La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Luisa Ojeda González, se pronunció en tribuna para señalar la necesidad de crear los registros de deudores alimentarios y agresores sexuales o de género.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, enfatizó que las mujeres deben tener certeza de que ningún deudor alimentario, agresor sexual o de cualquier otro tipo de violencia en razón de género, tenga la oportunidad de llegar a una candidatura en las elecciones del próximo año.
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Recalcando que la Ley 3 de 3 tiene que ser una realidad en todos los aspectos, presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Social y la Ley de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y La Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Recordó que, aunque ya está estipulado en la Constitución que el ser agresor de género, sexual o deudor alimentario es un impedimento para ocupar cargos de elección popular y cargos por designación, aún no se ha creado el registro nacional ni el local.
“Es indispensable que se realicen reformas dirigidas a su creación y algunas para la aplicación de las reformas llamadas 3 de 3, es decir, para impedir que deudores alimentistas y personas agresoras sexuales ocupen cargos de elección popular o cargos en el servicio público por designación”, reiteró en tribuna.
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En su exposición de motivos manifestó que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), así como el Instituto Nacional Electoral (INE), alertan que la falta del registro local y nacional es el primer obstáculo que detectan para la aplicación correcta y adecuada de la Ley 3 de 3.
“Será imposible que en diez días se emitan alrededor de mil constancias para quienes deseen acceder a los diferentes puestos de elección popular”, dijo.
La reforma fue enviada a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública e Igualdad de Género, donde deberán trabajar el tema para presentar un dictamen que, posteriormente, será analizado y votado por los diputados de la XVI Legislatura.
En sesión ordinaria del día 23 de Mayo de 2023 este Congreso aprobó el decreto que reforma nuestra Constitución Política del Estado de Baja California Sur, para establecer los casos en que se pierden las prerrogativas de las y los ciudadanos, con el fin de que desde esa disposición se impida ejercer el derecho a aspirar a ejercer un cargo de elección popular ni ser designadas, electas o nombradas para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la persona está prófuga de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; o bien si por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión o por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violación política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos o violencia institucional, e incumplimiento de la obligación alimentaria o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
