Subordinados frente a los deseos, planes y proyectos del gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda y a los alcaldes y concejales de los siete municipios, los diputados que integran la XXIV Legislatura de Baja California, tienen convertido a ese Poder en una costosa extensión del Poder Ejecutivo.
Los legisladores de mayoría morenista aprueban, prácticamente a ciegas, todo lo que les presenten del Ejecutivo estatal y los ayuntamientos, sin importar que se trate de deudas que empeñan de manera desproporcionada los presupuestos de las siguientes administraciones.
Levantan la mano y apoyan todo sin cuestionar, incapaces de desquitar los 62.2 mil pesos mensuales de sueldo que tienen, aunque realmente son más cotosos, porque de acuerdo al Informe Legislativo IMCO 2023, presentado en julio, los integrantes de la XXIV Legislatura local cuestan 31.3 millones de pesos al año, número que resulta de dividir el presupuesto del Congreso entre cada uno de los 25 diputados.
De acuerdo al mismo reporte, “el presupuesto promedio de los Congresos estatales por diputado es de 13.4 millones de pesos. Sin embargo, varía entre 4.8 millones de pesos en Colima…”, y los onerosísimos legisladores bajacalifornianos están instalados por segundo año consecutivo en el top de las 32 entidades.
El Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. “Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración…”.
La clave está en la siguiente frase: “…para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado, el objetivo es impedir que el poder y las decisiones se concentren, que el legislativo, judicial y ejecutivo se controlen unos a otros en un sistema de contrapesos y equilibrios”.
En el caso del hegemonismo morenista bajacaliforniano, los contrapesos están anulados, citan a comparecer a los funcionarios para aplaudirlos o servirles de comparsa, rara vez cuestionan; tampoco se toman la molestia de rechazar o reformar las propuestas de los gobiernos, sin importar lo evidentemente abusivas que sean. Los diputados dejan todo correr.
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos: con una serie de trámites y sesiones del Cabildo ensenadense entre septiembre y diciembre, el alcalde de Ensenada y actual virtual candidato en el dos de la fórmula morenista al Senado de la República, Armando Ayala Robles, contrató a la empresa Trafficlight de México, SA de CV “para hacerse cargo del alumbrado público del municipio de Ensenada, adquiriendo una deuda pública por mil 751 millones de pesos más intereses, con un costo de aproximadamente 76 mil pesos por equipo”. Sin tener las garantías, comprometiendo las participaciones de los próximos cinco ayuntamientos, los diputados lo aprobaron, incluso vulnerando las participaciones federales.
Al igual que el caso del Cabildo encabezado por el alcalde de Tecate, Darío Benítez y sus regidores, el 9 de diciembre aumentaron un 27.23% el monto del presupuesto dedicado a las compensaciones, y en algunos casos, los incrementos que se suman al salario aumentaron hasta 110%. De hecho, con la venia de regidores y diputados estatales, la administración de Benítez ha triplicado el gasto de nómina en comparación con las dos anteriores alcaldías.
Los legisladores estatales también aprobaron, a favor del gobierno y en detrimento de la ciudadanía, las tarifas del agua en un 17% en municipios como Tijuana, Rosarito y Ensenada, que sufren constantes cortes del servicio. Además de un aumento no socializado al Impuesto sobre Nómina del 1.80 a 4.25%.
En teoría, los diputados son electos para proteger los intereses de los ciudadanos, pero los del vinotinto y partidos comparsas, llegaron a defender los intereses de Morena y los propios, sin importarles las voces en contra o que los ciudadanos no se sientan representados, menos la bien ganada mala fama de los legisladores.
Y no se está satanizando la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, es necesaria para la gobernabilidad y para que los proyectos de desarrollo caminen, pero se trata de que sean aliados, no cómplices, que los legisladores cumplan sus funciones de supervisión y vigilancia. Por ejemplo, eviten votar a ciegas contratos abusivo y reservados como el de mil 174 millones 797 mil 908.50 pesos por cámaras de vigilancia con la empresa SeguriTech.
Que cumplan con su obligación, que garanticen el buen manejo de las finanzas públicas y representen bien al ciudadano, viendo por los intereses de la sociedad y no de los gobiernos, es lo que se espera de un Legislativo autónomo y comprometido con el pueblo. Pero en Baja California, esa es una realidad que no llega.
