Asesinan a una mujer policía de Tijuana, balean a un elemento de la Policía Comercial, exponen la identidad y amenazan de muerte a otro uniformado de los que participó en el robo de droga cometido el 17 de noviembre en Privada Altitud 58 en Tijuana, “500 kilos de perico -cocaína- y 13 kilos” propiedad de Alfonso Arzate García alias El Aquiles, cabecilla del Cártel de Sinaloa en la Zona Costa y operador de Ismael “El Mayo” Zambada.
También detuvieron a tres hombres tras un intento de homicidio, en posesión del arma usada para matar a otros de los participantes del robo de enervantes: el agente municipal León Bueno Loreto el 24 de noviembre. El juez los liberó y les permitió llevar el proceso en libertad.
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En cuanto a los otros policías identificados en el robo, existe orden de aprehensión en contra del agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Gauci Orozco, y su compañera Melissa Ramos Curiel, esta como no localizable. Ambos agentes, al igual que el asesinado, Salvador Vargas (27 de noviembre), estaban bajo las órdenes de Cristóbal Ruiz León, comisionado de la Agencia Estatal de Investigación y primer funcionario designado por la actual fiscal estatal, María Elena Andrade, considerado mano derecha de la funcionaria.
Tampoco han encontrado a otro municipal mencionado por sus superiores, Martín Carrillo Grande.
“Aunque regresen la droga, no va a parar”, palabras más, menos, fue la respuesta que dieron a ZETA jefes de las distintas corporaciones a las que pertenecen los elementos inmiscuidos en el robo de droga, al referirse a los ataques armados en contra de policías.
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“Suspenderlos o iniciarles procedimientos administrativos, sin procesarlos judicialmente, fue entregarlos a los criminales”, aseguraron sus compañeros.
¿Por qué los agentes no huyeron inmediatamente después que se dieron cuenta de que los había identificado?, se les preguntó a los integrantes de las fuerzas coordinadas:
“Probablemente regresaron la droga, o lo hablaron con alguno de sus jefes en las corporaciones y estos les dijeron que ya estaba arreglado. En este momento no hay certeza de nada, habrá que esperar a que sean detenidos y preguntarles”, fue el consenso.
“Los van a seguir identificando como lo han hecho durante las tres últimas semanas”, agregaron.
El domingo 3 de diciembre, el ataque de la mafia de Sinaloa fue contra el agente Hugo Alejandro Murúa Rico (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP) no lo asesinaron a balazos como a su compañero y coautor, el agente municipal León Bueno Loreto el 24 de noviembre, ni a su cómplice, al agente de procesamientos de la FGE, Salvador Vargas Ruiz el 27 de noviembre.
Contra Murúa Rico, hasta el momento la embestida ha sido en las redes sociales, a través de páginas administradas por el Cártel de Sinaloa usadas para distribuir la información y el material recabado por los traficantes homicidas.
El domingo, vía redes sociales, se difundió un audio de poco más de tres minutos de duración, incluso lo enviaron a reporteros nacionales. En la grabación que evidentemente se hizo con la intención de exhibirla, incluso el acusado (a suponer un policía) asegura que ya le había explicado a otro criminal antes sobre el destino de la droga.
En la grabación, quien llama para amenazar se identifica como El Moreno, servidor del Aquiles y encargado de controlar la zona de Cerro Colorado y áreas aledañas al punto donde robaron el enervante, y menciona a su presunto interlocutor como Alejandro.
Le dicen que lo mandaron a cuidar el jale -la droga- y se unió a los otros agentes ladrones, reconocen que regresó 12 bolsas de droga, pero aseguran que se llevó más de 20 y le advierten que las devuelva. Del otro lado el acusado asegura que no las tiene. El criminal advierte: “Si no te voy a matar hasta el put… perro, así te la pongo de fácil”.
Para justificar la agresión, con el audio, los traficantes también distribuyeron un video en el que incluyeron imágenes del agente Alejandro Murúa Rico y del robo.
Respecto a la autenticidad del audio, ZETA consultó a las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California y las respuestas fueron las siguientes:
“No se puede saber la identidad de los que conversan”, “El agente municipal Alejandro Murúa sí participó en el robo y está suspendido, no localizable desde el miércoles 22 de noviembre”, y “A través del trabajo de inteligencia fuimos enterados que uno de los participantes regresó droga, pero desconocemos cuál, ni cuánto”.
