De acuerdo con datos presentados en conferencia de prensa por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), Daniel de la Rosa Anaya, entre 2019 y 2023 las autoridades han abierto un total de 21 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la entidad.
Según lo expuesto por el procurador, de estos 21 casos reportados en los últimos cuatro años, nueve continúan en su respectivo proceso penal con los presuntos responsables en prisión preventiva.
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Por otra parte, 12 de las carpetas ya cuentan con una sentencia condenatoria firme por el delito de feminicidio, mencionó el funcionario.
Hizo hincapié en un caso en particular que se registró en 2022 en el municipio de Los Cabos, cuando la estadounidense, Shanquella Robinson, fue asesinada en un fraccionamiento de la ciudad de San José del Cabo.
La o los presuntos responsables de este crimen habría sido una persona que viajó con Shanquella al principal destino turístico de Baja California Sur, sin embargo, escapó hacia Estados Unidos.
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Daniel de la Rosa precisó que hay una solicitud de extradición en este caso ante el Gobierno del país vecino, con el que pretenden traer a la o los responsables del crimen a comparecer ante la justicia sudcaliforniana.
En lo que va del 2023, las autoridades y colectivas feministas han confirmado el registro de dos feminicidios en la entidad.
El primero de ellos se reportó en la colonia La Pasión, en la ciudad de La Paz. En abril de 2023 se localizó el cuerpo sin vida de Monserrat “N” en una cobija dentro de un vehículo.
Las autoridades de la PGJEBCS señalaron como presunto responsable al vocero de la asociación Antorcha Campesina, César “N”.
El segundo caso se registró el 18 de septiembre en San José del Cabo, cuando se halló en su domicilio el cuerpo sin vida de la doctora Alí Jasel.
Martín Heriberto “N” fue detenido como el presunto feminicida y actualmente se encuentra enfrentando el proceso en prisión preventiva.
En contraste, las colectivas feministas han recalcado que obtener una vinculación a proceso no cuenta cómo resolver un feminicidio.
Subrayan que debe cumplirse una sentencia condenatoria y debe haber reparación para familiares de las víctimas, así como garantías de acompañamiento durante el proceso penal, temas en los que, han denunciado activistas, el Gobierno del Estado no actúa con responsabilidad.
