René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), fue detenido,el 7 de diciembre de 2023, por su presunta vinculación con desvíos de hasta 9 mil 500 millones, del organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
La Fiscalía General de la República (FGR) lo señalaba como uno de los principales operadores del desfalco millonario, por lo que en contra de Gavira Segreste había cuatro órdenes de captura. Una por presunta defraudación fiscal de 2 millones 037 mil pesos.
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Otra órden de aprehensión fue por la pérdida de mil 687 millones de pesos de SEGALMEX, derivado del incumplimiento de la entrega de leche bronca a proveedores. También por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El 23 de marzo de 2023, el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó una suspensión definitiva solicitada a favor de Gavira Segreste, en contra de la orden de aprehensión, detención o arresto, y su ejecución.
Luego, en junio de 2023, un juez negó un amparo a Gavira Segreste, en el que pedía la suspensión definitiva del proceso por el bloqueo de sus cuentas bancarias, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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A Gavira Segreste se le considera parte de los 22 servidores públicos a los que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó detener por su presunta responsabilidad en la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar, por un monto de 142 millones 440 mil 883 pesos.
La FGR lo acusa que en su calidad de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de SEGALMEX en el periodo comprendido del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de la empresa, a través de una Casa de Bolsa.
Por ello, el 12 de abril de 2022, fue vinculado a proceso por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, luego de que un juez federal encontró elementos suficientes para procesar al ex funcionario y dictó el pago de una fianza, además de medidas cautelares, como no salir de la ciudad y acudir cada quince días a firmar.
