Previo a la destitución de Fernanda Villarreal González como directora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, ZETA recibió información acerca de más de 40 observaciones administrativas al Instituto por parte de la Contraloría General del Estado; pero no sólo estaría señalada la Dirección: en total, se estima que al menos cinco funcionarios que habrían participado en presuntos malos manejos en la dependencia.
Estos son actos que podrían denominarse de corrupción y que afectan a las arcas públicas, principalmente por agravantes en el abuso de la necesidad de la gente en la entrega de dormitorios incluyentes y viviendas de interés social o “progresivas”, como las denominaron. Los funcionarios involucrados en los malos manejos son:
*Fernanda Villarreal González, ex directora general;
*Juan Manuel Reyes Cervantes, director de Administración y Finanzas;
*Pedro Murillo Méndez, director Técnico;
*Luis Daniel Gómez Verdugo, jefe de Departamento de Construcción;
*Y un auxiliar administrativo.
Debido a esto, ZETA solicitó de manera formal, mediante oficios a cada uno de los funcionarios imputados, una versión sobre su participación en los problemas administrativos; pero sólo Benjamín García Meza, actual director del INVI, respondió el llamado, indicando su recién llegada al puesto.
“Apenas voy llegando, te pido tiempo para responderte de manera formal sobre la situación administrativa de las obras del 10 de septiembre del 2021 a la fecha como lo solicitaste”; y sobre los cambios en el Instituto, dijo que “ya estamos buscando los cambios, habrá los necesarios para su buen funcionamiento”.
Además, tres de estos funcionarios están siendo investigados adicionalmente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, esto según datos proporcionados de manera extraoficial; para no afectar las investigaciones adicionalmente se omitieron mayores datos, pero los delitos que aplican son peculado y enriquecimiento inexplicable por parte de los aún funcionarios del INVI.
Todos se encuentran bajo la lupa, pues su estilo de vida de los dos últimos años no concuerda con sus salarios, ya que cuentan con autos valuados en más de un millón de pesos, embarcaciones, plazas comerciales, departamentos y propiedades.
Sin embargo, ha sido evidente cómo hay un posible enriquecimiento inexplicable de los funcionarios del Instituto de Vivienda, pues ZETA cuenta con el currículum de cada uno de los funcionarios del Instituto, y muchos ni con el salario de todos sus empleos en su carrera podrían justificar el patrimonio que han adquirido en los dos últimos años (en la administración del morenista Víctor Manuel Castro Cosío).
Fernanda Villarreal es hasta el cierre de esta edición la única funcionaria que ha sido removida del puesto y colocada lejos de áreas que tengan que ver con recurso público; fue puesta como representante legislativa de la Secretaría General, pero comentó a este medio de manera informal que “como saben que voy por La Paz (candidatura a la alcaldía en 2024), es un fuego amigo”; empero, las pruebas demuestran todo lo contrario.
HABITACIONES DE 500 MIL PESOS
Antes de ser removida del INVI, Fernanda Villarreal dio la última estocada a personas de escasos recursos y con discapacidad, esto referente a la construcción de 12 Recámaras con Baño Incluyente (RBI) de 21.3 metros cuadrados (m2) cada una, en la localidad de Santa María de Toris, subdelegación de Toris, delegación de Los Dolores, municipio de La Paz, por un monto de cinco millones 979 mil 295.07 pesos (IVA incluido) al licitante Jacob Sánchez Pinedo, de los favoritos en el gobierno del panista Carlos Mendoza Davis.
“Fernanda Marisol Villarreal González, directora general, consideró adjudicar al licitante mencionado, el contrato para la construcción de la obra”, se lee en la licitación pública.
Por cada una de las 12 recámaras, el constructor cobró 498 mil 274.58 pesos, es decir 23 mil 393.17 pesos el m2; aunque según los “Costos Paramétricos” del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, con publicación al 1 de abril del 2023, el costo por metro cuadrado debería ser de 11 mil 538.17 pesos con tarifa base de la Ciudad de México y con factor de 1.145 para el municipio de La Paz, quedando en 13 mil 211.20 pesos por m2.
Es decir, que cada una de las RBI debieron costar 281 mil 398.56 pesos y no 489 mil 274.58 pesos, lo que refiere flagrantemente un sobreprecio del 73.87 por ciento del precio normal, “lucran con la necesidad de la gente”, expresó uno de los ingenieros y constructores consultados.
El también licitante confirmó que en su caso “me pidieron 400 mil pesos en efectivo por construir ocho casas, de entrada, más 10 por ciento de uno, otro 5 por ciento de otro; hasta el ‘pelagatos’ cobra por las obras”, indicó. “De este tamaño es la corrupción en el INVI, no me quiero imaginar el moche cómo debe estar en caminos”, recalcó.
La obra de las 12 recámaras tiene un periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2023 hasta el 27 de febrero de 2024, fecha estimada de terminación de los trabajos. A pesar de no haber sido la propuesta más idónea y económica, Villarreal González decidió que esa fuera la elegida, según quedó enmarcado en el documento.