De la versión que refiere a Murúa como sobreviviente de un ataque armado el 26 de noviembre, en la secretaría rechazaron la existencia del mencionado ataque e informaron que otro civil fue atacado en la misma calle donde tiene su casa el agente, la colonia El Rubí, pero aseguraron que la víctima no fue el uniformado.
LOS LIBERADOS Y LA PISTOLA QUE MATÓ AL MUNICIPAL
A las siete y media de la tarde del 2 de diciembre, dos mujeres, Griselda y Guadalupe, reportaron que estaban en la calle Arquímedes de la colonia Camino Verde de la delegación Sánchez Taboada, en compañía de Isaías Navarro, cuando fueron atacados a balazos por tres hombres a bordo de una Jeep Cherokee blanca con placas de California.
La denuncia fue por “detonaciones a un grupo de personas que se encontraban a la altura de la tienda Souza”.
Una patrulla en la zona localizó el auto de huida en menos de un minuto y los persiguió hasta darles alcance en Avenida Ramón Alarid, colonia Gas y Anexas.
Los detenidos fueron el oaxaqueño Carlos Emanuel Sánchez Carrasco, de 31 años, quien iba conduciendo, y sus acompañantes Rodrigo Peña Sánchez -35 años- y Edgar Jesús EA -17 años-, quienes Se presumen inocentes, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP.
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Les aseguraron la camioneta y cinco armas de fuego: dos fusiles calibre .223, y tres pistolas calibres .40, otro calibre .45 y un calibre.9 milímetros.
Con lesiones por bala en la pierna y el barco derecho, la víctima de apellido Navarro fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja en un vehículo privado.
El Ministerio Público del Fuero Común presentó ante el juez Lauro Vizcarra a los dos detenidos adultos, Sánchez y Peña, acusados de intento de homicidio quien declaró legal la detención y el miércoles 6 de noviembre los vinculó a proceso, sin confirmar que la dirección que dieron existía- no existe-, determinó que tenían arraigo, que no representaban un peligro para el hombre que habían intentado asesinar y les permitieron llevar el proceso en libertad.
Los citó a comparecer hoy viernes 8 de diciembre, pero en la fiscalía no esperan que aparezcan.
“Los detenidos están identificados como integrantes de una célula delictiva encabezada por El Cabo 27”, un delincuente aún no está identificado, operador de Sinaloa, pero antes delinquió para el Cártel Arellano Félix y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Lo que no le mencionaron al juzgador fue que la pistola calibre.40, resultó positiva en el homicidio del agente municipal León Bueno Loreto, cazado y acribillado entre las calles Río Nilo y Fresno del Mirador Capistrano, Delegación Cerro Colorado.
Misma pistola con la que mataron a un hombre el viernes 17 de noviembre en la calle Achecatzín de la colonia Camino Verde y tres desconocidos lesionaron a Juan Carlos Lira el 10 de noviembre, también en Camino Verde.
CATEOS Y ORDEN DE APREHENSIÓN
En cuanto al avance en la carpeta de investigación iniciada la madrugada del sábado 18 de noviembre por el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el intento de homicidio de dos vigilantes del inmueble y los dos policías municipales que persiguieron y capturaron por esos hechos a Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art.13, CNPP), es lento.
En evidente que la FGR recibió y finalmente dio curso al expediente administrativo elaborado por la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría del Estado, encabezada por José Antonio Lozano Blanca contra los agentes Óscar Gauci Orozco, Melissa Ramos Curiel y el fallecido Salvador Vargas, los dos últimos reclutados en Mexicali y asignados a Tijuana por necesidades del servicio, quienes por organigrama estaban bajo la dirección de Cristóbal Ruiz León, Comisionado de la Agencia Estatal de Investigación.
Con las declaraciones incluidas en el documento y los pocos elementos de prueba en los que se admite la participación de los agentes en el robo del 17 de noviembre, una reunión a las seis de la tarde en el estacionamiento del restaurante Carl’s Jr. sobre Bulevar Agua Caliente, otra reunión más tarde en el estacionamiento del restaurante Burger King Macroplaza y el traslado del enervante a un lote baldío en Calle La Flamita del fraccionamiento Guaycura y en el estacionamiento de un edificio de condominios que se localiza en Bulevar Agua Caliente número 10617, la FGR ordenó varios cateos.
Por lo pronto, sólo en los domicilios relacionados con los agentes mencionados, en la casa de Gauci localizaron un chaleco antibalas y cartuchos que por estar suspendido no debía poseer, razón endeble por la cual le giraron una orden de aprehensión. En la casa de la familia de Flores no encontraron nada, ni a la agente, quien el día que asesinaron a su compañero Salvador Guerrero aún estaba activa en su página de Facebook, incluso publicó una foto en la que se veía que estaba en una fiesta familiar en Mexicali, información que borró inmediatamente después del homicidio.
