“El castigo del delito está en haberlo cometido. La pena que añade la ley es inadecuada y superflua”.
-Anatole France
Es desafortunado que en México esta situación de la impunidad sea tan verdaderamente grande dentro del actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, ya que la corrupción y la ineficacia procesal del sistema vigente incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpado, y de proteger íntegramente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo a diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio un 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México no son adecuadamente investigados, y por supuesto, tampoco sancionados.
Para que tengamos una dimensión del problema de la impunidad en México, de cada 100 delitos que se comenten, solo 6.4 por ciento se denuncian; y así, de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven.
Cada estado de nuestro país enfrenta una problemática diferente respecto a la impunidad. Algunos estados están tomando nuevas medidas y prácticas en relación con el sistema acusatorio y muestran cierta mejoría en los niveles de impunidad, pero algunos otros estados, por el contrario, muestran tendencias preocupantes. Debemos de partir de la base -según mi opinión- que para que pueda haber una buena procuración de justicia en cada estado, es indispensable contar con un buen número de fiscales investigadores y auxiliares, así como agentes de investigación para que se puedan esclarecer los delitos denunciados, ello con independencia de contar con una buena cantidad de recursos que ayuden a solventar los costos de las investigaciones.
De acuerdo a un estudio muy interesante de México Evalúa, las principales causas de la impunidad son las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para ser contrapeso a las fiscalías”; ambas instancias reciben poco apoyo en recursos económicos y humanos. El informe revela que las fiscalías y su personal se encuentran colapsados y cada día están más lejos de cumplir con su función.
Algunos de los problemas más serios que afectan a nuestro país son, por ejemplo, las desapariciones (en un número no especificado, pero gravemente alarmante), feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La organización Due Process of Law Foundation afirma que “las violaciones de derechos humanos y una falta adecuada de respuesta de parte de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.
Para muestra tenemos lo siguiente de los delitos cometidos en contra de los periodistas: el 99.75 por ciento quedan en la impunidad, lo que, sumados a los altos niveles de violencia contra los periodistas califica a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mejor. A pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, falta la investigación y por supuesto la sanción a perpetradores de ataques contra defensores y así se sigue poniendo a la población en un riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a los perpetradores que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando así la posibilidad de repetición y vulnerabilidad de personas defensores.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
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