Tal parece que Marina del Pilar Ávila Olmeda ya no está tan de acuerdo con la transparencia como en algún momento se jactó, e incluso firmó pacto público. Y es que en las últimas semanas ha sido expuesta y cuestionada por los constantes viajes que realiza a Ciudad de México y a otras entidades, incluso al extranjero, bajo el argumento de que lleva a cabo reuniones de trabajo, aunque en muchas ocasiones pareciera más que responde a agenda política… o en el peor de los casos, turística. Resulta que luego de que en varias ocasiones fue exhibida con sus gastos como mandataria en diversos medios de comunicación, incluyendo ZETA, el Poder Ejecutivo decidió dejar de ser transparente en la información relacionada con los viajes de Ávila Olmeda. Este Semanario llevó a cabo una petición de Acceso a la Información para solicitar datos específicos de los comprobantes de pago de boletos de avión de ella y todos sus acompañantes durante 2023. La solicitud quedó plasmada en el número 021177321000052 y fue respondida el 20 de octubre. Para sorpresa, la Coordinación de Gabinete, encargada de todos los trabajos relacionados con la mandataria estatal, dio a conocer que dicha información había quedado reservada por un periodo de cinco años, bajo el ridículo argumento de que conocer la ubicación geográfica de la funcionaria pondría en riesgo su integridad, sobre todo si grupos delictivos llegaran a enterarse de sus pasos y traslados. Ya sea por ignorancia o dolo, la Coordinación de Gabinete a cargo de Alfredo Álvarez, decidió negar la información -injustificadamente- por cinco años, toda vez que omitió un pequeño detalle. La seguridad personal de la gobernadora sólo es protegida a futuro y no en el pasado. Es decir, el riesgo futuro de conocer la ubicación geográfica podría ponerla en riesgo, no así las actividades que ya realizó, toda vez que esas son de conocimiento público. No conforme con ello, la reserva de cinco años es el tope de la restricción de información, lo cual debe tener una justificación o sustento, mismo que no brindó. Tal parece que al Poder Ejecutivo ya no le está gustando eso de ser transparentes o de la máxima publicidad. Por un lado, la gobernadora sube a sus redes la mayoría de sus viajes, incluso antes de abordar el avión; y por otro, el Estado asegura que dicha información es delicada y debe ocultarse. ¿Quién los entiende?
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