Luis Rodríguez Bucio -ex comandante general de la Guardia Nacional-, y actual titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió, el 17 de octubre de 2023, a jueces y magistrados, que, según él, favorecieron con sus resoluciones a Mario Aburto Martínez -homicida material confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República.
Así como a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), y a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El funcionario federal enlistó el fallo dado el 5 de octubre de 2023, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, que invalidó la condena de 45 años de prisión al presunto asesino material del ex candidato presidencial del PRI e instruyó volver a dictarle una nueva sentencia por el delito de homicidio, con base al Código Penal de Baja California, vigente en el momento de los hechos. Asimismo, rechazó la petición del Tribunal Colegiado de Apelación, para otorgar 90 días para la ejecutoria.
“Está el caso de Luis Donaldo Colosio, se trata de los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, el magistrado José Pablo Pérez Villalba, el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, que es secretario en funciones de magistrado”, indicó Rodríguez Bucio.
“El 5 de octubre de este año, por mayoría de votos, dos a favor y uno encuentra, el primer tribunal colegiado otorgó un amparo a Mario Aburto, qué es el homicida confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre de 1994 por el entonces Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y que se emita una nueva sentencia, tomando como base del código penal de Baja California”, agregó el subsecretario.
“Además, el tribunal que otorgó el amparo ordenó al ahora primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito, dar vista a la gente del Ministerio Público Federal sobre los actos de tortura que el quejoso manifiesta haber recibido”, insistió Rodríguez Bucio.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, como parte de la sección denominada ‘Cero Impunidad’, el funcionario federal también criticó a María Isabel Bernal Hernández, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien concedió, el 3 de octubre de 2023, a Zerón de Lucio, una suspensión definitiva que impedía que se le señalara como “torturador” o creador de la verdad histórica del caso Ayotzinapa.
“Este es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Tomás Zerón. La jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día de octubre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N, para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación [SEGOB] se abstengan de condenarla ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia”, recordó el subsecretario.
“La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y ya que se les informa de los avances de las investigaciones, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva, hasta en tanto, no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia”, abundó Rodríguez Bucio.
El general también señaló también señaló a los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, los cuales confirmaron, el 3 de octubre de 2023, retirar la orden de aprehensión librada contra García Luna, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos.
Lo anterior, propició que la FGR anunciara, el mismo día, que procedería legalmente contra Gerardo Genaro Alarcón López, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra de García Luna, así como de los magistrados del citado Tribunal, que confirmaron dicha negativa, “toda vez que actuaron en contra la administración de justicia”.
“El 10 de mayo de este año, el juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro N por el delito de enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Esta determinación posteriormente fue confirmada el 28 de septiembre, por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito”, enfatizó el subsecretario.
