Judith Cabrera, codirectora de Borderline Crisis Center, denunció el intento de intrusión de presuntos elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración; quienes pretendieron ingresar a las instalaciones a través de golpes y gritos, la madrugada del miércoles 11 de octubre.
“Recibí una llamada de las residentes del albergue, estaban en pánico, había hombres golpeando la cortina de acero que nos sirve como puerta, tratando de abrirla por la fuerza, amenazándolas y acusándolas de esconder a personas indocumentadas y de realizar cruces ilegales a Estados Unidos”, describió.
Según detalló, los visitantes nunca se identificaron, solo comentaron haber recibido un reporte; sin embargo, no presentaron evidencia u orden judicial que sustentara sus acusaciones. Fueron reconocidos por su uniforme a la mañana siguiente al revisar las cámaras como agentes de la Guardia Nacional acompañados del Instituto Nacional de Migración.
“Según el artículo 76 de su propia ley (Ley de Migración), no pueden realizar visitas de verificación migratoria en lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil, o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o de protección a los migrantes”, resaltó.
La queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya fue realizada, por lo que la dirigente del albergue, exigió una investigación que esclarezca los hechos, y determine responsables, así como las debidas medidas de reparación y garantía de no repetición por parte de ambas instituciones federales. Hasta ahora, no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.
Según informó, en el espacio se encontraban 30 mujeres y niños de diferentes nacionalidades: familias monoparentales, lesbomaternales, mujeres lesbianas, mujeres trans y mujeres negras. Destacó, la particularidad de pertenecer a grupos frecuentemente discriminados y atacados por militares y policías.
“Van a tener efectos de trauma para el resto de sus vidas, especialmente las niñeces, cuando una persona pequeña tiene eventos como estos, el estrés que causa en los cerebros de los niños hace algo que se llama estrés tóxico; es lo que hace que las personas en la adultez tengan más riesgos de salud”, informó Psyche Calderón, codirectora de Alianza por la salud de las y los refugiados (RHA).
Por su parte Ximena Rojas, partera de Partería y Medicinas Ancestrales destacó que muchas de las mujeres atendidas son sobrevivientes de abusos de diversas índoles, quienes llegan al albergue buscando un lugar seguro, pero vuelven a encontrarse con este tipo de injusticias.
De igual manera, Graciela Zamudio, codirectora ejecutiva de Alma Migrante consideró la eliminación del artículo de la Ley de la Guardia Nacional, que le da facultades para realizar revisiones migratorias como un paso importante para evitar la criminalización de esta comunidad.
“Por otro lado, tener mucha claridad desde las autoridades, los operadores de justicia y toda la población de que los enemigos no son los migrantes ni sus defensores, sino a lo mejor la delincuencia organizada”, agregó.
“Estas acciones son parte de una política de externalización de la frontera y también una política de colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno americano, para frenar la migración a la frontera norte”, señaló Nicol Ramos, directora de Al Otro Lado.
De igual manera, resaltó el trabajo de la organización en cuanto a monitoreo de los puertos de entrada, en donde han observado agentes previniendo a los migrantes acercarse a la garita, violentando su derecho a migrar.
Denuncian incidentes a través de los años
“Tenemos muchísimos incidentes en donde la Guardia Nacional ha irrumpido esa entrega y recepción de ayuda humanitaria, sobre todo los primeros se registraron en 2019”, agregó Graciela Zamudio, codirectora ejecutiva de Alma Migrante.
Además, destacó que desde el mismo año, se realizó el amparo 8-85, para la protección de los derechos humanos migrantes, ante el retiro de niños migrantes en Playas de Tijuana; sin embargo, destacó que las acciones reflejan un patrón en la violación de los mismos, por lo que esperan que el Poder Judicial de la Federación pueda emitir una resolución al respecto
“Lo que estamos viendo son estas prácticas de gaslighting o gaz de luz, en el que una persona hace algo y luego te lo niega, y luego te convence de que quién está mal eres tú. Entonces escuchamos estos argumentos de que en México no hay violaciones de derechos humanos, hay una negación total, ni siquiera una puerta abierta al diálogo”, señaló Judith Cabrera, codirectora de Borderline Crisis Center.
De igual manera, invitó a la ciudadanía a pronunciarse en contra de estas prácticas, informarse y cuestionar las narrativas de criminalización que presentan en medios de comunicación.
“Es difícil lograr que no te intimide, que no te llegue el miedo, de estar simplemente haciendo tu labor y saber que un día pueden llegar a acusarte del delito de tráfico de personas, ya lo hemos visto en otros casos con otros activistas antes, entonces puede ser razón hasta para renunciar”, finalizó.
