Ayuntamientos de Mexicali y Tijuana emprenden campaña contra música que –refieren- hace apología del delito, pero en realidad se da en contra de los narcocorridos: actos de censura, de prohibición
Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador es descarado para detenerse y caminar hasta la camioneta de la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera para saludarla de mano y conversar brevemente ante la mirada de personas que lo acompañaban en su gira por Badiraguato, Sinaloa, en Mexicali y Tijuana, las alcaldesas Norma Alicia Bustamante Martínez y Montserrat Caballero Ramírez se alarman por los narcocorridos que hacen referencia a los hijos del Chapo.
Así de incongruentes pueden ser con tal de desviar la atención de los problemas estructurales y tratar de “resolverlos” de la forma más populista que se les ocurrió: la censura, la prohibición, la “mano dura” ante lo menos relevante.
En los primeros años de gobiernos panistas a nivel federal, diputados y senadores plantearon amordazar a los intérpretes de música regional mexicana que deben gran parte de su éxito a entonar y componer corridos que -refieren- hacen apología del delito.
Como si no se hubiera aprendido o si se tratara de una idea novedosa, los gobiernos municipales dirigen una embestida pública en contra jóvenes cantantes y grupos musicales como Fuerza Regida, Peso Pluma y Oscar Maydón. Los gobiernos de Mexicali y Tijuana no buscan combatir a los grupos delictivos; buscan que no se hable de ellos, sin importar su influencia en la sociedad, lo que importa es que no se mencionen.
El jueves 5 de octubre, en la Isla de las Estrellas de las Fiestas del Sol, se presentó el cantautor mexicalense Óscar Maydón, quien saltara a la fama por cantar corridos que hacen referencia al consumo o venta de drogas, entre otras cuestiones.
La alcaldesa Bustamante Martínez anunció que dicho intérprete no volvería a tocar en inmuebles municipales debido a que no cumplió con el acuerdo de no cantar narcocorridos, bajo el argumento de que su música incita a la violencia y promueve actividades ilícitas en la juventud.
La zona del fraccionamiento Valle de Puebla, en Mexicali, ha llegado a ser la número uno en toda la entidad en torno a reportes de violencia familiar, una de las problemáticas más grandes de Baja California.
En Tijuana, la presidenta municipal Montserrat Caballero declaró ante medios de comunicación que buscaría la misma fórmula en contra de este tipo de intérpretes. Lo interesante es que horas antes de su airosa declaración, un joven fue asesinado cuando caminaba cerca de un parque de futbol en la Delegación Sánchez Taboada -aparentemente- por un fuego cruzado.
La violencia está cerca de los jóvenes y de las familias, independientemente de la interpretación musical o de los gustos de la juventud, a quien no se le entiende, ni se le quiere comprender. Además, los gobiernos de Mexicali y Tijuana demuestran no tener interés en conocer a los jóvenes, que sus presidentas municipales no los comprenden, pese a que una es joven y otra es promotora de la cultura, o bueno, sólo promotora de la “alta cultura”.
La prohibición a estos grupos sólo generará más morbo e incentiva a los jóvenes a consumirlos, porque la juventud es rebelde -así lo ha sido siempre-, pero no en la forma que les gusta a las generaciones de antaño.
Infortunadamente, la afinidad a estos grupos musicales es reflejo del abandono que viven por parte de las políticas gubernamentales, y sus gobiernos prefieren condenarlos y tratar de someterlos, por encima de comprenderlos.
La violencia se encuentra en todos lados, y que un grupo o artista musical no pueda presentarse en Baja California, no evitará que jóvenes sean violentados por sus padres, que adolescentes sean asesinados mientras caminan a su casa. Tampoco evitará los más de 199 casos de violaciones a menores que se han documentado hasta agosto de 2023. Su política no resolverá nada.
