Mientras que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostiene que el convenio de colaboración que pretende regular el manejo del agua en la industria es positivo y que sólo las posiciones encontradas son reclamos de sus “adversarios”, representantes de la iniciativa privada temen que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda crear un nuevo FISAMEX.
Este martes 14 de noviembre, tanto el Poder Ejecutivo, a través de la mandataria y de la SEPROA, dirigida por Armando Samaniego; como Guillermo Rivera, abogado de Coparmex, emitieron posicionamientos sobre el convenio de colaboración -que no es propiamente un decreto- que se originó como una medida para contrarrestar la instalación de empresas como Constellation Brands, que vengan a sobreexplotar el recurso hídrico.
En la mañanera de este martes 14 de noviembre, el secretario de SEPROA, Armando Samaniego, indicó que el proyecto contempla definir que todas las instituciones encargadas del manejo del agua, tanto locales como federales, tengan el objetivo de trabajar de manera coordinada para que en el ámbito de sus competencias, las empresas del sector industrial que requieran el recurso hídrico para operar, cuenten con una serie de medidas para que no perjudiquen el ambiente.
Al respecto, el abogado del despacho De la Peña-Rivera, Guillermo Rivera, comentó que en su análisis este no es un decreto, sino un convenio de colaboración, el cual puede ser utilizado como una especie de FISAMEX, debido a que facultará al Poder Ejecutivo y a todos los entes ligados con el agua, a realizar inspecciones o amedrentar al sector industrial, bajo el argumento de que se está protegiendo al medio ambiente.
“Yo veo que la tendencia de un gobierno opaco o falto de transparencia que no atiende a la corrupción, que sea un aval de FISAMEX, no vemos otro posible escenario que el que ya vivimos. Aquí se va a abrir la llave para exigirle a cierto sector industrial, tu planta de tratamiento ya no sirve, hay que hacer modificaciones”, refirió el representante empresarial, quien agregó que no existe una estrategia de sostenibilidad, además de que el planteamiento es muy general y opaco.
“Como esto no está claro y estamos viviendo todos los estragos de FISAMEX, lleguen una empresa, le toquen la puerta, fíjate que el consumo de tu empresa afecta a Mexicali o hay una irregularidad, sin cifras, sólo generando esa posición, con eso yo te puedo modificar permisos, cancelar, e inclusive sí hay un daño ambiental lo pudiera generar”.
Bajo esos argumentos, refiere, las empresas podrán ser sometidas a cualquier tipo de presión, incluso de carácter electoral, toda vez que dicho convenio cumpliría su función precisamente al término del proceso electoral, en septiembre del 2024.
