“El ejercicio de la política puede ser definido con una sola palabra: disimulo”.
Benjamin Disraeli, político inglés.
“Ayer firmé un decreto junto con la gobernadora de Baja California porque vamos para allá, para que no se permita el uso de agua de Mexicali para ninguna planta cervecera, se cancela la posibilidad de entregar agua con propósito uso industrial, la prioridad es el uso doméstico, a ver si hoy se iba a publicar ya en el DOF, a ver si ya lo publicaron y se da a conocer porque había ahí la duda, entonces ya tajante es un acuerdo presidencial”, afirmaba el pasado jueves 9 de noviembre el Presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Con perfecto “timing”, esa noche se trasladó a Baja California para una gira que culminaría en el segundo informe de gobierno de la gobernadora Marina del Pilar.
El efecto del comunicado presidencial fue un éxito para sus fines, los mediáticos-electorales. La noticia de la “prohibición” corrió de manera inmediata en todos los portales de noticias en México y fue conocida en el extranjero. Sin más información que el dicho mañanero del Presidente, la especulación en cuanto a los alcances y contenido del supuesto “decreto” inició desde temprano, pero su perverso efecto ya no necesitó explicación, como cincel sobre piedra quedaría en el subconsciente público grabado: El Presidente prohibió el agua para uso industrial en Mexicali.
En la réplica a ciegas de todo lo que se le ocurre al primer mandatario, la gobernadora del Estado, avaló y difundió el mensaje. Sólo que el mensaje era falso. En la tarde del mismo día, el Diario Oficial de la Federación nos trajo la verdad: Ni decreto ni acuerdo presidencial y mucho menos una declaratoria de emergencia, era un simple convenio entre autoridades en materia de agua y su saneamiento. La intervención del Presidente era nula, firmaba al calce del documento como “testigo de honor”, algo inexistente en el derecho administrativo y sin consecuencia jurídica alguna. El contenido, alcances y efectos legales del convenio publicado fueron completamente irrelevantes, no se retomaron de forma alguna en los medios de comunicación y su verdadera naturaleza nunca trascendió… el golpe ya estaba dado. Así de simple, se consolidó la irresponsabilidad política de jugar con Mexicali.
El mencionado convenio no prohíbe nada porque no constituye norma jurídica de ningún tipo y su contenido es una comunicación entre entes: la SEMARNAT, CONAGUA, Gobierno Estatal y el Municipio de Mexicali, establecen compromisos y acciones coordinadas con base a las facultades y competencias que la misma Ley ya les otorga expresamente en las materias referidas. En ninguna parte establece la “prohibición de utilización de agua para uso industrial” en Mexicali. Estamos ante un convenio ocioso, diseñado con un único fin: el servirle al aparato de propaganda oficial a costa de nuestra ciudad, jugando con un tema tan sensible y grave como lo es la disponibilidad de agua para los habitantes de Mexicali.
Sin discutir la inaplazable necesidad de cuidar nuestro recurso hídrico en todos los sectores ante los recortes y sequías que afectan la fuente internacional del Río Colorado, resulta indiscutible que el convenio mencionado traerá como consecuencia ambigüedad e incertidumbre a nuevas inversiones tan requeridas, no por su contenido, sino por el contundente mensaje presidencial que le precedió.
Con independencia de que se trate de una planta industrial que utilice agua para lavado de piezas y maquinado, pintura, fabricación de productos médicos o de alimentos, por mínimo u ordinario que sea su consumo de agua, el inversionista tendrá que sortear la desmedida línea presidencial que discrecionalmente observarán e interpretarán los funcionarios públicos y que aplastará al ya secundario convenio. Un riesgo general que injustificadamente correrá toda nueva industria que se pretenda establecer en nuestra ciudad y que no necesariamente sea gran consumidora, cuando según datos del mismo Gobierno Federal a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) dependiente de la SEMARNAT, el agua que distribuye la CESPM al sector industrial es de apenas el 4.6 %, ubicándose en el último peldaño consumidor en Mexicali, contra el 7 % de Gobierno; 7.9% comercial; 16.8 % de operación del sistema y 63.5 % del sector doméstico.
¿Por qué no se “prohibió” el agua para uso industrial en Hermosillo, Monterrey o Tijuana que, a diferencia de Mexicali, sufren diariamente por su escasez?… Quisiera cerrar mi análisis con simples conclusiones de que se trató de una pésima comunicación social, de un desconocimiento atroz del derecho en general y de la otra industria que existe y requiere atraer Mexicali, pero creo que, en esta ocasión, el beneficio de la duda no aguanta ni una cerveza.
Héctor R. Ibarra Calvo es mexicalense, abogado postulante y catedrático de Amparo en Cetys Universidad. Regidor en el XXII y XXIII Ayuntamiento de Mexicali.
Correo: hectoribarra@idlegal.com.mx Twitter: @ibarracalvo
