En los últimos cinco años, autoridades mexicanas han asegurado 45 mil 191 armas de fuego, lo que arroja un promedio de poco más de 25.38 artefactos confiscados por día. Esfuerzo que poco abona a disminuir la violencia en el país si se toma en cuenta que, en el mismo periodo, habrían ingresado al menos un millón de armas, de acuerdo a los estándares que indican que cada año llegan al país 200 mil de los instrumentos bélicos procedentes principalmente de Estados Unidos.
La voluntad de las Fuerzas Armadas nacionales y los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno entre el 1 de diciembre de 2018 y el 16 de octubre de 2023 (mil 780 días), también ha permitido el aseguramiento de 184 mil 307 cargadores para armas de fuego (103.54 diarios), 2 mil 970 granadas de diverso tipo (1.66 por día) y la impresionante cantidad de 18 millones 759 mil 589 balas de diferentes calibres (10 mil 539 diarios) suficientes para privar de la vida o lesionar a por lo menos el mismo número de personas.
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Las negociaciones bilaterales para enfrentar el tráfico de armas con el rigor que se requiere, entró en un compás de espera, primero por la pandemia de COVID-19, después porque la preocupación se ha centrado en el trasiego de fentanilo y recientemente por la salida de Marcelo Ebrard de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), quien había hecho del tema un compromiso casi personal.
Atrás quedaron las decenas de reuniones entre funcionarios, incluso presidentes de México, Estados Unidos y hasta Canadá, pero la situación sigue donde mismo.
En México, el 70 por ciento de los asesinatos se registra con armas de fuego. Según el Centro Nacional de Información, instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas, que administra los indicadores delictivos reportados por las entidades federativas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 1 de diciembre de 2018, cuando inicio la administración de Andrés Manuel López Obrador, al 30 de septiembre de 2023, se cuenta con el reporte de 134 mil 594 homicidios dolosos; 93 mil 868 de estos, se cometieron con armas de fuego. De paso, de la misma fecha de arranque al 19 de octubre de 2023, 2 mil 159 policías han sido victimados con instrumentos bélicos.
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En la más reciente reunión bilateral, denominada Diálogo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos y celebrada el 6 de octubre, el embajador norteamericano Ken Salazar reiteró que los cuatro temas fundamentales fueron migración, tráfico de fentanilo, fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y el tráfico de armas.
Aunque el problema derivado del opioide en una crisis de salud pública, las autoridades mexicanas solicitaron nuevamente el apoyo del vecino del Norte para frenar el tráfico de armas, especialmente el armamento de alto poder.
Apenas el martes 31 de octubre, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a un ciudadano estadounidense que pretendía cruzar 12 armas de fuego largas y cortas a bordo de una camioneta con remolque por la ciudad de Eagle Pass, Texas hacia Piedras Negras, Coahuila, cuando fue descubierto y arrestado. Llevaba además 24 cargadores, varias miras telescópicas y cartuchos de diferentes calibres en la parte trasera de la unidad. El hallazgo fue posible gracias a la utilización de perros adiestrados.
ARSENALES
La fuerza de los grupos del crimen estructurado en México y su poder de fuego se ha hecho patente y, sólo durante 2023, autoridades diversas han asegurado 8 mil 977 armas de fuego, 30 mil 286 cargadores, 533 granadas y un millón 71 mil 498 proyectiles de diferentes calibres. En El Sauzal, en Ensenada, el 16 de enero llamó la atención la captura de un sujeto que llevaba un fusil de asalto AK-47, pero 41 cargadores para ese tipo de armas. Tres policías resultaron heridos.
El 22 de enero, en la colonia Vistas del Valle en Ciudad Juárez, Chihuahua, policías y militares detuvieron a seis individuos que poseían 16 armas largas, un subfusil, siete armas cortas, 5 mil 534 cartuchos, 101 cargadores, 107 cascos balísticos, 65 chalecos antibalas y 147 placas balísticas, entre muchas más cosas.
El 1 de febrero, soldados se enfrentaron a balazos con hombres armados en Mazamitla, Jalisco, con saldo de un sospechoso muerto. Aseguraron ocho armas de fuego largas, mil 226 cartuchos, 44 cargadores, dos granadas calibre 40, nueve chalecos tácticos, ocho placas balísticas y dos vehículos.
En calles del puerto de San Felipe, Baja California, el 7 de febrero, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a tres adultos y un menor cuando circulaban en una camioneta en posesión de tres armas largas (dos M4 y una AK-47) con 247 cartuchos y otros objetos tácticos. Dos días más tarde, como secuela de la detención de Ovidio Guzmán López (5 de enero), durante un cateo de la Secretaría de Marina en una casa de seguridad en Culiacán, Sinaloa, se aseguraron 35 armas largas, 33 cargadores y 3 mil 999 cartuchos.
En marzo hubo tres acciones relevantes: el día 7, en Miguel Alemán, Tamaulipas, militares aseguraron 15 armas largas, un fusil calibre .50, 6 mil 993 cartuchos, 197 cargadores, 14 chalecos balísticos y 28 placas balísticas. El día 22, en Las Pilas, Santa María del Oro, Jalisco, militares localizaron abandonados 74 artefactos explosivos, 34 artefactos tipo niple, dos minas hechizas anti personal y más de un kilo de pólvora; también 15 cargadores, 280 cartuchos, chalecos blindados y placas balísticas. Y el día 24, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó cinco armas largas, un lanzagranadas, 68 granadas, 172 cargadores y 6 mil 748 cartuchos.
