De 2 mil 400 policías activos en Tijuana, 288 disfrutan de un permiso médico para no presentarse a laborar. Doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principalmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), les han facilitado incapacidades subsecuentes. Todos reciben su sueldo completo mientras están fuera del servicio. Algunos llevan varios meses o años incapacitados.
Conforme a un informe recibido por la Comisión de Seguridad del cabildo, encabezada por el regidor petista Refugio Cañada García, el 20 por ciento de estas incapacidades corresponden a elementos que han sufrido algún daño que les imposibilita cumplir con su trabajo, o ya deberían estar jubilados, pero el 80% restante, son elementos que abusan del erario, algunos incluso desempeñan otro trabajo.
La versión dada por algunos policías a sus jefes, indica que pagan a los médicos 500 dólares por una incapacidad de un mes. Sin embargo, ZETA obtuvo información de que algunos galenos cobran 500 dólares por cualquier incapacidad que pase de siete días y mil dólares por un mes.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta por la presunta venta de incapacidades, investigaban a 58 médicos de Issstecali y cinco del IMSS que favorecían a 252 elementos municipales, pero en diciembre del mismo año, tras la renuncia del entonces fiscal estatal Guillermo Ruiz, el caso se congeló.
En febrero de 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tijuana, legalmente procuró reactivar la indagatoria y presentó ante la FGE una nueva denuncia (NUC 0204-2022. 04735) en la que señalaban directamente al oftalmólogo Óscar González Aréchega -médico que acumulaba más incapacidades entregadas-, a otros 19 doctores y “los demás que resultaran responsables” porque esos permisos médicos presumiblemente infundados, estaban afectando al erario. No hubo avances.
En Gobierno del Estado cambiaron a González Aréchega a Ensenada y estando ahí renunció.
Meses después, la SSPC hizo llegar al Cabildo tijuanense copia de la denuncia, un informe y una propuesta de reforma al Reglamento de Policía, proponiendo que el tema de incapacidades se igualara con el Estado, donde tratándose se incapacidades subsecuentes, cada caso se revise, y, si no se justifica la incapacidad permanente, en cuya asignación tienen también mucha rezago, los municipales que se incapaciten dos meses seguidos, le reduzcan el pago a 50 por ciento; tras tres meses sin trabajar, que se les asigne sólo 25% de su salario, y después de cuatro meses ausentes, se les deje de pagar.
Más de año y medio después, el proyecto continúa en análisis.
“Queremos armonizar con el Estado, pero lo hemos podido sacar, la reforma va incluir el tema de salarios y prestaciones sociales porque ahí también tenemos pendientes. En la investigación también estamos revisando a los doctores”, dijo el regidor Refugio Cañada, quien aseguró, desde el año pasado que iniciaron las revisiones, las incapacidades otorgadas bajaron entre 10 y 15%.
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Ante la falta de avance, en agosto de 2023, la SSPC recurrió a la Dirección de Inspección Interna y derechos Humanos del Ayuntamiento para solicitar investigación, entregó una lista de elementos policiacos que tienen incapacidades subsecuentes desde hace varios meses o años, sin un diagnóstico que los haya declarado incapacitados para el servicio, quienes no se han reincorporado, siguen cobrando sueldos completos y fueron detectados trabajando en otros lugares. También esta indagatoria está en proceso.
Consultadas las autoridades inmiscuidas, todas refirieron que las revisiones e investigaciones siguen en proceso.
Aunque las solicitudes y denuncias de la SSPC señalan a “quien resulte responsable”, también incluye nombres de policías que les resultan más sospechosos, sea porque se incapacitaron cuando empezaron a investigarlos o porque cobran en el Ayuntamiento mientras trabajan en otras empresas. Los señalamientos incluyen a sus doctores.
Algunos nombres de oficiales y médicos se repiten desde la primera carpeta de septiembre de 2021, sin embargo, como ninguna de las carpetas ha concluido, todos Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP.
INCAPACIDAD RECIENTE
Además de los casos donde los agentes están realmente lesionados, las razones más comunes por las que los uniformados solicitan o compran incapacidades son de acuerdo a la SSPC para evadir los Exámenes de Confianza del C3, cuando saben que son investigados o después de ser amenazados por grupos criminales.
El Número Único de Caso 0204-2023-55389 se inició el 5 de diciembre de 2023, el supervisor Alberto Romo y el agente Armando Chávez fueron denunciado por cohecho, abuso de autoridad y/o lo que resulte, tras ser detenidos por su comandante regional, Araceli Madrigal Gochi quien aseguró haberlos detectado en recorrido de supervisión tras haberle solicitado 20 mil dólares a una mujer para liberar a su marido -un ebrio rijoso que circulaba con placas sobrepuestas-. Presuntamente les entregó 3 mil dólares, pero Gochi no aseguró el dinero.
