El pasado 13 de diciembre, los hermanos Francisco y Joel Cruz Martínez vivieron horas de terror angustia y violencia, cuando un grupo de policías municipales, estatales y elementos de la Marina los levantaron de la zona de la cola de la ballena en el municipio de La Paz.
“Ayer tuvimos un alegato con un municipal y el canijo nos pegó un levantón; no sabemos si ese levantón fue legal o ilegal, y nos llevan a una zona llamada El Mezquite. Allá nos pegó una paliza… le estoy platicando un breve, pues para no hacerla mucha emoción: nos pegó una paliza, unos batazos, unos batazos en la panza, unas patadas acá y le dijo a mi hermano que era muy probable que era la última vez que estuviéramos en este mundo”, recordó Joel Cruz.
Dos semanas atrás, sostiene, estaban trabajando desde el 25 de noviembre para el rancho Shani Produce S. de R.L. de C.V., de donde los despidieron desde el 1 de diciembre. En lo que ellos esperaban su proceso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dormían en el Hospital Salvatierra e iban a la zona de la cola de la ballena a pedir empleo para la comunidad de Chametla.
Así fue como, entre las ocho y las nueve de la mañana, inicialmente una patrulla de la Policía Municipal con un agente de la Marina, llegaron y con supuestas agresiones esposaron y subieron a la patrulla a los trabajadores agrícolas.
“Ayer en la mañana, estábamos ahí en la colita de la ballena, mi hermano estaba preguntando ahí a unas personas que estaban pasando en los carros para trabajo, y miró pasar la patrulla y lo miró, estaba sentado por acá. Le hablan y que lo esposan y le estaba diciendo que pa’ dónde lo llevaban, que por qué, y no habíamos hecho nada; entonces yo miré y le pregunté al oficial ‘oiga, ¿por qué se lo llevan?, le digo ‘¿qué pasó?’, pero (responde) ‘tú cállate y quédate ahí’. Y digo ‘pues oigan, no hemos hecho nada’, y ya lo subió, lo puso ahí, lo esposó; igual a mí me agarró también, y dice ‘tú súbete ya’, y cuando estaba ahí le dio así por la orilla (de la ciudad) y a mi hermano lo empezó a golpear y le dijo ‘¿por qué me mentaste la madre?’. Pero nosotros no fuimos groseros con ellos, ni les dijimos nada a ninguno, y le empezó a patear la cara y se le subió a su panza”, declaró Francisco.
De ahí hubo minutos de golpes, patadas y hasta en tres ocasiones los agentes supuestamente se pararon en el estómago de Joel mientras éste estaba tendido en el suelo y con los brazos esposados a la espalda. Los denunciantes no captaron el número de unidades, pero aseguran que pueden identificar plenamente a sus agresores.
“Se le subió así, una tercera vez, igual a mí; le digo ‘oiga no lo golpeen’, y me empezó a patear, a mí aquí en la cara, aquí me esposó y trabó los brazos porque no los podía mover, me los doblaron los brazos bien feo, y ahí nos seguían golpeando. De la unidad no alcanzamos a mirar, pero sí los reconocemos: era una municipal y un federal (marino) y una estatal”, denunció Francisco.
Después de la golpiza y agresión psicológica, los campesinos fueron trasladados en la patrulla a un terreno baldío donde el abuso de poder se prolongó por varias horas más.
Pese a que Francisco identifica muy bien a los elementos a quienes, de entrada, los describe altamente violentos, corpulentos y altos, al momento de interponer la denuncia ante Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz las autoridades no accedieron a enseñarles fotos del personal. Sólo les dijeron que harían una revisión a fondo del hecho denunciado.
“Nos amenazaron, nos llevaron a terreno y lo agarraron a mi hermano, y lo esposaron; le dijeron ‘ponte de espalda’ y empezaron a golpear con un palo, así aquí en la pierna, en las dos piernas, y ahí lo agarraron así con todas las fuerzas que tiene uno. Lo agarraron a pegarle con un bat a pegarle aquí, y a puñetazos lo empezaron a golpear bien feo, y de ahí nos llevaron al terreno a mí también, a los dos; nos dijeron que no nos levantáramos, porque no los viera, y no sé a dónde nos llevó, no miré yo. A él ahí lo bajaron y lo siguieron golpeando a puñetazos. Dice que lo golpearon y lo volvieron a batear en la espalda, aquí, en los pechos, todo esto [señala los brazos], está ahí”, detalló Francisco Cruz Martínez.
La denuncia quedó establecida bajo el expediente LPZ/8833/2023/NUC por el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública; cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legitima o la vejare o la insultare. Los ofendidos son los hermanos Cruz Martínez ante la unidad especializada en Investigación de Delitos Diversos y su judicialización de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
LA AMENAZA
Lo único que pudo decir Francisco, ya con la voz quebrada, cuando recuerda el momento de la tortura a la que fue sometido es que sintió que no volvería a ver a su hermano y mucho menos regresar a su natal Veracruz.
“De ahí nos llevaron fuera de la ciudad, allá atrás donde estaba un basurero antes, nos dejaron y nos quitaron dinero también, que nos habían dado aquí el diputado; nos había dado mil pesos a mí y a mi hermano para comer, porque estamos esperando unos trámites, una audiencia mañana”, explicó Francisco.
Fuentes de Asuntos Internos información a ZETA que la zona donde fueron golpeados los trabajadores agrícolas y luego trasladados a su “última morada” podría ser el tiradero clandestino por la comunidad de El Centenario, un basurero ilegal a los alrededores de la delegación.