Jacob Sánchez Pinedo, el constructor favorito de Carlos Mendoza, fue señalado durante la campaña por los mismos morenistas que hoy lo contratan para obra por adjudicaciones polémicas de la Villa Olímpica, según el operador político David Moyrón Quiroz:
“Al constructor se le adjudicó la obra y firmó un contrato por 20 millones 120 mil pesos; sin embargo, se pagaron en total 23 millones 400 mil pesos, tres millones más de lo presupuestado. La empresa Mares proyectos y construcción, firmó un contrato de 20 millones 900 mil pesos. Otra sorpresa: la constructora Mares proyectos y construcción es señalada por ser propiedad de Jacob Sánchez Pinedo”, lo denunció el 2 de mayo de 2021 a las 19:45 horas.
Comparado con otras obras de “recámaras con baño incluyente”, es muy claro el aumento: por ejemplo, tres acciones de vivienda, también de 21.3 m2 en colonias de la ciudad de La Paz, fueron ejecutadas por la empresa Ramliz Constructores, S.A. de C.V. con un costo total de obra de 978 mil 918.08 pesos; cada recámara costó 326 mil 306.02 pesos y el metro cuadrado fue de 15 mil 319.53 pesos, más de dos mil 100 pesos por encima del valor normal por metro cuadrado.
La obra dio inicio el 12 de junio de 2023, con fecha estimada de terminación al 9 de septiembre de 2023.
CONTRATOS AL POR MAYOR
Queda de manifiesto que cada constructor le pone el precio que quiere a la obra según le piden “moches”. Los constructores manifestaron que regularmente esto era conocido como “diezmo”, ya que por cada obra les suplicaban un 10 por ciento para los funcionarios, pero hoy en día con la actual administración es más y el excedente lo termina pagando el ciudadano.
Otra de las empresas que llamó la atención fue Edificadora y Proveedora JUPAL, S.A. de C.V., la cual se adjudicó del contrato No. COP-AAVD-IC3-VP33-07-2023, que inició trabajos el 12 de junio de 2023 y tiene fecha estimada de terminación para el día 9 de octubre de 2023.
El costo de las tres viviendas progresivas fue de un millón 403 mil 81.07 pesos; cada una de las casas de interés social de 33.3 m2 tuvo un valor de 467 mil 693.69 pesos y el metro cuadrado costó 14 mil 44.85 pesos, cerca de mil pesos más por cada metro cuadrado. Pero también sorprendió que pese a no cumplir las bases establecidas en el reglamento de licitaciones, se le otorgó obra, pues según las bases debe cumplir con la experiencia requerida; por ejemplo, en este caso señala que “EL CONCURSANTE demostrará haber realizado trabajos similares presentando cuando menos los documentos de los últimos 5 contratos cumplidos dentro de los últimos 10 años” [sic], pero no es así.
Edificadora y Proveedora JUPAL se registró apenas el 18 de noviembre del 2021 en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, y la constitución de la sociedad ante el Registro Público de Comercio se llevó a cabo el 12 de julio del 2021, unos días después de que Morena ganara las elecciones.
Los socios de la empresa son Bianca Elizabeth y Briseida Vianey Montoya Hernández, y la sociedad se estableció por 99 años en La Paz, Baja California Sur.
PALO BOLA EN EL OLVIDO
El 13 de abril del 2023 el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, entregó supuestamente 30 viviendas en la zona conocida como predio Palo Bola en Ciudad Constitución en el municipio de Comondú, afirmando que además se instalaría la red de agua potable y la electrificación, lo que daría como inversión 22.1 millones de pesos.
Pero recientemente surgieron los problemas por parte de los habitantes de la localidad, pues denunciaron que de las casas que supuestamente habían entregado, siete no fueron adjudicadas a alguna familia, pese a la imperiosa necesidad de una vivienda. Las casas las dejaron abandonadas.
La sorpresa fue que a casi seis meses desde su entrega están abandonadas y hoy ya se encuentran vandalizadas: le arrancaron las puertas, les quitaron tazas de baños y la tarja; la inversión ya fue dañada por la negligencia del personal del INVI que no las entregó a las familias de escasos recursos.
Sólo para darse una idea del gasto echado a perder, cada una de las casas costó aproximadamente 378 mil 393.24 pesos con 33.3 metros cuadrados, y se están dejando caer.
Aunque las personas podrían decir que las casas están a buen precio y son accesibles, es una zona vulnerable por la delincuencia; además, los trabajos topográficos y de eliminación de riesgos no fueron considerados. En esas viviendas fueron trasladadas familias que estaban susceptibles de zonas de inundación en Comondú, y fueron reinstaladas con el fin de alejarlas del peligro de las inundaciones.
Pero en el mes de septiembre, a consecuencia de las lluvias de la temporada, los habitantes se quedaron atrapados en medio de las inundaciones y el fango, pues los expertos de la cuarta transformación no calcularon bien, generando daños a las familias que allí habitan.
