran incapacidades

Salvador Armas, Hugo Torres, Eduardo Martínez Pavel, David Santos, Julio César Gándara y Daniel López Molina, agentes municipales de Tijuana, estuvieron en las oficinas de ZETA para presentar su documentación médica; hablaron de los enfrentamientos con criminales, de los accidentes que los sacaron de circulación y reclaman que ellos no compran sus incapacidades a doctores de Issstecali.

En su edición 2595, este Semanario informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tijuana había realizado tres denuncias y solicitado la misma cantidad de investigaciones, la más reciente en agosto de 2023 a la Dirección de Inspección Interna y Derechos Humanos del Ayuntamiento, para corroborar qué porcentaje de los 288 elementos que se han mantenido con  incapacidades subsecuentes por más de un año, están realmente enfermos y cuántos están cometiendo el delito de pagar entre 500 y mil dólares por el documento que les permite cobrar su sueldo semanal sin trabajar.


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Martínez Pabel, quien también es secretario de la Asociación de Policías de Tijuana (APT), aclaró “hablamos por nosotros”, advirtiendo que no pueden garantizar que no haya elementos incurriendo en la ilegalidad mencionada.

La estimación en la SSPC es que 20% de los incapacitados están realmente enfermos y el 80% restante abusa del erario. Los policías dijeron que el número de agentes enfermos que no deberían estar en la calle es más alto.

Asimismo, advirtieron que la corporación es muy longeva y los agentes tienen muchos accidentes y enfrentamientos. Hay muchos -entre 300 y 500- que tienen más de 50 años, con más de 30 años de servicios, cargando equipo pesado y han sufrido lesiones en columna vertebral, que usualmente se convierten en clientes permanentes de las clínicas de dolor.


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En el resto de los municipios los retiran a los 25 o 30 años de trabajo, pero en Tijuana no hay un plazo establecido, así que procuran mantenerlos porque hacen falta elementos.

En el caso de los agentes que estuvieron en ZETA se aclaró:

– Hugo Torres, de 45 años, se incapacitó después de una cirugía por fractura del calcáneo, el hueso más grande del retropié; le colocaron dos tornillos y su pronóstico es indeterminado.

– Salvador Armas, 54 años; padece herniación múltiple, radiculopatía leve -nervio espinal comprimido- y discartrosis lumbar (desgaste avanzando de discos).

– Eduardo Martínez Pavel; sus afecciones incluyen dos hernias amplias intervértebras, degeneración de cartílago y compresión en un punto de la columna.

– David Santos; diagnosticado con cicatriz macular irreversible en el ojo derecho por lesiones antiguas -accidente de 1977- “la vista la fui perdiendo” y recomendaron “que ya no trabaje”, refirió.

– Julio César Gándara Ríos rechazó los señalamientos y presentó un documento “pendiente de valoración de ortopedia”.

 – Daniel López, operado cuatro veces del hombro, con dolor crónico incapacitante y ocho años inhabilitado sin obtener la incapacidad permanente.

Respecto a los agentes incapacitados que están cobrando sueldo y laborando en otras empresas, Adolfo Santiago Azcarrega, abogado de la APT, aseguró que mientras no realicen actividades iguales o similares a las que deberían estar ejecutando como policías, legalmente pueden trabajar. 

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