La Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados A.C. de Baja California, junto al Colegio de Abogados de Tijuana rechazaron ante el Senado de la República la iniciativa federal propuesta por el Senador Alejandro Armenta Mier, para que Ministros, Jueces y Magistrados sean elegidos por voto popular.
“Nos preocupa esta iniciativa sustentada por el senador Mier. Esta situación es un ataque flagrante a la imparcialidad del Poder Judicial, no podemos permitir que este tipo de conductas trasciendan. Si esta situación trasciende, no tenemos la certeza que el que va a dictar una sentencia o va a resolver un recurso tenga los conocimientos técnicos legales para entender criterios jurisprudenciales y la propia ley”, declaró el presidente de la FEDABO, Hassan Martín Franco Ruiz.
Agregó que el ejemplo más claro de lo anterior está en toda la “bola” de amparos y controversias que los abogados litigantes tienen que interponer por “diputados que hacen leyes mal hechas o que no leyeron una ley que ya está derogada”.
Hassan Martín informó que tienen conocimiento de que dicha ley ya se encuentra en comisiones del Senado y se planea votar en junio de 2024, por lo que buscarán frenarla antes.
En otro tema, la Maestra Harlene Arriaga Nava, Vicepresidenta de la FEDABO en Tijuana, compartió que se tuvo acercamiento con el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California a fin de impulsar la iniciativa de ley presentada el 7 de julio de 2022 por el Diputado Sergio Moctezuma, que va encaminada a modificar la ley orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California para que sean los colegios de abogados los que validen los nombramientos de quienes pretendan ser defensores públicos.
“Se busca una participación ciudadana activa de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado para que pueda haber una revisión constante de quienes son la defensoría pública, sobre todo tomando en cuenta que los clientes son quienes no tienen acceso a la justicia o dinero para pagar un abogado; es importante analizar por qué cuentan con la capacidad para llevar un litigio”, comentó.
Según Hassan Martín la principal problemática es que se desconoce a quienes son defensores públicos y si estos están capacitados para litigar o solamente van a “aprender” a la defensoría pública.
“No sabemos quiénes son esos abogados que llegan a la defensoría pública. Hay una serie de requisitos para que seas defensor público y ninguno de esos nos garantiza que el defensor público tiene los conocimientos técnicos y legales para representar a ese ciudadano. Gran parte de esos defensores públicos al salir en su periodo ponen su despacho particular, entonces cómo sabemos que no fueron a la defensoría pública a aprender, y están defendiendo los intereses de quienes menos tienen”, dijo.
Añadió en dicho tema que “no nos consta si esos abogados realmente tienen completamente la capacitación. Buscamos que se tome en cuenta a las Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados para la selección de ellos”.
Por último, el Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, el Licenciado Alexander Bazán Gómez Llanos habló de la necesidad y exigencia de que se homologue el salario entre los defensores públicos y Agentes del Ministerio Público, algo que mencionó ya está especificado en el Artículo 17 Constitucional, que señala que es una obligación de los Estados homologar el salario.
Destacó que en la reunión sostenida se les informó que supuestamente la brecha salarial actual es de dos mil pesos. Sin embargo, aclaró que tienen otros datos, pues un defensor público, de quien no se reveló identidad por temor a represalias, hizo llegar una constancia en la que quedó de manifiesto que la brecha salarial aún es de 10 mil pesos, es decir que un Agente del Ministerio Público gana 27 mil, mientras un defensor público 17 mil pesos mensuales.
“Hay un principio en derecho laboral que dice ‘a trabajo igual, salario igual’, eso es lo que estamos buscando, que verdaderamente se atienda esta situación. Exigimos que se homologue este salario”, expresó.
