La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aceptó, el 23 de octubre de 2023, la invitación para exponer en el Senado de la República, su postura y planteamientos respecto a la propuesta presentada por Moisés Ignacio Mier Velazco -coordinador de los grupos legislativo de Morena en San Lázaro-, para extinguir 13 de 14 fideicomisos del PJF, que permitiría al Gobierno Federal disponer de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos.
En respuesta a las invitaciones que le hicieron Manuel Añorve Baños y Julen Rementería del Puerto, coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como del senador Alejandro Rojas Díaz Durán -de Morena-, Piña Hernandez respondió que estaba dispuesta a participar en un diálogo institucional y pidió definir el marco normativo del encuentro.
La SCJN difundió un comunicado en el que señalaba que para la ministra presidenta del máximo tribunal constitucional del país y del CJF, el diálogo siempre había sido una prioridad, como lo demostraba la solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el PJF participara en la discusión de dicho tema.
“En ese tenor, le manifiesto mi firme propósito de participar en un diálogo institucional amplio sobre la minuta en comento ante las coordinadoras y los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, esto habiéndose definido el marco normativo en términos del cual se desarrollará dicho diálogo entre el Poder Judicial Federal y la Cámara de Senadores, así como las condiciones del mismo”, dijo Piña Hernández, en los oficios remitidos a los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN.
Por separado, la ministra también pidió al senador Díaz Durán, ser el intermediario para comunicar a la Presidencia del Senado de su intención de acudir a hacer una exposición de la postura del PJF, ante la eliminación de los fideicomisos, que el 17 de octubre de 2023 se votó San Lázaro y cuya discusión ahora fue turnada a la Cámara alta del Congreso de la Unión.
“Pido a usted sea el amable conducto para solicitar que el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política [JUCOPO], exprese a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, mi firme propósito de realizar una exposición jurídica amplia y detallada sobre la minuta en comento, ante las coordinadoras y coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado”, le indicó Piña Hernández al senador de Morena.
“Además, solicitó que se comunique su firme disposición con la Mesa Directiva y con la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los grupos parlamentarios, para que se incluyan en esta urgente deliberación, esto con la finalidad de asegurar que el diálogo entre poderes se dé por la vía institucional adecuada y competente, así como garantizar que este intercambio sea con la pluralidad política que se representa en el Congreso de la Unión, específicamente en el Senado de la República”, insistió la ministra.
“La ministra Norma Piña, presidenta de la @SCJN, aceptó acudir a dialogar con el @senadomexicano. Espero que nuestro coordinador, @ramirezlalo_, concrete los términos para este diálogo democrático entre dos poderes autónomos e independientes de la República el día de hoy. Deseo destacar que, en medio de la polarización política en #México, es significativo que podamos abrir los cauces del diálogo democrático para escucharnos todos con civilidad y respeto”, escribió Díaz Durán, en su cuenta de la red social X.
El 16 de octubre de 2023, Piña Hernández envió un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Marcela Guerra Castillo, para solicitarle un espacio institucional, para que el equipo técnico de la SCJN y el CJF participara en la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Al día siguiente, Gisela Morales González, Oficial Mayor de la SCJN, acudió a la Comisión de Justicia de San Lázaro y expuso que seis de los instrumentos financieros que pretendían eliminar, estaban vinculados directamente con los derechos de los trabajadores del PJF y no eran remanentes o subejercicios que se empleaban para financiar “privilegios”, además de que estos eran reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
“No, no transferimos subejercicios, las disponibilidades las reintegramos a la Tesorería de la Federación, a lo largo del año, nosotros también emitimos, los tres órganos, nuestras medidas de racionalidad, austeridad y aquellas que aplicaremos en nuestro gasto de operación”, aseguró Morales González.
Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de San Lázaro, para el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, la funcionaria judicial resaltó que “la compensación garantizada, que ha sido un concepto que ha salido en diversas discusiones, como la gratificación de fin de año y algunas otras, son conceptos que la propia Ley Federal de Remuneraciones considera como parte de las percepciones ordinarias y extraordinarias de todos los servidores públicos, de todos los poderes”.
“Todos ustedes podrán encontrar en sus recibos de nómina estos conceptos, la gratificación de fin de año como parte de una percepción extraordinaria que se otorga al cierre del año, nosotros nos apegamos, de hecho, al mismo criterio que emite el titular del ejecutivo federal para la gratificación de fin de año y la compensación garantizada forma parte del sueldo tabular mensual, es una percepción ordinaria”, subrayó Morales González.
La oficial mayor de la SCJN destacó que en lo que iba del 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habían generado ahorros y economías por 700 millones de pesos. “Nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP] y ustedes lo pueden ver en los informes de las finanzas públicas”, abundó, para luego indicar que a partir de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó auditorías a los fideicomisos del PJF.
“En ninguna parte de esos informes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior de la Federación, relativa a la ilegalidad de la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos”, aseveró Morales González.
¿QUIÉN ES NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ?
Norma Lucía Piña Hernández, de 63 años de edad, nació en la Ciudad de México, el 29 de julio de 1960. Es Profesora de Educación Primaria, por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM). Asimismo, cuenta con una Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se tituló con la tesis ‘Análisis del arbitraje. Evolución histórica y su importancia en la época actual’.
También tiene una Especialidad en Psicología Social y Comunicación, en el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (Madrid, España), becada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como una Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, en la División de Estudios de Postgrado de la UNAM.
Asimismo, es Doctorante en la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una Especialidad Judicial, por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, cuenta con una Especialidad en Derecho Penal, por la Universidad Panamericana (1997), así como un Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal (IJF). Aunado a lo anterior, tiene una Especialidad en Argumentación Jurídica, por la Universidad de Alicante, España. También cuenta con un Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España.
Fue profesora de Educación Primaria, en la Escuela de Experimentación Pedagógica “Manuel M. Acosta”, anexa a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Asimismo, fungió como Técnica Académica, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También fue Secretaria Proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, fungió como Juez por Oposición, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, de 1998 al 2000.
También fue Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el 2000, así como Magistrada de Circuito por Oposición, a partir de septiembre de ese mismo año. Además, fungió como Magistrada ratificada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Asimismo, fue Magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el año 2015.
Fue elegida, el 2 de enero de 2023, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), siendo la primera vez que una mujer presidía el máximo tribunal constitucional del país.
Ha sido Profesora de Amparo Administrativo en la Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y, de Procedimientos Constitucionales en la Licenciatura de Derecho en la misma institución educativa.
También se desempeñó como Profesora de Especialidad en Derecho de Amparo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como del Taller de Amparo en la Universidad Panamericana, y en el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
