Creció 70% la riqueza de Slim y Larrea
Décadas de transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un puñado de magnates -beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos del Estado prianista- han derivado en un poder político que no sólo les permite conservar fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que sus monopolios garantizan.
Carlos Slim y Germán Larrea, los más ricos de México y de América Latina, crecieron su fortuna en 70 por ciento desde 2020, beneficiados por el poder económico y político generado por sus monopolios. Su patrimonio, que creció 58 y 125 por ciento, respectivamente, desde la pandemia, equivale al de 34 millones de mexicanos; se ha enquistado en una economía donde más de nueve millones de obreros mexicanos viven sin saber qué comerán mañana.
“En los últimos años ha habido avances en la política social y salarial, que han mejorado la distribución del ingreso especialmente para las personas trabajadoras formales”. Se ha visto en la reducción de 41.9 a 36.3 por ciento de la población en pobreza multidimensional y en el incremento real de 65.2 por ciento en el salario mínimo hasta 2022. “Sin embargo, esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo radicalmente distintas a las que rigen a los mega-ricos”.
Un sistema legal y fiscal o tributario hecho a modo para incrementar sus fortunas de manera desproporcionada, el cual no ha sido desmontado por ninguna de las administraciones, permite que 14 ultrarricos acaparen ocho por ciento de la riqueza de México, equivalente a casi 180 mil millones de dólares; sólo Slim (Grupo Carso) posee cuatro por ciento
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Además de la concentración del ingreso de esa cúpula hay otra más. Las 294 mil personas más ricas del país -de este grupo y que poseen más de un millón de dólares- acumulan 60 por ciento de la riqueza, equivalente a que el 0.2 por ciento de la población posee 6 de cada 10 pesos de riqueza en un país donde 46.8 millones viven pobres.
Los primeros ejemplos se encuentran con Carlos Slim con Telmex; Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca; Germán Larrea con Ferrocarriles de México; y Roberto Hernández en la banca. “Las empresas de Slim tienen concesiones en todos los sectores en los que la Constitución lo tolera”, precisa.
Otros ultrarricos mexicanos se han beneficiado -y se siguen beneficiando- de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado.
“La extrema desigualdad que hoy vivimos es resultado de transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates durante las últimas cuatro décadas. 11 de las 14 personas súper ricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno”, confirma Oxfam.
Esto les permite hacer más pobres al resto de la población. Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 (impulsados por la pandemia y la guerra de Ucrania que encarecen la producción) los precios en México incrementaron 6.5 por ciento, el mayor aumento en el costo de vida en 20 años.
Cuando los costos de producción volvieron a bajar, los precios no lo hacen, debido a que los oligarcas usaron sus monopolios y oligopolios no regulados para mantener los precios altos. De hecho, 60 por ciento del incremento de precios del periodo son ganancias de las empresas.
Esto explica por qué en México uno de cada cinco pesos del valor agregado del sector privado se destina a los dividendos, el doble que Alemania o Brasil; y 93 por ciento de los activos físicos está en posesión de apenas 10 por ciento de las empresas.
“Este poder económico se traduce además en poder político, que les permite influir en las reglas del juego de su relación con el Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nuestras reglas del juego tratan igual a actores asimétricos, muy desiguales”.
En esta realidad, el Estado debería establecer planes sexenales, recuperando y revitalizando su rol económico y redistribuir la riqueza. Que la clase trabajadora gane más, y pague menos por sus consumos, que la riqueza sea para quien la trabaja y que pague y repare quien más contamina tierra, mar y aire. La economía es política. (Con información de Dora Villanueva, La Jornada y Oxfam).
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
