Familiares del señor Heriberto Gutiérrez Ortiz denunciaron ante ZETA que personas tratan de cometer fraude para despojarlos de los bienes familiares, particularmente el conjunto de condominios que en vida había adquirido en Aquiles Serdán, entre Constitución y 5 de Mayo, en la colonia Centro de La Paz.
La familia interpuso una querella en contra de los ciudadanos Miguel Alejandro Maldonado Verdugo y Javier Estamates Gavarian, y quien resulte responsable, por tratar de apoderarse de bienes inmuebles del señor Gutiérrez Ortiz, fallecido desde el pasado 2 de marzo del 2022, y que supuestamente había firmado un pagaré por la cantidad de 13 millones de pesos.
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Sobre cómo se enteraron del pagaré, explicaron que “ese fue en el archivo que nos mandaron del juzgado. Pedimos libertad de gravamen del terreno, y fue cuando el abogado de Tijuana es el que lo pidió aquí en La Paz, y eso fue cuando se enteró él de que esto estaba pasando, que hay una demanda de 13 millones de pesos sobre un pagaré. Pero no es posible, mi papá no… Digo, tenía 80 años, y la verdad, que pida prestado él y que una persona le preste a un señor de 80 años 13 millones como que no es cierto. Es tan mentira, es irónico”.
Según Beatriz Eugenia Gutiérrez Rosas, hija del ahora fenecido, su padre contaba con propiedades en Ciudad de México, La Paz y Ensenada, Baja California; y hasta hace poco se enteraron del intento de despojo cuando iniciaron los trámites de sucesión de bienes.
“Yo soy el albacea de su sucesión intestamentaria. Nuestro abogado en Tijuana nos habló en agosto para avisarnos que alguien nos estaba tratando de hacer una tranza, nos estaban haciendo una jalada que estaba casi histérico, que tenía que hablar yo inmediatamente a La Paz a conseguir un abogado mercantil”, indicó Beatriz Eugenia.
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Como parte del trámite, recurrieron al Registro Público de la Propiedad y el Comercio en La Paz para la obtención de los certificados de gravamen; ese 31 de julio del 2023 se enteraron que el inmueble de 542.50 metros cuadrados contaba con un gravamen consistente en el embargo ordenado mediante oficio 1668/2022, con fecha 16 de diciembre del 2022.
Ante este presunto atropello, la familiar de don Heriberto, interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con registro 1009/2023-III, para solicitar la protección de la justicia.
Una vez interpuesto el amparo, la autoridad remitió un juego de copias certificadas del expediente mercantil 736/2022; allí encontraron que el 21 de octubre del 2022 se presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de La Paz, un juicio mercantil promovido por el abogado Miguel Alejandro Maldonado Verdugo, y que también labora como consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur.
El crédito a través de un pagaré por 13 millones de pesos, con fecha de firma el 21 de enero del 2021 y con fecha de pago el 21 de enero, pero del 2022, fue la base de la acción del juicio mercantil promovido en contra de Heriberto Gutiérrez Ortiz (fallecido) y Victoria Eugenia Rosas Romandía, ambos padres de la quejosa, esto desde el pasado 2 de noviembre del 2022. Sólo seis días después se ordenó emplazar a los padres de denunciante.
“Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando le expliqué a la licenciada que a nosotros nos estaban demandando, pero nosotros no sabíamos nada de esto; fue lo primero en agosto de este año, y me dijo que podíamos meter un amparo. Que yo no sé lo que es eso, pero más o menos es defender mis derechos constitucionales, y en ese momento dije ‘sí, vamos a meter el amparo’. Lo metimos el amparo porque no nos notificaron correctamente, porque dijeron que fueron a buscar a mi papá a los condominios y a mi mamá, y pidieron por ellos; y que Javier, la persona que estaba ahí, que era Javier, se identificó como Javier, (dijo) que no estaban mis papás, que habían salido, pero que él les decía que habían venido a buscarlos”, recordó Beatriz Eugenia.
