Durante la comparecencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California el diputado Marco Antonio Blásquez increpó al director del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete por los conflictos en el reordenamiento del bulevar Díaz Ordaz en Tijuana, preguntándole “¿Qué se siente ser tan ruin?”, argumentando que se cometió una injusticia con los permisionarios.
“Es intolerante lo que está ocurriendo; se están violentando los derechos de los trabajadores. Se ha llegado a excesos porque tenemos 14 presos políticos desde hace un mes y lo que sus seguidores establecen es lo que usted filtró, porque esa mentira de que los trabajadores querían quemar la gasolinera es algo que usted filtró”, acusó el diputado al titular del IMOS.
Y continúo “usted tiene 14 personas inocentes, entre ellos tres que ni siquiera son taxistas, y de esos tres, uno es un muchacho indígena que tenía apenas 20 días en Tijuana y trabajaba en una tienda de uniformes”.
También señaló que Gutiérrez Topete impidió a los manifestantes llegar hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Tijuana el pasado 10 de noviembre valiéndose de sus facultades como director del IMOS, pues mandó a remolcar las unidades que transportaban a los quejosos.
“No sé cómo se sienta usted, cómo tenga la conciencia de tener 14 familias destrozadas por medio de esa situación; no sé cómo se le ocurre a usted a los manifestantes que fueron a la visita del presidente, remolcarles los camiones….es una asquerosidad lo que usted hace, es una villanía”, expresó en su diatriba Blásquez.
Finalmente, el diputado le aseguró que “la próxima semana se van a modificar esas disposiciones que tienen en prisión oficiosa a los taxistas y los vamos a liberar porque son trabajadores y no mantenidos como usted”, y remató cuestionando al funcionario “¿Qué se siente ser tan ruin? ¿Qué se siente ser tan mezquino?, ¿Qué se siente ser tan doloso?”.
Por su parte, ante las acusaciones Jorge Alberto Gutiérrez Topete se mantuvo callado en todo momento y quién salió en su defensa fue su secretaria, Mónica Vega, quien dijo:
“Los funcionarios estamos aquí, más que para venir a verter opiniones de carácter personal, para informar el estado que guarda en este caso el proyecto de movilidad”.
La funcionaria explicó que dicho proyecto fue informado a los involucrados desde marzo del presente año, otorgándoles supuestamente, la documentación correspondiente. También hizo hincapié en que la política de movilidad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se basa en el anteproyecto de la Política Nacional de Transporte Colectivo que encabeza el presidente López Obrador.
“Somos muy respetuosos de los puntos de vista de los legisladores, pero indiscutiblemente en este momento no lo compartimos, derivado que en materia de movilidad, como en todas aquellas que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, ningún interés de grupo puede estar por encima del interés general y menos cuando se han cometido delitos flagrantes en contra de la población como es el caso”, justificó la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mónica Vega.
Y culminó “el transporte público es una obligación a cargo del Estado, no es un derecho ni prerrogativa de los permisionarios”.
