Ante irregularidades detectadas en auditorías a la XV Legislatura, líderes de bancada del Partido del Trabajo (PT) advirtieron que habría denuncias ante instancias judiciales para deslindar responsabilidades por la no comprobación de 17 millones pesos; no obstante, el diputado el Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, ahora presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Político, anticipó que harán revisión de este caso para evitar un sesgo político.
En este contexto confirmó que aún no se han interpuesto querellas con respecto a este caso, ni en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ni el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur.
Precisó que no se ha planteado en el seno de la Junta de Gobierno el inicio de denuncias, sin embargo, reiteró que ya se elaboraron las auditorías y se dio avisó a la Contraloría del Poder Legislativo sobre los resultados.
“Lo que he platicado con la contralora es que está integrando expedientes para efecto de hacer los procedimientos correspondientes y en su caso presentar las denuncias ante las instancias correspondientes, Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal Administrativo”, comentó.
El diputado recordó la situación que se presentó en la legislatura pasada, donde dos fracciones se adjudicaron el control de la Mesa Directiva y la Finanza del Congreso del Estado en 2020.
Para resolver este conflicto el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado, Carlos Mendoza Davis, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el tema no se resolvió de fondo, ya que cuando Víctor Castro Cosío inició su mandato como gobernador en 2021, desistió con la controversia constitucional, por lo que la SCJN no determinó qué fracción tenía la razón.
Es por ello que Rigo Mares asegura que era vigilante de que los expedientes se integren de manera correcta ya que no hubo autoridad que definiera qué funcionarios y qué fracción debía tener el control de las Finanzas del Congreso en ese año.
“Aunque sí hay elementos que hemos detectados en algunos juicios, por ejemplo: si la autoridad desconoce a uno de los dos oficiales mayores. Me parece que está enredado el asunto y en dado caso deberían deslindarse responsabilidades hacia ambas partes”, finalizó.
