El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está “atendiendo la parte jurídica, los amparos” contra el Viaducto Elevado de Tijuana, y que estos no proceden, al tratarse de obras en beneficio de todos.
“En todos los casos se respeta la ley y se pagan las indemnizaciones correspondientes, pero siempre hay quienes quieren abusar y sacar provecho o hay otros intereses. Pero ahí vamos avanzando”, aseveró el miércoles pasado desde Palacio Nacional.
Esto porque en todas las obras públicas aparece un “líder Nylon” o un abogado “corrupto” que les dice a las personas -a las que incluso ya les pagaron y quieren más- que van a sacar más, pero el que va a sacar más si puede es el líder o el abogado.
“Hay cierta inconformidad. Se está procediendo legalmente, ya hay acuerdo con la mayoría de la gente como sucede en todas estas obras. Se está trabajando donde hay tramos donde ya se liberó lo que se conoce como el derecho de vía, y se está atendiendo la parte jurídica, los amparos”, aseveró.
Para Mayra Montoya, una de las residentes que se han opuesto a la obra, “es decepcionante que el Presidente utilice la tribuna para insultar a los ciudadanos. Un verdadero líder es quien toma acción y encuentra solución a los conflictos”,
Negó que haya líderes, pues “somos un grupo de vecinos que pelea contra las violaciones a los derechos humanos y el Presidente no se ha tomado la molestia de verificar cómo nos va a afectar el proyecto, si la indemnización está conforme a precios del mercado”.
Un decreto emitido el 16 de octubre por el Gobierno Federal, expropió seis mil 638.09 metros cuadrados (m2) de nueve predios de propiedad privada, para destinarse a la construcción del Viaducto Elevado de Tijuana.
“La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos”, y la ocupación es inmediata por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
A propósito, la señora Montoya comentó que la mayor parte de los predios expropiados están ubicados en Playas, y alrededor de otros tres en Otay.
El 4 de octubre pasado, el juez Décimo de Distrito Alexis Manríquez Castro negó la suspensión definitiva a los colonos, aunque falta que se desahogue la audiencia incidental de otras autoridades demandadas, según información del Poder Judicial.
Luego de conocer que el juez federal negó la suspensión definitiva, los residentes se alistaban para impugnar dicha resolución ante un Tribunal Colegiado.
El representante de los residentes de La Libertad también presentó una queja contra las autoridades al señalar que las autoridades incumplieron con la suspensión provisional determinada el 11 de septiembre pasado, pues una empresa demolía las viviendas que ya habían sido adquiridas para el derecho de vía.