Los policías estaban con el detenido sobre el bulevar de la colonia Villa Fontana -cerca del domicilio del detenido-, y el auto del sujeto en la delegación de Policía de dicha demarcación. La patrulla estaba con luces apagadas y no se había reportado la intervención.
A pesar de que la comandante los presentó en la FGE, los agentes no se quedaron detenidos, pero se inició una investigación, los agentes no declararon, pero hicieron circular un audio en el cual aseguraron que no reportaron la intervención porque el radio Matra no servía, incluso tenía la pila amarrada con una liga, y que la patrulla se había apagado justo cuando llegó la comandante al encontrarse en mal estado.
Además, sugieren que la comandante era conocida o cercana a la esposa del detenido porque cuando hablaron, lo hicieron con familiaridad y cercanía.
Chávez faltó unos días y regresó a trabajar; el supervisor Romo, oportunamente, tramitó una incapacidad por siete días, efectiva a partir del 7 de diciembre de 2023.
TIENEN OTROS TRABAJOS
Los policías incapacitados reciben entre 16 mil 120 y 27 mil 672 pesos mensuales, dependiendo del rango, o como el ex secretario de Seguridad, Alejandro Lares Valladares, que fuera de servicio cobra 58 mil 876.72 pesos como subinspector y desde 2017 ha tramitado varias incapacidades subsecuentes, la más recientes, del 24 de enero de 2023 y continúan dándoselas por periodos de 14 días.
Este funcionario está incluido en la lista de 17 elementos entregada a la Dirección de Inspección Interna y Derechos Humanos para que investiguen a los agentes incapacitados que alegan no poder trabajar en la SSPC, pero están laborando en otros lugares.
Otros agentes y doctores que están siendo investigados en circunstancias similares son:
– David Santos Bastida. Acusado en 2014 por una de sus compañeras de “andar feriando a la gente”. En octubre de 2021, a través de una narcomanta fue acusado de robar las pertenencias de uno de los detenidos. Sus incapacidades las firma la médico general Alma Zatarain.
– Elena Carlo Cervantes. En 2014, la revisión de antecedentes del C3 detectó que falsificó algunos de los documentos para acreditar la escolaridad necesaria para ingresar al servicio policiaco. Está incapacitada por la doctora Aracely Pillado.
– Christian Azael Martínez Conde. En la secretaría investigan su presunta cercanía con dos células criminales: en el pasado con la de Brayan James Corona alias El Apache, y actualmente con el grupo de Franklin Ernesto Huezo Hernández el Ranchero. Su médico es Ernesto Llano.
– Noé Cervantes Santillán. Detenido y liberado en cuatro ocasiones por falta de elementos: en 2012 por posesión de droga, en 2015 por presuntas ligas con el Cártel Arellano Félix (CAF), en 2020 por allanar un domicilio ilegalmente y en 2023, por un cateo que realizó la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo la mañana del 18 de agosto en el Motel Prestigio 2000. Tiene cinco expedientes abiertos, actualmente está suspendido y anteriormente se incapacitó de manera subsecuente.
– Salvador Armas Ávalos. En enero de 2021, el Ayuntamiento y el sector privado, a través de Fundación Tijuana Agradecida, lo incluyó en un reconocimiento a oficiales con 30 años de servicio. Lo incapacita el doctor Rodrigo Ramírez.
– Eduardo Martínez Pabel. Secretario de la Asociación de Policías de Tijuana, AC (APT) fue denunciado en 2017 por agresión, por una vendedora de dulces embarazada, a quien el agente acusó de narcomenudista. Su doctor es Mario Barajas.
Sin antecedentes públicos, en esta lista están como Operativos puestos a disposición de la Dirección General:
– Miguel Inocencio Chanocua Servín; su doctor es Benjamín Pérez
– María del Rocío Vega Martínez; médico, Daniel Higuera
– María del Refugio Solís Rodríguez; su galena es Giovana Zavala
– Noel Flores Pineda; lo incapacita el doctor Jesús Madrigal
– Daniel López Molina; firma sus incapacidades Seleni Petris
– Benjamín Martínez Venegas; atendido por el médico Manuel Pérez
– Ana Sandra Santoyo Cano; doctor Edmundo Luna
– Javier Serrano Mata; con permiso médico de Rosa Zatarain
– Verónica Meza Armenta; le firma la doctora Carolina Buelna
– Ariel Moreno Soto, licenciado y ex subdirector operativo de Policía y Tránsito; le firma el galeno Carlos Álvarez.
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INVESTIGACIONES INTERNAS
Los siguientes son agentes que llevan alrededor de un año acumulando incapacidades y sobre los cuales se han iniciado investigaciones internas que avanzan lentamente.
– Rubén Alberto Dorador López, 56 años. Incapacitado por la médico general Marisol Vázquez Durán, fue lesionado de bala en 2006, detenido y liberado en 2008 con un grupo de policías por sus presuntas ligas con el crimen organizado; le dispararon en 2011 pero no lo hirieron, y en agosto de 2015 entraron a su casa en Villa del Real y lo lesionaron a balazos. La herida no le impidió regresar a laborar.
