Con un presupuesto indefinido y limitado, un titular denunciado y cinco meses sin resultados, la Fiscalía Anticorrupción inicia en 2024
El 22 de noviembre de 2023, en su glosa ante la XXIV Legislatura, la secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas, informó que había presentado ante la fiscalía estatal 30 denuncias penales que significaban un posible daño al erario por 137 millones 584 mil 455 pesos. Se trataba de deficiencias en el proceso de adquisición y sobreprecios en cinco contratos, la mayoría detectados por el órgano de control de Salud.
El 5 de enero, en conferencia, dijo que ya eran 35 denuncias penales en el Estado, pero no detalló el importe de los daños.
Todas estas carpetas deben ser atendidas por Javier Guadalupe Salas Espinoza, quien el 4 de julio de 2023, como candidato de la gobernadora, fue designado por el Poder Legislativo bajacaliforniano, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la cual se planeó y visualizó independiente, pero desde su nacimiento en noviembre de 2019, fue supeditada a la Fiscalía General del Estado (FGE), a su vez, irregularmente subordinada al Poder Ejecutivo.
Sin ninguna autonomía llegó Salas a una fiscalía sin presupuesto, que estuvo acéfala casi cuatro años, y en eso nada ha cambiado.
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En la conferencia del miércoles 17 de enero, ZETA preguntó a la fiscal general María Elena Andrade cuántas oficinas y personal le había asignado a Salas. Sus repuestas fueron “el suficiente”, “ocho fiscales” -agentes del Ministerio Público-, “ocho o diez policías y seis auxiliares del MP”, porque apenas se está expandiendo y recibiendo carpetas.
A finales de 2023, el titular informó que necesitaba 50 personas sólo para los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Por lo pronto les rentaron sólo una oficina en Mexicali.
En noviembre pasado, Salas había dicho que tendrían su espacio en el Centro Cívico, en el fraccionamiento Los Pinos, pero terminaron lejos de la mancha urbana, en el Valle de Puebla. En el resto de Baja California les darán acceso a las oficinas de las fiscalías regionales, dijo la fiscal Andrade.
Del presupuesto, la fiscal general del Estado no tuvo repuesta, porque declaró, los números exactos los tiene el oficial mayor. En cuanto el número de carpetas que estén atendiendo, comentó que actualmente eran 80. En octubre de 2023, Javier Guadalupe Salas Espinoza expuso ante la prensa cachanilla que estaba recibiendo 39 carpetas y a final de año esperaba tener 100 en Mexicali.
Además de la precariedad con la que no termina de arrancar la fiscalía especializada, porque dicen todavía están recibiendo y revisando carpetas, la conferencia del 17 de enero exhibió otras situaciones que bailan en el circo del absurdo y ridiculizan el fallido sistema anticorrupción bajacaliforniano.
La primera obligó a recordar que, sin importar que los propios diputados de la XXIV Legislatura, le habían reprobado la cuenta pública del SITT 2019, cuando Salas era director de Transporte en Tijuana, pero aun así decidieron ungirlo como fiscal Anticorrupción. Al final, los desaseos de esa Dirección lo alcanzaron este mes de enero, cuando la Fiscalía General del Estado inició el expediente con Número Único de Caso 0204-2024-02416.
En la carpeta lo acusan de lucrar y otorgar permisos temporales de transporte como director, una facultad reservada para el Cabildo. María Elena Andrade fue cuestionada al respecto, su respuesta fue que la denuncia está siendo revisado por Visitaduría, mientras ella analiza si es necesario removerlo para facilitar la investigación. Léase: todavía no arranca y ya están revisando si los retiran.
Sumado a lo anterior, informaron que uno de los ministerios públicos de la FECC, Atalo Machado, quien, por sus resultados anteriores, fue solicitado especialmente por Salas y le fue concedido, trabajará con doble cachucha, como si no fuera públicamente conocido que, quien a dos amos sirve, con alguno queda mal.
Resulta que a Andrade no le importó transferirlo, a pesar que, como fiscal especial, desde enero de 2022 tenía asignada la tarea de encontrar y procesar a todos los responsables de los homicidios de los reporteros Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Carpetas que no han registrados avances desde octubre y diciembre del mismo año, cuando los homicidas materiales fueron sentenciados. Pero los asesinos intelectuales no han sido procesados, algunos sospechosos, como el ex gobernador Jaime Bonilla, ni siquiera entrevistados.
Ante los reclamos que periodistas le han hecho durante enero, en el marco del segundo aniversario de los asesinatos de Martínez y Maldonado, Andrade se había negado a reconocer lo evidente: que abandonaron las investigaciones. Pero esta semana, en medio del jaloneo con la prensa, tuvo una idea sin sentido que expuso en un discurso y se escuchó intencionalmente confuso.
Se le ocurrió declarar que reabrirán la indagatoria- se desconocía que la había cerrado- y el propio Machado procesará los expedientes por las muertes de los comunicadores, pero desde la FECC, al mismo tiempo que dirige las investigaciones de decenas, que pronto se convertirán en cientos de denuncias por corrupción. Sin importar lo que Salas piense al respecto, se hará lo que Andrade ordene.
Total, que, en medio del inicio austero y tras cinco meses sin resultados, la FECC “da unos pasos pa’ delante y otros tantos para atrás”, como dice la canción.
