De 2021 a la fecha, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (Cesispe) tiene cinco recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) sin cumplimentar al 100 por ciento.
La recomendación 09/2021, con 30 por ciento de cumplimiento, se emitió el 27 de agosto y fue dirigida al entonces comisionado de la Cesispe, Jesús Damián Núñez Camacho, por violar el derecho a la protección de la salud, que derivó en la pérdida de la vida de Fernando e Isidro, reclusos del Cereso de Mexicali, quienes padecían diabetes mellitus II e hipertensión arterial de difícil control y VIH, respectivamente.
En ambos casos la CEDH detectó omisiones del director Juan y de los médicos Eduardo y Roberto, adscritos al Cereso de Mexicali y al Hospital General, respectivamente, quienes no facilitaron la atención médica de segundo nivel, ni les dieron el tratamiento oportuno, lo que contribuyó a deteriorar su salud.
La recomendación 01/2022 se emitió por violar el derecho de seguridad e integridad personal por “deficiencias estructurales que limitan la reinserción social de los privados de la libertad”. Esta tiene 50 por ciento de cumplimiento.
Por violar el derecho a una vida digna, integridad y a la salud, por no contar con personal médico ni medicamentos suficientes, no facilitar la atención médica de primer y segundo nivel; y por no ofrecer alimentación adecuada a los privados de la libertad, se emitió la recomendación 02/2022, que tiene 50 por ciento de cumplimiento.
Por las malas condiciones físicas de los centros penitenciarios y por realizar revisiones familiares que transgreden la dignidad humana, se emitió la recomendación 03/2022, la cual tiene 50 por ciento de avance.
Las recomendaciones 01/2022, 02/2022 y 03/2022 se emitieron el 4 de enero de 2022 y fueron dirigidas a la entonces titular de la Cesispe, María Elena Andrade Ramírez, quien dejó el cargo para convertirse en Fiscal General, sin atender en su totalidad los señalamientos.
La recomendación 07/2023 fue emitida el 4 de septiembre de 2023 y dirigida al encargado de despacho Jorge Alberto Melo Santander, por violar el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal de Nora, una migrante hondureña, a quien un juez de control de Ensenada le concedió la libertad por un delito culposo del fueron común. Sin embargo, fue trasladada a Tijuana y puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración, a pesar de contar con residencia permanente en México. Esta recomendación sólo tiene 30 por ciento de avance.
Al respecto, el comisionado del Sistema Estatal Penitenciario, José Gabriel Gálvez Beltrán, comentó que el retraso de cumplimiento se debe a que algunos puntos recomendatorios están relacionados con pendientes estructurales y su cumplimiento se consolida a mediano e incluso a largo plazo.
Mencionó que actualmente se está brindando acceso a la educación, deporte y aprendizaje de oficios para facilitar la reinserción social, y además se trabaja en vincularse con la Secretaría de Salud para ofrecer mejor atención médica. Añadió que este año se han brindado 10 cursos sobre derechos humanos de la mujer, perspectiva de género y uso legítimo de la fuerza; así como en temas de migración, para disminuir las violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad.