OTRA POLICÍA ASESINADA EN ATAQUE DIRECTO
En medio de esta ola de violencia, el lunes 4 de diciembre, al salir de su turno la policía turística Cristina Zavala Hernández fue asesinada por un sicario que se le emparejó a bordo de una motocicleta en un alto sobre Bulevar Insurgentes a la altura del Motel Luxor en el fraccionamiento Los Álamos, cuando se dirigía a su casa en su vehículo particular, Honda Fit.
“Venía de la Zona Centro, todo el camino previo era prácticamente Vía Rápida, así que era ese fue el lugar más cómodo para los homicidas”, expresaron fuentes.
No le pusieron GPS al carro de la agente, así que la siguieron y le dispararon con precisión en once ocasiones ates de huir rumbo a la Vía Rápida.
Había estado tres años como custodia penitenciaria, el año pasado se había divorciado de un ex custodio, hijo de un comandante del Sistema Penitenciario de Baja California. Se homologó a la Policía Municipal después de un curso del que se graduó dos meses atrás, permaneció un mes en oficinas y tenia apenas un mes en la calle.
Los policías de Tijuana no la conocían mucho porque la relación había sido corta, los pocos que la trataron no refirieron nada negativo, “era tranquila, bajo perfil, hacía su trabajo, no tenía denuncias ni amenazas conocidas”.
Una de las primeras líneas de investigación, intentó ligar su ataque con otros hechos violentos ocurridos recientemente en la Garita de San Ysidro, en la zona de pases médicos. “Pero ella no tenia nada que ver con esa zona, hacia recorridos a pie en el Centro, la Avenida Revolución, nada que ver. Sin embargo, se tomaron muchas molestias y le invirtieron muchos en seguirla y quitarle la vida, debe haber una razón que aún desconocemos, pero de manera inicial, no existen elementos que la relacionen con el robo de droga”, expuso un investigador de la Mesa de Seguridad.
El arma usada para quitarle la vida a la mujer policía, fue utilizada el 18 de noviembre para asesinar a un hombre no identificado en la colonia Alfonso Garzón, y el 22 de noviembre a otro masculino en Calle Adolfo López Mateos en Tijuana.
Antes, el 1 de diciembre, Alan Leal Ríos, Daniel Reyes Morgan y Marco Antonio Bella Flores Alejandro (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP) fueron detenido por elementos de la Unidad Táctica en la calle Plan Alfa de la delegación Sánchez Taboada, después que dispararan en contra de la patrulla municipalBC024A-1 y el elemento que la tripulaba, Alfonso Palma.
Previamente, los tres hombres habían huido de los agentes de la táctica, quienes los intervinieron porque iban a bordo de una Jeep Cherokee azul, placas BFS8224 de BC cuya descripción correspondía a la de un auto que había participado en un hecho violento días antes.
En su carrera se toparon con el policía comercial y creyeron que era parte de la persecución y le dispararon. A los capturados, les aseguraron dos armas largas calibre 7.42, una pistola 9 milímetros, varios cargadores y cartuchos útiles y un chaleco antibalas.
Con el homicidio de Zavala, suman 19 los elementos de corporaciones asesinados en Baja California en lo que va de 2023, incluidos los dos señalados por el robo de cocaína. En total, cinco policías de Tijuana, cuatro elementos de la FGE, dos de Guardia Nacional y las policías de Tecate y Ensenada, respectivamente; uno de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, y el director de la municipal de San Quintín.
PRIVADA ALTITUD
De manera extraoficial, integrantes de la Mesa de seguridad informaron a ZETA que el robo de droga cometido por el comando negro de policías no fue sólo en el domicilio marcado con el número 55 de Privada Altitud 58, sino que habrían ingresado a cinco domicilios.
Adicionalmente, los investigadores recordaron que se trata de una zona caliente y refirieron que en otra casa localizada a un costado, en Privada Altitud 52, fue donde en julio de 2020, elementos de la entonces Guardia Estatal de Seguridad e Investigación entraron a robar una droga. Al ser denunciados y descubiertos, reportaron el operativo, pero Diego Montijo Espinoza y la joven Elena Estefanía Zazueta Quintero, a quienes presuntamente torturaron para encontrar los enervantes en la casa, aparecieron muertos, encobijados dentro de la cajuela de un auto Nissan Sentra en Calle Cedro del Parque Industrial Valle Sur.
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