El lunes 23 de octubre la manifestación del gremio Rojo con Negro Círculo Blanco-CTM (el bloqueo de varias horas al crucero “5 y 10” de la ciudad de Tijuana) concluyó con un operativo antimotines por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Tras defenderse, en pleno repliegue, los trabajadores de taxi de ruta y/o sitio fueron golpeados, descalabrados, ensangrentados y cazados hasta lograr detener a más de una decena de ellos.
La injusticia social continúa, pues en este caso el gobierno estatal de Morena-PT-PVEM carece de pruebas en contra de los presos, por lo que se ha constituido en juez y parte: a través de testimonios y denuncias fabricados por la misma policía armó una trama y sobre esta base los mantiene detenidos, con miras a fabricarles penas mayores como revancha. Además, los han golpeado en la cárcel y mantenido incomunicados, sin acceso a higiene personal y, por momentos, encadenados.
Bajo el cuento de que son personas de “extrema peligrosidad”, a estos trabajadores -con cargos por ataques a las vías de comunicación, resistencia a la autoridad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena- se les ha negado su derecho a la libertad bajo fianza y una juez les ha impuesto la Prisión Preventiva Oficiosa -ese engendro legal que produjo el PAN y defiende López Obrador pues permite criminalizar la protesta social- para conservarlos en prisión, en perjuicio de ellos y sus familias.
La exigencia es la libertad de los 15 presos por luchar, en su mayoría trabajadores de taxi, cuyos nombres son: Esteban Jiménez, Everardo Angulo, Jesús Angulo, Juan Espinoza, Guillermo Corona, Kevin Aguilar, José Zacarías, Luis Alberto Dorantes, Jesús Valentín, Jampiher González y Víctor Juvencio. Además de Julio N., menor de edad, y los trabajadores Abraham Cadena y Alonso Jiménez; este último de origen chiapaneco, que no participó en la manifestación, también víctima como transeúnte de las aprehensiones arbitrarias por parte de las fuerzas represivas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
¿Cuál es el motivo de esta represión y encarcelamiento? El gobierno de Morena-PT-PVEM en Baja California impondrá la monopolización del transporte público en el estado y en especial en Tijuana (una ansiada, aunque frustrada pretensión, de décadas por parte de los anteriores gobiernos del PRI y PAN, incluso de magnates como Jorge Hank Rhon), con transferencias de recursos públicos a una empresa privada y la producción de varios conjuntos de normas legales para establecer un sistema unitario de transporte público masivo de pasajeros y una red integrada sobre un tramo de la ciudad, superior a los 32 mil kilómetros de longitud, y que ahora organizarán como primera etapa del modelo de corredor vial.
Esta decisión cancela fuentes de empleo y puestos de trabajo, a lo cual los manifestantes del 23 de octubre del año en curso se oponen. Esta medida se implementó con participación de dos gobiernos obradoristas: el de Jaime Bonilla Valdez, que formalizó el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), operador de este proceso; y el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, que actúa como gatillero de los intereses de los grandes capitalistas del ramo. Se trata, sin duda, de una acción para reservar y concentrar las ganancias económicas para fuertes capitales predilectos, al amparo del Estado.
Atentamente,
Óscar Galindo, Comité Regional del Partido Comunista de México en Baja California.
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