Daniela Reyes es una periodista ambiental, activista y feminista, fundadora de la colectiva Las Calafias e integrante de la Asamblea Feminista BCS, que engloba a todas las colectivas. Ha dedicados sus últimos seis años a defender los derechos de las mujeres en Baja California Sur, y por esta loable actividad el Semanario ZETA la reconoce como el Personaje del Año 2023 en Baja California Sur.
En entrevista con ZETA comentó que ha sido necesaria la organización para defender una causa en común, como es la de visibilizar todas y cada una de las violaciones de derechos humanos, a la vida misma y hasta la represión en la forma de expresarse; contra ello han luchado por años para derrocar un sistema que, según comparte, no tiene el más mínimo respeto por las personas que se identifican en el movimiento.
Daniela vivió en carne propia la discriminación por condición de género; con el fin de ayudar, se unió a los movimientos 8M, del día internacional de las mujeres; 28S, que refiere a la despenalización del aborto; y el 25N, para erradicar la violencia contra las mujeres, que este último se activa también en caso de feminicidio.
“Me marcó mucho mi propia experiencia de aborto en 2017, donde pues yo me reconocí como una mujer de clase baja, de una zona del país muy desfavorecida por esta desconexión que hay, pues me di cuenta de todas las complicaciones que existían para acceder este derecho. Me integro a la Asamblea y empiezo a hacer sinergias con ese tema en específico; y en 2020 fundo Las Calafias, que hasta el día de hoy, pues es una organización que brinda acompañamiento en procesos de aborto con medicamentos en casa, pero también a quienes van al hospital y ayudamos a gestionar consultas ginecológicas, a gestionar medicamentos, atención psicológica y jurídica”, expresó Daniela Reyes.
Recordó que se ha sentido identificada con muchas de las historias que han transitado por las colectivas, especialmente casos de feminicidios, violencia en razón de género y hasta la crueldad en el entorno sanitario.
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Pero resalta que gracias a las necesidad y falta de empatía del Gobierno, más colectivas se han sumado y activado la Asamblea Feminista, conformado por diversas colectivas, las cuales buscan justicia para los casos de feminicidio, atención a las familias, la interrupción legal del embarazo y el respeto hacia la mujer.
“En la marcha encontré a muchas mujeres con las que yo me identifiqué y que me reconocí y me gustaba mucho la pasión y las cosas que podíamos crear juntas, y el apoyo que podíamos darnos por estas carencias del Estado y de la propia sociedad, que dejan a las mujeres un poco solas en muchos procesos, como en los de casos de violencia (nunca hay un acompañamiento real emocional), y también en los casos de aborto; y de ahí prácticamente encontré como una manada, como muchas otras mujeres con quien crear y acompañar”, expuso Daniela.
La Asamblea Feminista BCS no es más que una unión de voluntades que pretenden el respeto a las mujeres y personas que se identifican con el movimiento, porque no sólo se movilizan por el interés de la colectiva, sino que buscan que haya una atención verdadera a los familiares de las víctimas, que las leyes protejan realmente a las personas.
Son la voz de aquellas mujeres que fueron silenciadas, no únicamente por el crimen, sino por el mismo gobierno que pretende callar el movimiento.
“La verdad es que si el Estado hiciera su trabajo, yo creo que no hubieran surgido tanta organización de parte de las mujeres. Todo esto surge, la verdad, sí, a raíz como de la impotencia y del enojo de ver tanta impunidad en tantos casos, que como que se hacen necesario un espacio para hacer catarsis, tan sólo, eso para poder reconocerse en las violencias de otras y podernos acompañar en estos procesos tan difíciles, como es simplemente interponer una denuncia y darle seguimiento en la denuncia. La raíz fue eso, la violencia, pero en el camino también encontramos lo importante, que era cómo acompañarnos; finalmente al Estado parece no interesarle la vida de las mujeres y aunque lo señalemos y sea necesario señalárselo, sabemos que no es una prioridad”, lanzó la activista.
LA VOZ DE LAS QUE NADIE ESCUCHA
En Baja California Sur, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública identificó este año dos feminicidios y dos homicidios dolosos contra mujeres. Sin embargo, para la integrante de la Asamblea Feminista BCS, extraoficialmente sumaron tres en este 2023, porque uno de los casos simplemente no se tipificó como feminicidio.
La agresión que refiere fue contra una joven que recibió un disparo de arma de fuego en la colonia Lienzo Charro en Ciudad Constitución el pasado 1 de abril de este año. La mujer fue herida al interior de la vivienda de su pareja y trasladada al hospital, donde minutos más tarde murió.
“Este año contabilizamos tres, y oficialmente con corte a octubre hay dos registros nada más, oficiales. Nosotras tenemos registrado, me parece, el ataque a una mujer en Ciudad Constitución, que recibió un disparo de arma y fallece en el hospital; a ella la registran como lesiones, pero ella prácticamente fallece a los minutos. Seguimos viendo esos detalles de problemas en la reclasificación de estas muertes violentas de mujeres”, argumentó Daniela Reyes.