NOTIFICACIÓN SIMULADA
Fue el 8 de noviembre de 2022 cuando una actuaria del Tribunal Superior de Justicia acudió a los condominios Los Tamarindos, propiedad del señor Heriberto para llevar a cabo el emplazamiento, y al no encontrar a los señores, la actuaria procedió a dejar citatorio con el que dijo ser y llamarse Javier Estamates Gavarain, quien se ostentó como administrador del bien inmueble y quien al ser cuestionado por Victoria Eugenia, respondió: “Este sí es el domicilio correcto y la persona que busca sí vive aquí ya que es el dueño de este inmueble, pero en este momento no se encuentra, salió, pero yo le firmo dándome por enterado”, se lee en la denuncia.
“Les decía yo ‘no, no es posible’, y teníamos una idea de quién podía ser, estar detrás de todo esto, porque pues no conocía a nadie a mi papá. Él no vivía aquí. Tenía su propiedad que quería mucho y se tardó mucho tiempo en tenerla, y por fin lo logró; y ahora se lo quieren, querían quitar, y no sabía por qué, pero teníamos una idea: llegamos a saber que sí, como habíamos pensado, la persona responsable por tratar de quitarle, quitarnos la propiedad a nosotros, era Javier”, comentó la hija del fallecido.
Al día siguiente, de nueva cuenta la actuaria se presentó e intentó nuevamente notificar al señor Heriberto, pero ahora en compañía de Miguel Alejandro Maldonado Verdugo, y otra vez se entrevistaron con Javier Estamates Gavarain; pese a que al parecer éste tenía conocimiento que Heriberto había fallecido, respondió: “No sé, no han venido y no pude comunicarme con ellos, pero yo le recibo y le firmo de enterado”; de igual manera, al requerir la actuaria del pago, contestó: “Sí he escuchado de sus deudas, pero yo no tengo la manera de pagar, ya que son los demandados los de la responsabilidad”, indicó.
La actuaria informó que tenían ocho días para responder, de lo contrario serían declarados en rebeldía; y así fue, por lo que el 1 de diciembre del 2022, Alejandro Maldonado solicitó al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil el embargo del inmueble.
Los denunciados Heriberto y Victoria Eugenia, padres de la denunciante, fueron declarados en rebeldía por no responder el emplazamiento como deudor y aval respectivamente. Esto fue el inicio de las sospechas, pues cómo firmarían ambos el acuerdo si tenían 15 años de divorciados, además de que el hecho ocurrió en la etapa más fuerte del coronavirus (COVID-19) y el señor no podía viajar a sus 79 años y con cáncer.
“Aparentemente nos dijeron que mi papá había firmado un pagaré de 13 millones de pesos, y que lo había firmado en enero del 2021, y luego luego me di cuenta que no era cierto, porque mi papá no podía viajar en enero del 2021: estábamos a medio Covid, mi papá tenía 80 años y estaba muy mal de su salud porque tenía cáncer; entonces llegamos a conocer con los abogados de aquí de La Paz que mi papá y mi mamá habían firmado el pagaré, y más me di cuenta de que esto no era cierto, porque mi mamá jamás había puesto pie en La Paz y ya llevaban 15 años de divorciados”, sospechó Beatriz.
Para la familia de Don Heriberto, era prácticamente imposible que hubiese venido a La Paz a firmar un pagaré, menos por esa cantidad, pues según la familia “no lo necesitaba económicamente”. Cuando supuestamente firmó, el señor se encontraba recluido en su casa en Tijuana, Baja California.
Como constatación, familiares aportaron un video de la cámara de vigilancia al Juez, justo en la fecha en que supuestamente Heriberto Gutiérrez había firmado el pagaré, pues según reiteró su hija, no podía viajar a La Paz porque corría riesgo de contagio de Covid, y su salud empeoraba por el cáncer que padecía.
“Todo esto pasó después de que dijeron que el pagaré era del 2021; y mi papá falleció en el 22, pero no viajó ya, ya no pudo viajar y hay mucha gente que lo veía en Tijuana. El sobrino de su señora vivía con ellos y él lo vio ese día y estaban en Tijuana todos, mi papá no podía salir estaba; tengo un video que me mandó dos días después del supuesto día que firmó el pagaré y me dice ‘Panchita, tu papá no ha podido salir en toda la semana porque hace mucho frío y hoy está lloviendo, y ayer no fui a trabajar, y el día anterior tampoco, y el día anterior tampoco. El lunes sí fui’, me dice, pero toda esta semana ni estaba ahí. Entonces para mí la verdad no entiendo cómo está pasando esto, que están dejando que siga este fraude”, explicó la hija del fallecido.
