El empleado del Ayuntamiento de Ensenada y ex regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Lomelí Sedano, desistió de la intención de recibir una concesión en el recién remodelado mercado municipal Gastélum.
De acuerdo con Sindicatura Municipal, como cualquier hecho que pudiera llegar a constituir una falta administrativa, este miércoles 24 de enero fue iniciada por oficio una investigación.
Hasta el momento, el alcalde Armando Ayala Robles, no ha dado un posicionamiento sobre el actuar del Comité responsable de la licitación pública de los locales comerciales dentro del mercado.
Los funcionarios que firmaron las concesiones fueron: Rubén Best Velasco, Secretario del Ayuntamiento, Fernando García Samano, director de Sindicatura Municipal; Juan Antonio Guillén Sánchez, oficial mayor, y Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura.
El pasado 8 de diciembre se definió a los beneficiarios de 17 espacios disponibles, de 33, luego de la remodelación del edificio, que tuvo una inversión de más de 28 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
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Lomeli Sedano, además de ex regidor, está contratado para prestar servicios profesionales en la Dirección de Servicios Públicos, de acuerdo a información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con un salario de 19 mil 900 pesos, incluyendo impuesto, y tiene comisión como asistente de la regidora priista María Isabel Villarreal Camarena.
El ex regidor solicitó un espacio para tener una “Galería/Artesanías y Textiles Artesanales”. La regidora María Isabel Villarreal, ha sido propietaria de la tienda Nómada, dedicada a la venta de joyería y textiles hechos en México.
La ley de Adquisiciones de Baja California advierte que, los integrantes del Comité, se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato donde el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento tenga interés personal que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado o los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