El 3 de abril, soldados de la 9/a Zona Militar aseguraron tres vehículos en la Laguna de Canachi en Culiacán, donde había siete armas largas, un fusil Barrett, una ametralladora Minimi, un lanzagranadas, una granada calibre 40, 35 cargadores abastecidos y 100 litros de Tolueno.
El 9 de junio en Aguililla, Michoacán, fuerzas militares y delincuentes se enfrentaron a tiros con saldo de un guardia nacional herido. Aseguraron un vehículo blindado tipo monstruo, una ametralladora, un fusil SAR-1, una granada, tres artefactos explosivos, 19 cargadores y 2 mil 764 cartuchos. El día 15 de ese mes, en una casa de la colonia Parques del Bosque en Tlaquepaque, Jalisco, policías localizaron 37 armas de diversos calibres, 37 cargadores, mil 200 cartuchos y 17 básculas, además de droga y otros implementos.
La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo el 15 de agosto a una persona con un arma de fuego larga en Los Algodones en Mexicali. Tras un cateo en un inmueble fueron aseguradas seis armas largas, tres cajas con cartuchos, otra bolsa con balas, 17 cargadores, dos granadas, dos chalecos tácticos y una motocicleta. Seis días después, sobre una brecha que conduce de Puerto de Cuevas a La Media Luna, municipio de Mazamitla, Jalisco, elementos del Ejército localizaron cuatro fusiles cuerno de chivo, 37 cargadores para AK-47 y calibre 5.56, así como cartuchos útiles.
En septiembre, tres eventos importantes: el día 4, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron en Galeana, Nuevo León 213 armas de fuego y 421 cargadores transportadas en un vehículo con compartimientos ocultos bajo los asientos. El 20, en Santa Eulalia, Chihuahua, fuerzas especiales captaron cinco armas largas calibre .223, seis cargadores, dos cascos de protección balística, siete chalecos antibalas, un chaleco camuflado, ocho placas balísticas para blindaje y 31 cartuchos útiles. El día 27, policías municipales de San Luis Río Colorado y militares detuvieron en la colonia Progreso a un individuo que en un auto transportaba 17 armas largas y cartuchos.
En octubre las acciones subieron de tono. El día 3, policías estatales de Jalisco aseguraron una fábrica de explosivos caseros en Teocaltiche con 40 granadas y 40 artefactos explosivos artesanales, algunos de los cuales podían ser lanzados desde el aire por drones. El 6, la FGR detuvo a tres sujetos con 103 armas de fuego largas, una pistola, 138 cargadores y más de 11 mil 500 cartuchos en viviendas de Zapopan y Tlaquepaque. El día 30, en Villa Corzo, Chiapas, personal de la Sedena aseguró 13 armas de fuego largas, un aditamento lanzagranadas, cuatro granadas, 74 cargadores para diferente armamento, mil 700 cartuchos, cuatro chalecos antibalas y siete vehículos. Y el 31, la Guardia Nacional detuvo a un estadounidense que intentó cruzar más de 900 proyectiles calibre .50 a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe de Brownsville, Texas a Matamoros, Tamaulipas.
LA POLÍTICA
Reuniones bilaterales de distinto nivel van y vienen desde sexenios pasados. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se han tenido más de diez, sin mayor resultado que el de prometer colaboración entre las partes. El 5 de octubre reciente, al recibir a la delegación de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que el fentanilo que ha costado tantas vidas de jóvenes estadounidenses, no se produce en México, pero las armas con las que se asesinan a miles de mexicanos, sí se fabrican en Norteamérica.
“Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas, México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales y producto de la venta de drogas se abastecen con dinero y armas desde el otro lado de la frontera. Es un círculo del que sólo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano”, señaló titular de la seguridad en el país, quien una vez más, solicitó apoyo de la Unión Americana para frenar el tráfico ilegal, particularmente del armamento de alto poder.
Antes, el 25 de julio, tras un encuentro de alto nivel en materia de seguridad entre funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México, encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca, Rodríguez informó que los países “acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en nuestro país a las organizaciones criminales, quedó claro que el setenta por ciento de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos y el resto de otros países, aunque gracias a las acciones bilaterales en el marco del Entendimiento Bicentenario, se ha incrementado notablemente su aseguramiento”.
Con la salida de la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard poco se habla de las demandas presentadas en el ámbito internacional por parte de México en contra de empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, especialmente cinco armerías ubicadas en Arizona que durante los últimos años presuntamente han sido responsables de la venta de armamento sin control que viene a dar al país a manos del crimen organizado y para su comercio al menudeo, incidiendo gravemente en la comisión de homicidios, feminicidios y violencia en general.
En diversas ocasiones, el embajador Ken Salazar ha reconocido que las armas de fuego que utiliza la delincuencia organizada en México, provienen de Estados Unidos. Por lo menos el 70% de esos artefactos fueron ingresados de contrabando, provenientes del vecino país del Norte, muchos de ellos de uso exclusivo del Ejército norteamericano.
Informes en poder de la SER destacan que el 41% de las armas cruzan por el Estado de Texas y otro porcentaje importante por Arizona, por lo que la vigilancia de ambas naciones en esa frontera es más férrea.