Uno de sus hijos varones fue detenido en varias ocasiones por venta de droga y ligas con una célula delictiva, y una de sus hijas fue pareja de Erick Samuel Deraz González el Güero Canesten, identificado como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2016. Señalamiento que rechazó públicamente y fue asesinado tiros en una cancha de futbol en septiembre de 2018; a su viuda la mataron en julio de 2021.
– Sandra Patricia Cortez Ramírez, 32 años. Incapacitada por el ginecólogo Enrique Guerrero Anzar, fue jefa de Unidad contra la Violencia Doméstica y Prevención del Delito. Su pareja, el policía municipal Francisco Miguel López Llanos -también incapacitado- fue asesinado a balazos frente a sus hijos el 1 de septiembre de 2023, señalado de ligas con el CJNG. Su ex esposo, Antonio Eng, también fue ultimado a tiros el 25 de marzo de 2023.
– Hugo Alejandro Torres Fonseca, 45 años. La incapacidad más reciente fue de 28 días empezó en noviembre y culmina en diciembre; la otorgó el ortopedista y traumatólogo de Issstecali, Luis Romero,
Los antecedentes del uniformado incluyen el arresto ilegal de Arturo N el 29 de octubre de 2021, sin orden de aprehensión ingresaron a la casa del detenido en la colonia Sonoyta, la familia mostró el video de vigilancia que probó que no fue capturado en la calle Buenavista de la colonia 20 de Noviembre con 1.780 kilogramos de metanfetamina en una mochila, pero el abogado lo convenció de declararse culpable para salir rápido.
El 27 de noviembre de 2022, turnó a un detenido con fentanilo, posteriormente, autoridades en la SSPC fueron informadas que delincuentes cercanos al sujeto capturado lo estaban buscando “por robo de droga”.
En cuanto al doctor Romero, también ha otorgado licencias médicas subsecuentes de 28 días a los agentes Gabriela Ávila, Alfonso Cruz (ex director de Planeación y Proyectos Estratégicos), Felipe Núñez Marlene Pérez, Roberto Sánchez, Eduardo Sandoval, Wendy Valdez y Marcela Valenzuela, todos, sin historial público negativo.
– Pedro César Velazco Munguía, 41 años. En 2015 fue sentenciado con su pareja por abuso de autoridad porque un año antes detuvieron a dos gemelos menores de edad y les sembraron un revólver, un arma de utilería, un puñado de tiros útiles y tarjetas bancarias. Pero también refirieron golpes e incluso actos de tortura, cargos de los que se liberó pagando daños y multas.
Posteriormente “un convoy de cuatro patrullas de la policía municipal” de nuevo “ingresaron a su domicilio” para llevarse a uno de los jóvenes, “acusándolo de ser cómplice en el robo a una gasolinera”, pero el testigo no lo identificó.
Ernesto Llano Alvarado es el traumatólogo de Issstecali que lo incapacita, al igual que a otros once agentes: Noé Andrade, Miguel Cadena (publicó foto en sus redes de su mano enyesada el 9 de octubre), Norma de la Luz, Josué Flores, Carlo Hernández, Socorro Gutiérrez, Óscar Martínez (acusado en 2006 por dejar escapar a ladrones que robaron a un médico y quedarse con el botín), José Martínez, Roberto Meléndrez, Antonio Mendoza (en 2017 usó una patrulla para salvar a un tortillero de una arroyo y lo castigaron por la pérdida de la unidad), Daniel Padrón y Esmeralda Montalvo.
– Julio Gándara, 48 años. Incapacitado por el doctor López Llanos, actualmente está bajo investigación interna por abuso. Adicionalmente, se le identifica como contacto de Luis Francisco Campos Díaz y Román Óscar Ponce López, integrantes de la célula criminal que opera en Playas de Tijuana encabezada por un sujeto hasta el momento identificado como El Padrino, del CJNG.
– Felipe Gándara, 51 años. Agente bilingüe, hermano del anterior; a él lo incapacita el cirujano reconstructivo Servando Sandoval Núñez. Es investigado por presuntamente recibir dinero del Cártel de la Línea, dedicado a extorsionar turistas en la Garita de San Ysidro en Tijuana; no fue presentado a FGE.
– Javier Castillo, 40 años. En la SSPC vigilan su cercanía con el narcomenudista Bruno Hurtado; sus incapacidades son firmadas por el doctor César Ramos.
Los médicos que otorgan incapacidades subsecuentes por 28 o 30 días son en su mayoría ortopedistas, traumatólogos, neurocirujanos. Incluso el director del Issstecali Palmas, Carlos Sánchez, está en la lista de galenos analizados; por cantidad, resaltan 13 médicos generales, entre los que destacan Rodrigo Ramírez, Benjamín Pérez, José Matamoros, Ernesto Llano, Daniel Valdez y Rosa Zatarain.