Este sitio ha sido utilizado antiguamente por sicarios de la delincuencia organizada para abandonar a sus víctimas ya sin vida.
“A mí me dejaron ahí, porque nos dijo que nos iba a matar, que nos iban a destazar y ya no le hablamos ni hicimos nada”, lamentó Cruz Martínez.
Después de la paliza que recibieron, los hermanos Cruz se armaron de valor y no sólo acudieron a una instancia, sino que fueron a la PGJE, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal, a la Estatal, así como a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo donde siguen con su proceso laboral y en espera del pago de 22 mil 702 pesos de indemnización por el despido de su empleo.
Sin embargo, hoy temen que los oficiales los detengan de nuevo en las calles, los vuelvan a levantar y torturar.
“Tenemos miedo, nos dijeron que, si decíamos algo que nos iban a matar, nos iban a destazar, que no dijéramos nada. Venimos de Veracruz, de Ensenada, a trabajar, y pues nos golpean aquí; empieza por nada, uno no tiene nada en contra de ellos”, detalló Francisco Cruz.
“Acudimos a la Policía Estatal, a derechos humanos y aquí en esta estancia (Policía Municipal). Que se nos haga justicia, si llegara a ver alguna otra víctima, pues que vengan a denunciarlo para que sepa que no está sólo”, finalizó Joel Cruz Martínez.
Según los expedientes de la CEDH, entre 2022 y 2023 van cinco recomendaciones emitidas por la Comisión: dos a elementos de la Procuraduría y tres más a la Policía Municipal. Los principales motivos son violación a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personales, a ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública, a la protección contra toda forma de violencia y a la fundamentación y motivación, así como privación ilegal de la libertad.
En lo que refiere a quejas, la CEDH reveló que al mes de octubre del 2023 se tiene registro de 253 quejas en contra de autoridades:
*La Paz: 50.99 por ciento.
*Los Cabos: 29.64 por ciento.
*Mulegé: 11.07 por ciento.
*Comondú: 7.51 por ciento.
*Loreto: 0.79 por ciento.
Agentes de seguridad ocupan el primer lugar en cuanto a abusos de autoridad, le siguen de la Secretaría de Educación Pública y los CERESOs.
INVESTIGAN A UNIFORMADOS VIOLENTOS
“De verdad que es una pena que esto siga pasando, lo único que provocan es que la gente no confíe en nosotros, que no nos crean, que piensen que por unos cuantos todos somos corruptos, golpeadores y extorsionadores… Nada de eso”, explicó David, agente de la municipal de La Paz.
Por otro lado, Trinidad Enrique Chávez, titular del área de Asuntos Internos de la Policía Municipal, reconoció que no es una forma de actuar de un policía, por lo cual puso a disposición los formularios para que los afectados puedan denunciar cualquier clase de abuso.
Los dos jornaleros agrícolas acudieron de inmediato a denunciar el abuso de poder, pero también solicitaron ayuda o un trabajo en lo que culmina el procedimiento administrativo con su antiguo empleo.
“Vienen haciendo imputación de abuso de autoridad. Nosotros estamos atendiendo, estamos en la comparecencia; una vez tomada la comparecencia, vamos a hacer la investigación correspondiente para la búsqueda de los elementos para iniciar un procedimiento administrativo. En el caso de que se encuentren los elementos suficientes para el procedimiento, se procederá a pedir atención a la Comisión del Honor y Justicia para que se busque ya la sanción”, apuntó Trinidad Enrique.
Los afectados dijeron a la Unidad de Asuntos Internos que fueron en un lugar de la ciudad, que con lujo de violencia y sin motivo aparente, los uniformados los golpearon simultáneamente. Al momento de la entrevista, Asuntos Internos confirmó que sólo en el 2023 se cuenta con más de 130 policías municipales denunciados por alguna clase de abuso en contra de los ciudadanos.
“Se han estado viendo denuncias por abuso de autoridad, se están tomando los casos; hacemos la investigación, si se encuentran elementos se apertura el procedimiento y se somete a la Comisión. Digamos un promedio de 139 creo ahorita de inicio, en este año, entre abuso de autoridad, corrupción, extorsión verdad. Yo creo que el año pasado hubo una cifra similar”, añadió Chávez.
Trinidad Enrique Chávez reconoció que en estas fechas decembrinas suelen incrementar el número de llamados por abuso de autoridad, extorsión y otros incidentes cometidos por servidores públicos que portan la insignia de la Policía Municipal. Por ello invitó a la población a estar muy atenta y cualquier suceso incómodo que lo hagan llegan a Asuntos Internos.
De la misma manera, dijo que, para facilitar más las investigaciones, es necesario que brinden información como horario, número económico de la patrulla y la cantidad de elementos involucrados en estos abusos a los derechos humanos.
“A los elementos se les sanciona, que va de una destitución, un arresto, una suspensión, provisional. Por abuso de autoridad pues tenemos, no tengo el número, pero sí tenemos algunas personas dadas de baja. En este año sí llevamos entre 11 y 12. Hay una página incluso, para que pongan su denuncia anónima; yo he estado recibiendo denuncias directamente al teléfono de Asuntos Internos, que es el que yo traigo, que es el (612) 156-97-92”, concluyó el titular de Asuntos Internos de la Policía de La Paz a este Semanario.
}
