Una rabieta de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exhibe esquema de corrupción institucionalizado que signan partidos en distribución de espacios públicos; confirma el negocio público de la política
Sí alguien se ha encargado de hundir frenéticamente al Partido Acción Nacional es nada menos que Marko Cortés, político que se encumbró a partir de su utilidad para su gurú, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, pero que pese a su juventud ha demostrado llevar consigo las malas prácticas políticas de sus antecesores.
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El autor no es muy dado a hablar de temas relacionados a la política nacional en esta columna, pero me parece importante retomar un tema que el propio dirigente nacional hizo público a través de su cuenta de X y que realmente debe ponernos a reflexionar.
El martes 9 de enero, Marko emitió un reclamo en contra del ahora gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, emanado del PRI, pero que representó a la coalición PRI-PAN-PRD en el pasado proceso electoral 2023, donde vencieron al representante de Morena y hoy fallecido Armando Guadiana.
Más allá de los chismes internos de partidos y de la polítiquería, lo que el dirigente nacional panista exhibió es mucho más serio. Y es que presentó en sus redes sociales un documento signado por representantes de los partidos y el gobernador para repartirse posiciones políticas como parte de los compromisos de la alianza.
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Lo que resultó increíble, es que Cortés reconoció en dicho documento que además de repartirse diputaciones, regidurías, alcaldías, las secretarías de Medio Ambiente, Turismo o Cultura y el 20 por ciento de las subsecretarías del Estado, también se repartieron espacios que no corresponden a una alianza electoral.
El documento del panista se vuelve lastimoso, debido a que reconoce que recibirían para su beneficio el Instituto de Transparencia (ente encargado de brindar por la máxima publicidad del recurso público), que se supone, debe ser independiente y no cooptado por influencia partidista.
El PRI también se comprometió a regalarle al PAN seis notarías, el 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades (los cuales en teoría deberían ser especializados e independientes al menos en la universidad autónoma), pero lo más delicado es que Acción Nacional solicitó la ratificación del “magistrado Bernardo”, que es evidente conocer que se trata de Bernardo González Morales, el cual forma parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que en dicha entidad dependen del Poder Judicial.
¿Qué no se supone que el PAN y Marko Cortés peleaban por la independencia del Poder Judicial cuando Andrés Manuel López Obrador intentaba desaparecer los fideicomisos? ¿Por qué Cortés tendría interés -si se supone que pugnan por dicha independencia- en que se ratificara a un magistrado?
Los compromisos hechos por PRI y PAN en Coahuila son reflejo de los amarres políticos y de cómo los puestos del servicio público quedan a total disposición de los partidos.
El PAN sólo tiene el interés particular de ocupar más espacios de poder, como lo son las propias notarías, un servicio que debe ser en beneficio de la comunidad, pero que en la realidad genera grandes beneficios económicos.
El cinismo de Cortés demuestra que tiene una percepción de la realidad completamente alterada y fácilmente se distribuyen las entidades a discreción, como si fueran dueños del país, lo cual hace pensar que este tipo de esquemas se realiza dentro de las alianzas en Baja California, donde fácilmente pueden acordar posiciones más allá de lo que representa una coalición.
¿Qué tipo de acuerdos no públicos fueron signados por los partidos en BC? ¿Por qué tanto interés del Poder Ejecutivo dirigido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, por aliarse con el Partido Encuentro Solidario, el Verde Ecologista de México o Fuerza por México?
De forma descarada, los partidos políticos se reparten el país y todas las posiciones posibles para su mezquino beneficio. Y Marko Cortés nos lo acaba de confirmar.