En la querella interpuesta por Beatriz Eugenia, la albacea de don Heriberto, detalló que su padre nunca firmó pagaré alguno, primera porque no conocía a Alejandro Maldonado; además surgió otro detalle, que “la firma es diferente a las usadas por el señor Heriberto” en sus diferentes documentos oficiales.
La comparación del pagaré con la INE y tarjeta del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) deja en duda la autenticidad de la firma. El implicado, Maldonado Verdugo, sostuvo en el Juicio Mercantil que el señor Heriberto Gutiérrez Ortiz firmó el pagaré ese 21 de enero, pero los familiares sostienen que es humanamente imposible.
“Éste se encontraba en aislamiento en su casa en la Ciudad de Tijuana, Baja California, debido a la enfermedad que padecía, así como al temor de contraer COVID-19, por lo que es física y materialmente imposible que éste haya salido de su hogar por las restricciones de viaje que había en épocas de pandemia a las personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas, de esto tenemos pruebas documentales”, indicó la hija.
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Los abogados de la familia solicitaron todos los documentos oficiales en los que se compruebe la firma con puño y letra del señor Heriberto, y al compararlas con la del supuesto pagaré firmado, sacaron nuevas conclusiones, entre ellas que las firmas habían sido falsificadas y que no corresponden a papá de la quejosa.
“Una denuncia penal, una denuncia ante el SAT y también este pusimos un amparo de parte de mi mamá, porque mi mamá estaba nombrada en la demanda, y mi mamá jamás, las firmas de cuando vimos el pagaré de 13 millones de pesos y la fecha se nos hizo muy raro; pero luego cuando vimos las firmas eran tan falsas, así a lo descargado. La firma de mi papá un poquito se parecía, pero no era y la de mi mamá no se parecía para nada, entonces yo pensé ‘¿cómo pueden hacer esto?’. Digo, eso tan obvio lo que están tratando de hacernos, están tratando de quitarnos el terreno sin que nos diéramos cuenta, pero nos dimos cuenta a tiempo, pero ya estaban a punto de adjudicar en notaría”, añadió Beatriz Gutiérrez Rosas.
A decir de los denunciantes, Javier Estamates Gavarian fue uno de los actores principales, pues a sabiendas de que Heriberto Gutiérrez ya había fallecido, confirmó a la actuaria que sí era el domicilio y que sí vivía en los condominios.
Estamates Gavarain, según lo declarado por la familia, era el administrador y encargado del mantenimiento de los condominios “Los Tamarindos”; se encargaba de cobrar las cuotas a los inquilinos y proteger el inmueble.
“Javier era la persona de confianza de mi papá que cuidaba los condominios. Él se encargaba del mantenimiento, él tiene una compañía de bienes raíces aquí en La Paz… tenía, cuando mi papá lo conoció hace muchos años. Javier mismo me dijo que mi papá le dio su primer trabajo en bienes raíces, y era por él que pudo abrir su compañía, y que lo que lo estimaba mucho porque le dio su primera oportunidad, y esto todo me lo contó después de que había fallecido porque yo no lo conocía antes; fue cuando después de que falleció cuando venimos a desparramar sus cenizas aquí en La Paz”, recordó la familiar.
“Era la persona de confianza, o sea, porque él nunca estuvo como empleado jamás. El señor Javier, es hijo de la mujer, la esposa del papá era la que le vendió la propiedad a mi papá, y viven enseguida los papás de él, y pues lo conocía desde chamaquito, lo conocía desde muy joven”, comentó Beatriz.
Por último, Beatriz, la hija del dueño de los condominios, explicó que el proceso fue muy rápido, porque de un momento a otro ya estaba la sentencia y prácticamente embargando el inmueble, cuando hay procesos mercantiles que llevan años empantanados.
“No sé cómo se dio, yo sé que no se dio; pero aparentemente el pagaré fue de enero, disque lo firmaron mis papás en enero del 2021, en octubre del 2022 se interpusieron la demanda, y todos los pasos que seguían pasaron muy rápido que, hasta el 7 de febrero de 2023, ya estaban en sentencia. Y se me hace muy rápido, que en cuatro meses ya habían hecho todo esto cuando todo aquí se tarda bastante”, finalizó.
