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viernes, febrero 16, 2024
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En la mira… de Estados Unidos

En por lo menos cuatro estados de la República Mexicana -Michoacán, Estado de México, Guerrero y Morelos-, la organización criminal autollamada La Nueva Familia Michoacana tiene a la sociedad presa de su violencia a fuerza de balas, amenazas y extorsiones.

Este cártel liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, está detrás del enfrentamiento de pobladores de Texcaltitlán, Estado de México, contra criminales de una de sus células, que dejó catorce muertos el mediodía del viernes 8 de diciembre: once delincuentes y tres residentes de la región.


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La célula de la Nueva Familia Michoacana que lideraba Rigoberto de la Sancha Santillán el Payaso, desde 2017 extorsionaba a agricultores, comerciantes, vendedores y pobladores económicamente activos de Texcaltitlán. Les cobraban piso, ponían una tarifa por hectárea sembrada o por cosecha generada. Iban de los mil 500 a los 3 mil dólares al año lo que les cobraban por “no molestarlos”, para “respetar su vida”.

En una región dominada por la pobreza, donde los pobladores sobreviven de la siembra, cosecha y venta de avena, habas, entre otros alimentos, y con muy poca ayuda por parte del gobierno sea en materia de inyección económica o de prevención en seguridad, los agricultores y ejidatarios se cansaron de ser objetivo de las extorsiones de los narcotraficantes y, armados con rifles, machetes y palos, los enfrentaron hasta matar a once, entre ellos a la cabeza de la célula, El Payaso.

Texcaltitlán se libró por sus manos y acciones, de los extorsionadores. Pero eso no sucede en otros estados.


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La Nueva Familia Michoacana, de la que en México poco se sabe oficialmente, dado que no se dan a conocer análisis, investigaciones, fichas o nombres de los “objetivos prioritarios” para detener y abonar con ello al clima de seguridad, mata, extorsiona, cobra piso y amenaza en cuatro estados.

En el propio Estado de México es esa organización criminal la responsable del asesinato de policías en 2021 y también en 2022, y a pesar que desde 2017 fueron denunciados por las victimas como extorsionadores, no fueron aprehendidos y llevados ante la justicia, sino que cayeron ante las manos de una sociedad harta de la violencia e inseguridad que les impide hacer su trabajo y disfrutar de la cosecha.

Misma ruta de extorsión siguen células de La Nueva Familia Michoacana en Guerrero, Morelos y Michoacán, donde en 2013 nacieron los grupos de autodefensas, precisamente para responder y protegerse de los narcotraficantes de La Familia Michoacana, organización criminal antecesora de La Nueva y de Los Caballeros Templarios, entre otros.

Hace no mucho, a finales de junio de 2023, en La Ruana, Michoacán, asesinaron al líder de las autodefensas Hipólito Mora. Más de 25 gatilleros de Los Viagras (grupo formado por disidentes de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios) dispararon en más de mil ocasiones contra las camionetas en que se trasladaba Mora y con las cuales le protegían. Al final, terminaron por incendiar las unidades de los autodefensas, dando muerte al líder que protegía a los suyos del cobro de piso y las extorsiones.

Este comportamiento criminal sistemático no ha sido debidamente investigado ni combatido en México. En Baja California, por ejemplo, a pesar de denuncias anónimas, las autoridades procuradoras de justicia o preventivas de seguridad niegan que existan extorsiones y cobro de piso en una región dominada por tres cárteles de las drogas.

Pero a La Nueva Familia Michoacana, que goza de impunidad en México para extorsionar en por lo menos cuatro estados a productores, agricultores, campesinos y comerciantes, Estados Unidos ya le puso el ojo. Y no precisamente por las extorsiones con las que tienen amagada a la población en cuatro estados, sino por el tema que más preocupa a la Unión Americana y por el cual tienen la mira puesta en los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: la producción, distribución y trasiego de fentanilo.

Efectivamente, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son señalados en Estados Unidos por “actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La nueva familia michoacana contrabandea drogas ilícitas hacia y a través de los Estados Unidos. Esta organización también está detrás de la creciente presencia en Estados Unidos del fentanilo arcoíris, que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), aparece en forma de pastillas/polvo que vienen en una variedad de colores, formas y tamaños brillantes y están hechos para Atraer a niños y jóvenes usuarios”.

En una movida que podría ser de varias bandas, si como en el caso de los Guzmán, Estados Unidos requiere a los hermanos líderes de La Nueva Familia Michoacana para ser detenidos y extraditados a su país, cuatro estados de la República podrían verse beneficiados. Perseguir el origen del fentanilo que termina en las calles de la Unión Americana, podría combatir, de manera colateral la extorsión y cobro de piso en territorio mexicano al aniquilar a las bandas que se dedican a ambos ilícitos negocios.

Porque en México, a pesar de las muchas denuncias en poblados del centro del país, sobre el cobro de piso las investigaciones no dan resultados, al menos no los esperados: detener y procesar a quienes quitan dinero a cambio de “respetarles la vida y dejarles hacer su trabajo”, como sucede en el Estado de México, un caso ahora exhibido a propósito de lo que ocurrió en Texcaltitlán, pero que dista mucho de ser el único.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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