En lo que va del 2023, el Secretariado ha documentado a 703 mujeres que han sido víctimas de lesiones dolosas, en algunos casos provocadas por personas cercanas a la víctima, y que quizá no haya sido la primera vez que ocurriera.
En muchos de los casos, las mujeres que denuncian abusos, lesiones y amenazas no son escuchadas hasta que son víctimas de feminicidio u homicidio; ahí es donde entra la Asamblea para exigir que se haga justicia: justicia de una tragedia que pudo haber sido evitada.
“Había una necesidad de visibilizar los feminicidios, y desde entonces pues varias de las integrantes de la Asamblea y de las colectivas empezamos a hacer un monitoreo de feminicidios, y puedo decir que desde entonces, desde 2017, llevamos como un registro informal o no oficial de los feminicidios que suceden en Baja California Sur, que todo el tiempo los estamos ahí contrastando con las cifras oficiales, y también pues dándole seguimiento; a veces solamente se queda en el hecho de lo que sucedió, pero nosotros también tratamos de estar recordando ‘se cumplió un año’, ‘se cumplieron dos años’ y estar recordando y difundiendo la historia de las víctimas”, recalcó Reyes.
Visibilizar los casos de maltrato, abuso y sobre todo feminicidio es con el fin de que la sociedad se identifique con cada uno de los casos, y que la voz de las víctimas cada vez se escuche más fuerte, dijo la periodista y activista.
“A veces solamente se quedan en un nombre o en una persona sin identificar, entonces este año también hemos estado vigilantes de todos los feminicidios, y que como algunos ellos también, se han tipificado de manera errónea; siguen habiendo homicidios que en realidad cumplen con características de feminicidio, lo hemos notado. Y acompañamos también a las familias en todo este proceso”, apuntó la fundadora de Las Calafias.
ABORTO SEGURO, ATENCIÓN SEGURA
Luchar por una atención digna de salud, es una de las tareas principales de la colectiva feminista Las Calafias, que fundó Reyes; por muchos años han estado ahí para toda aquella persona con la capacidad de gestar para acompañarlas en estos momentos tan difíciles en torno a la interrupción del embarazo.
A estas alturas, en que en Baja California Sur se ha avanzado en la despenalización parcial del aborto, pero el aparato gubernamental sigue juzgando a las mujeres que de alguna manera han llegado a la interrupción de un embarazo, pasando, dijo, por encima de los derechos individuales.
“En 2018, en septiembre hay una primera manifestación exigiendo el aborto legal en el estado, y como conocerás la historia, en el 2021 rechazan la Ley, y es hasta el 2022 que la aceptan; sin embargo, pues desde 2019 se formaron varias acompañantes de aborto en el estado, que aunque no fuera Ley, pues estábamos acompañando procesos, y en todo este camino de legalización o de que no era legal, pues ahí hemos estado los colectivas como las Calafias, que te digo que fundé con otras compañeras en el 2020 y que hemos visibilizado que el Estado pues no se hacía cargo de estas atenciones y cuidados que las mujeres que abortan tienen derecho”, explicó Daniela Reyes.
En el 2022, se tuvo un registro de tres mujeres que fueron llevadas ante la justicia por el delito de aborto, así lo cataloga el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mientras que de enero a noviembre del 2023, ya se contabilizan ocho personas juzgadas por cometer aborto, aun cuando se supone que se ha avanzado en la despenalización; esto refiere un incremento del 166 por ciento.
“Ahora que es Ley, también estamos visibilizando para que ese servicio sea digno: no sólo lo den, sino que también sea digno, que es lo que hemos visto. Hay bastantes errores, dilatan mucho el tiempo de atención; incluso, aunque sea legal, hay muchas mujeres que han tenido experiencias desagradables en el hospital y prefieren hacerlo en casa. Entonces, no dejamos de acompañar a quienes lo desean hacer con medicamentos en casa y para que lo hagan de una forma segura; este año aún no es completamente legal, es hasta las 12 semanas, y que a partir de las 12 semanas el Estado sigue criminalizando y persiguiendo a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que abortan… han seguido abriendo carpetas de investigación”, lamentó la activista.
Por último, Daniela confirmó que seguirá en la lucha para lograr que las mujeres, y todas aquellas personas con la capacidad de gestar, puedan obtener un servicio de calidad; que lo gratuito no quite la dignidad al que tienen derecho todas las personas, y que el sector salud ha demeritado en la atención.
“El sistema de salud en general tiene muchos errores y muchas cosas que necesita eficientar, pareciera que busca obstaculizar cosas que en la práctica deberían de ser sencillas; las complican, y un servicio que debería de ser gratuito termina siendo costoso. Obstaculizan el acceso. Por ejemplo, las mujeres que solicitan estos servicios, por tantos problemas que hay, terminan pagando para hacerlo por fuera, pagando por un ultrasonido, pagando por comprar el medicamento o pagando por un servicio particular, entonces termina no siendo gratuito; solamente pueden hacerlo quienes pueden pagar todas esas cosas por fuera, porque el sistema no es eficiente”, finalizó la joven Daniela Reyes.
