Venció el plazo que las autoridades del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur tenían para solventar las más de 40 observaciones que arrojó la auditoría que se llevó a cabo en 2023, con esto la titular de la Contraloría del Estado, Cristina Buendía Soto, advirtió que aquello no haya tenido una respuesta pasará a manos de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para que deslinde responsabilidades.
En entrevista con diversos medios de comunicación, Cristina Buendía precisó que parte de su responsabilidad es notificar a las instancias judiciales cuando la Contraloría termina los procesos de revisión.
Es por ello que advirtió que por el momento no puede otorgar más detalles sobre el caso que estará en manos del fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, esto por el sigilo de la investigación.
Sin embargo, anticipó que los siguientes resultados de este caso deberán esperarse en el Poder Judicial y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Efectivamente ya se terminaron los plazos y ya lo que sigue, ya les comentaba la vez pasada, es que hay que cuidar el debido proceso. En esa etapa estamos ya, hay que guardar el sigilo y ya lo que sigue”, reiteró.
“Los temas que se cubren allá (Procuraduría y Poder Judicial), ahí sí tenemos que cuidar mucho, mucho, el sigilo, por favor. Ya en su momento se darán los resultados”, insistió.
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Hizo hincapié en que no hay un término como tal de cuánto tiempo puede llevar este proceso en el plano judicial, no obstante, en el caso del proceso de auditorías sí cuentan con plazos para solventar observaciones y prórrogas que se deben respetar, que en este caso ya culminaron.
En este escenario, Buendía Soto señaló que, al ejecutar las acciones conducentes, sólo cumple con lo que marca la ley.
“Definitivamente llegará lo que tenga que llegar a la Fiscalía (Anticorrupción), pero está avanzando, eso sí les digo, porque es lo que tenemos que hacer: tenemos que dar continuidad, tenemos que dar seguimiento a todo procedimiento”, declaró.
Conforme avance la Contraloría, requerirán más información a las partes involucradas; por ahora están en la indagatoria para la debida integración de la carpeta que presentarán ante la Fiscalía.
En el segundo semestre del 2023, ZETA dio seguimiento a este caso que involucra a Fernanda Villarreal, que hasta octubre de ese año era titular del INVI, y un grupo de funcionarios.
Las más de 40 observaciones se debieron a la falta de información y comprobación de datos, por actos que podrían tipificarse como corrupción y que atentan contra el erario.
Una vez que la Contraloría hizo público los resultados, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, anunció un cambio en la dirección del INVI, con la salida de Fernanda Villarreal y la llegada de Benjamín García Meza, que se había desempeñado como titular de la Subsecretaría de Protección Civil en la entidad.
Fernanda Villarreal, según lo que informó el área de comunicación, pasó a ser enlace de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
Ante cuestionamientos de la prensa, Víctor Castro negó que este cambio se deba a los señalamientos que se generaron tras los resultados en la auditoría al INVI.
Cabe mencionar que ZETA buscó a Fernanda Villarreal para otorgar derecho de réplica antes de esta publicación, sin embargo, no respondió.
No hay nada que esconder: director del INVI
En octubre de 2023, Benjamín García tomó protesta como director del INVI, enviado por el gobernador, llegó la misión de solventar los requerimientos de las instancias encargadas de realizar la auditoría.
Para “darle orden”, Benjamín García señaló que trabajaron los últimos tres meses con el objetivo de subsanar los pendientes en la auditoría y que ahora sólo queda esperar resultados.
“Contestamos a Contraloría; también a Auditoría Superior contestamos unas observaciones; también a la Auditoría de Finanzas; de modo que estuvimos ahí entretenidos un rato. Vamos a esperar qué resultados parte de ello, en lo que corresponde a los tres meses que yo he estado”, comentó.
Ante el anuncio de que el caso llegará a la Fiscalía Anticorrupción, el funcionario reiteró que está amparado con las fechas de las inspecciones que concluyeron en mayo de 2023.
Ahora, asegura, se enfoca en el cumplimento con las reglas de operaciones que marca la ley y revisa que todo sea correcto en las áreas administrativas para garantizar el manejo adecuado de esta institución.
“No significa que se están robando el dinero, sino que, por cuestiones de documentación, aplicación, las formas, son cosas que hay que solventar que no sucede en tiempo de reglamento”, dijo.
“En cuanto a lo administrativo se va cumpliendo conforme a la ley en cuanto a los pagos y avances de obra, ahí no hay mucho que esconder ni nada”, finalizó.
