La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez dio a conocer que denunció al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla por cometer actos que pueden ser constitutivos del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La querella la presentó el pasado miércoles 22 de noviembre ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California (FEPADE), dicha denuncia no solo involucra al ex gobernador del Estado, sino a cinco personas más, que en su mayoría fueron parte del gabinete del ex mandatario estatal, así como en contra de algunos ex funcionarios municipales.
Entre los imputados figuran, además del actual Senador por el PT, Jaime “B”; Sergio “M” y Marco Antonio “B”, diputados de la XXIV Legislatura de Baja California; y Vicenta “E”, quien fungió como secretaria de Honestidad y Función Pública durante la administración de Bonilla.
La querella también alcanzó a Odylar “M” del programa de televisión y radio de análisis político, económico y social “Odylar por la mañana” en Primer Sistema de Noticias (PSN), el cual cabe destacar es propiedad de Jaime Bonilla; a María del Carmen “E”, quien fue Síndica Procuradora en la administración del ex alcalde Arturo González, así como en contra de quien resulte responsable.
Según un comunicado oficial “los imputados son un grupo político del Partido del Trabajo, quienes realizan una campaña mediática de desprestigio y de violencia política mediante mensajes ante los medios de comunicación, eventos en las jornadas de la paz, redes sociales, edificios públicos, disfrazadas de críticas y de notas periodísticas, con el objeto de desacreditar, denigrar y dañar la reputación de la alcaldesa, se lee en el oficio”.
De acuerdo a la imputación, los hechos denunciados se basan en actos que ejercen violencia política contra la mujer en razón de género, violencia simbólica, calumnias y violencia mediática, actos evidenciados en diversos videos y publicaciones en redes sociales; acciones que manifiesta Caballero han sido repetitivas y públicas, las cuales son hechas para desacreditarla, calumniarla, descalificarla e invisibilizar su trabajo.
Además de lo anterior, la denuncia también se presentó por sus derechos políticos electorales y en calidad de presidenta municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, con fundamento en los artículos 3 fracción l, 86, 109 fracciones III y XV, 110 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales en Vigor.
De acuerdo con la presidenta el objetivo de los dichos es incidir negativamente en contra de ella en el proceso interno de selección de candidaturas de Morena para la Presidencia Municipal de Tijuana.
En su querella la primera edil solicitó tutela preventiva y de no repetición, consistentes en requerir a todos y cada uno de los denunciados y/o a quien resulte responsable cumplir con los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, y se abstengan de realizar señalamientos misóginos, y en lo futuro, violencia política contra la mujer en razón de género.
Entre las medidas cautelares, pidió al Juez, ordenar a todos y cada uno de los denunciados se abstengan de realizar una campaña mediática ante los medios de comunicación que limita y nulifica los derechos políticos electorales que inciden negativamente en el proceso interno de selección de candidaturas de Morena y se decrete el retiro de las publicaciones y videos en redes sociales, con las cuales se ejerce violencia política contra la mujer en razón de género.
