El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó, el 17 de enero de 2024, destinar el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para financiar pensiones.
Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal precisó que el Gobierno haría sus aportaciones, gracias a la “austeridad republicana”.
“La parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener, porque vamos a proponer más austeridad republicana, porque empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entonces lo que ahorremos para que no le cueste tanto el Gobierno al pueblo”, indicó el mandatario nacional.
“Se hará un ajuste y va a destinarse a ese propósito. Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente, en contra del pueblo, para proteger a particulares nacionales y extranjeros, entonces ahí hay muchos ahorros, imagínense el instituto de la transparencia, mil millones cuesta mantenerlo, ¿por qué no esos mil millones se van al fondo de pensiones?”, señaló el político tabasqueño.
“Pero nosotros vamos a aportar lo que nos corresponde y vamos a tener una proyección. Se va a hacer una corrida financiera, es lo que se está trabajando para lograr el objetivo de que el trabajador se retire y jubile con su sueldo completo”, puntualizó López Obrador.
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El político tabasqueño anunció, el 11 de diciembre de 2023, que ese mismo año o el siguiente, antes de que terminara su Administración, enviaría una iniciativa de reforma administrativa para el Gobierno Federal, con la que se buscaría que desaparecieran los´órganos constitucionales autónomos, como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque, según él, “no sirven para nada”.
