Los agentes municipales de Tijuana, Salvador Armas, Hugo Torres, Eduardo Martínez Pavel y David Santos estuvieron en las oficinas de ZETA, presentaron su documentación médica, hablaron de los enfrentamientos con criminales que protagonizaron, de los accidentes que los sacaron de circulación y reclamaron que ellos no compran sus incapacidades a los doctores de ISSSTECALI.
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En la edición 2595, este semanario informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tijuana había realizado tres denuncias y solicitado la misma cantidad de investigaciones, la más reciente, en agosto de 2023, a la Dirección de Inspección Interna y derechos Humanos del Ayuntamiento, para corroborar qué porcentaje de los 288 elementos que se han mantenido con incapacidades subsecuentes por más de un año, están realmente enfermos y cuántos pagan de 500 a mil dólares por el documento que les permite cobrar su sueldo semanal sin trabajar.
El lunes 18 de diciembre, Martínez Pabel, quien también es secretario de la Asociación de Policías de Tijuana, AC (APT) aclaró “hablamos por nosotros”, advirtiendo que no pueden garantizar que no haya elementos incurriendo en la ilegalidad mencionada.
La estimación en la SSPC es que 20 % de los incapacitados están realmente enfermos y el 80% restante abusa del erario. Los policías presentes en ZETA dijeron que el número de agentes enfermos que no deberían estar en la calle es más alto.
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Advirtieron que la corporación es muy longeva y los agentes tienen muchos accidentes y enfrentamientos. Dijeron que hay muchos agentes que tienen más de 50 años, con más de 30 años de servicios, cargando equipo pesado y que han sufrido lesiones en la columna vertebral, que usualmente se convierten en clientes permanentes de las clínicas de dolor.
En el resto de los municipios los retiran a los 25 o 30 años de trabajo, pero en Tijuana no hay un plazo establecido, procuran mantenerlos trabajando porque hacen falta elementos, la ciudad requiere 6 mil agentes, oficialmente Tijuana tiene 2500 pero “los que andan en servicio son cuando mucho 1400 y de esos entre 300 y 500 ya tienen más de 50 años”, detallaron.
Además “la academia de policías está sacando poco graduados, 10 por año, incluso están
“Como no hay personal y no tenemos los derechos para podernos pensionar o jubilar, porque no hay ley que nos avale. Con la incapacidad permanente seguimos cobrando el sueldo de nuestra plaza de policía, una plaza, que no puede tener un agente nuevo, porque la tiene alguien que sufrió un accidente de trabajo”.
De los agentes presentes en ZETA:
-Hugo Torres, de 45 años tiene un año incapacitado después de una cirugía por fractura del calcáneo, el hueso más grande del retropié, le colocaron dos tornillos, y su pronóstico es indeterminado.
-Salvador Armas, de 54 años, con varios enfrentamientos con delincuentes, recibió una medalla al valor, y está incapacitado porque padece herniación múltiple, radiculopatía leve- nervio espinal comprimido-, discartrosis lumbar (desgaste avanzando de discos). También numerosos accidentes de trabajo, incluyendo haber quedado prensado entre dos autos en el 2012, eso demuestra que me lo he ganado”, su incapacidad.
-Eduardo Martínez Pavel, sus afecciones incluyen dos hernias amplias inter vértebras, artrosis facetaria (degeneración del cartílago en 2 vertebras) y compresión en un punto de la columna.
-David Santos, le diagnosticaron, cicatriz macular irreversible en el ojo derecho por lesiones antiguas – accidente de 1977- “la vista la fui perdiendo”, y recomendaron “que ya no trabajé”. Su problema es que le firmó el oftalmólogo Oscar González Aréchega Castaños, el único médico al que obligaron a retirarse del servicio después de una investigación interna por venta de incapacidades en el año 2022. También, presentó certificados de clínicas particulares con el diagnostico de que su ojo derecho es legalmente ciego.
Además, el convenio que tiene el ayuntamiento con ISSSTECALI, por ejemplo, no cubre las prótesis de policías- porque no están contratados como trabajadores sindicalizados ni de confianza- para los otros funcionarios sí, menos para los agentes de seguridad. Las tienen que comprar ellos. Ahora lo hace la asociación, pero sale de las aportaciones- 150 pesos quincenales- de los uniformados.
Detallaron que los médicos que atienden a los policías enfermos con incapacidades subsecuentes usualmente son especialistas, mayormente neurólogos, traumatólogos o de la clínica del dolor, pero como es un solo doctor para todos los empleados del ayuntamiento, están saturados. En el mejor de los casos, como ya están diagnosticados, les dan citas son sólo para renovarles las incapacidades, y los mandan con médicos generales, cuya labor es únicamente realizar el trámite. Pero las cirugías o rehabilitaciones se cancelan o se posponen contantemente.
Respecto a los señalamientos y denuncias en contra de los uniformados, el licenciado Adolfo Santiago Azcarrega, abogado de la APT señaló:
“Son varios policías, tiro por viaje los están denunciando, soy abogado, sabemos que es una estrategia de defensa- de los detenidos-, se entiende. Es imposible que ellos omitan tener una denuncia en toda su trayectoria, yo estuve casi 15 año en la fiscalía fui agente del Ministerio Público y fui subprocurador, me denunciaron tres veces y se me hicieron poquitas, afortunadamente los denunciantes no tuvieron la razón, son dos partes y alguna va a perder y a los mejor nos denuncia, eso está pasando con ellos también”.
Al respecto, los policías explicaron que debieron buscar abogados externos porque el ayuntamiento argumenta falta de personal, y acostumbran dejarlos solos cuando son denunciados.
La tarde del jueves 22 de diciembre, el agente Julios César Gándara Ríos, se presentó en las oficinas a rechazar los señalamientos y presentó un documento del ISSSTECALI en el que se indica “Acude paciente ya conocido para nueva valoración de ortopedia. Paciente por trámite administrativo de dependencia no se ha continuado. En pendiente de RMN y valoración de ortopedia”.
