Posterior a que la XVI Legislatura del Congreso del Estado se declaró sin facultades para aprobar el Fideicomiso para la Modernización del Transporte, el Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz aprobó cambios sustanciales que, según autoridades municipales, traerán una mejora importante en la calidad del servicio y con ello un mayor costo para la ciudadanía.
Los integrantes del Cabildo de La Paz convocaron a sesión extraordinaria el miércoles 13 de septiembre, respecto al Sistema de Transporte Municipal (STM), que incluye además de un incremento a la tarifa, un fideicomiso para modernización de unidades y un nuevo reglamento.
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El tema principal que acaparó la atención de la ciudadanía fue el aumento del costo del pasaje del servicio.
El dictamen aprobado en la sesión extraordinaria estableció un cambio: la creación de dos tarifas diferentes que varían según la calidad de la unidad con la que transportarán a las y los usuarios.
En la “tarifa A” se contempla un precio de 16 pesos, que sólo podrá ser cobrado por aquellos concesionarios que conduzcan una unidad que esté integrada al sistema de modernización del Ayuntamiento de La Paz.
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Según el reglamento aprobado en este nuevo sistema, los camiones que podrán cobrar esta tarifa deben cumplir con una serie de requisitos; por ejemplo:
*Contar con GPS.
*Contar con pólizas de seguro.
*Tener aire acondicionado.
*Su antigüedad no debe ser mayor a cinco años.
Por otra parte, las unidades actuales mantenían desde 2012 una tarifa de 10 pesos en general y de 5 pesos en pasaje preferencial, esta última para personas con discapacidad y de la tercera edad, así como estudiantes.
Ahora esos camiones y peseros quedan englobados en lo que este Sistema denomina como la “tarifa B”, es decir, las unidades que ya están en circulación, que no han sido modernizadas.
Los concesionarios en esta tarifa podrán cobrar 12 pesos en pasaje general a cada una de las personas que soliciten el servicio.
Cabe mencionar que el Cabildo aprobó los cambios con 13 votos a favor y 2 en contra, de los regidores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estuardo González, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lugarda Guadalupe León Lucero.
Aunque ha pasado más de una semana de la aprobación de este dictamen, las tarifas nuevas aún no entran en vigor en la ciudad de La Paz.
Según lo expuesto en la sesión extraordinaria, será hasta el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado que entrará el nuevo precio de los pasajes.
TRANSPORTISTAS RECHAZAN EL INCREMENTO
Las protestas de quienes controlan las concesiones del servicio público no se hicieron esperar, en un rechazo total a la decisión del Cabildo, ya que manifiestan que éste no ayudará a subsanar la crisis del sistema de transporte en La Paz.
Líderes concesionarios enfatizaron que los estudios que hicieron indican que, como mínimo, la nueva tarifa global debía de ser de 13 pesos, y eso tomando en consideración el golpe económico que representará para la sociedad paceña.
Como ZETA lo dio a conocer en noviembre de 2022, los transportistas entregaron al Cabildo un estudio con el que exigieron que la tarifa general quedara en 13 pesos, y en 6.50 pesos en preferencial.
Lo anterior fue justificado por las condiciones actuales de la demanda, el incremento del precio del combustible y los costos de reparación de las unidades.
Argumentaron que la situación está llegando a un punto insostenible y que el servicio está a punto de colapsar.
El secretario de Sitio Triángulo Verde, Adán Albarrán Parra, fue quien señaló que el estudio que realizaron quedó en olvido por las autoridades municipales.
Señaló que el estudio que realizó una empresa privada para ellos, les costó más de 200 mil pesos, por lo que les causa indignación que el Cabildo ni siquiera lo haya tomado en cuenta.
“Es un abuso la verdad lo que están haciendo; tomaron un estudio que hasta ahora desconocemos, pero claro que el de nosotros no”, subrayó.
OPOSICIÓN EXIGE SUBSIDIO
El regidor del PRD, Estuardo González Rodríguez, mantuvo su postura en contra de todas las aprobaciones realizadas en sesión extraordinaria.
Rechazó el incremento de 2 pesos a la tarifa y, a cambio, propuso que las autoridades del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de La Paz sean quienes subsidien una parte del pasaje que paga la ciudadanía.
La ideal del representante popular es que las autoridades sean quienes eroguen recursos para que se pueda mantener el precio del servicio en 10 pesos.
No negó que las condiciones actuales del sistema de transporte sí requieren de un aumento, pero sostuvo que si no se puede evitar este incremento, que los gobiernos cumplan con su parte en el tema.
Recalcó que por años los transportistas han asumido el 60 por ciento del subsidio del servicio para la ciudadanía y hoy se escatima con la oportunidad de renovar.
“Que se quede en 10 pesos la tarifa, pero el subsidio que lo pague la autoridad municipal o los entes de gobierno, porque son los responsables de garantizar el servicio. Su único pecado es que sean parte de ese pueblo bueno y sabio que carece de los recursos suficientes para contar con una unidad de año reciente”, comentó.
Asimismo, no coincidió con el argumento de que con este incremento de dos pesos se podrá ofrecer el servicio que la ciudadanía requiere.
“Hoy aquí se va a aprobar con mucho orgullo una tarifa de 12 pesos, con lo que esta empresa llamada Ayuntamiento cree que va a resolver la problemática de nuestros compañeros prestadores de servicio de transporte”, apuntó.
El regidor tampoco dejó a un lado la aprobación del Fideicomiso que, según autoridades, es la clave para que mejore la calidad de las unidades.
Hizo hincapié en que es necesaria la modernización; sin embargo, señala que esto no podrá ser posible en los términos que se presentó en el dictamen de la Comisión de Transporte del cabildo de La Paz.
“Es de verdad sorprendente que de pronto se crea que somos tontos, que no aprendimos a leer, y que hoy nos quieran vender la idea que con 500 mil pesos vamos a modernizar”, cuestionó.
Partiendo desde los argumentos del representante de la oposición, no alcanzará el recurso para adquirir nuevas unidades por lo que considera que esto se traducirá en una oportunidad para que empresarios se apropien del sistema.
“Se nos olvidó que nosotros fuimos usuarios para ir a la primaria, la secundaria, la preparatoria y a la profesional, porque muchos de nosotros usamos el transporte público para poder llegar a un destino que hoy nos tiene sentados aquí”, opinó.
Comparte la idea de concesionarios de que en estas circunstancias los transportistas se convertirán en empleados con una concesión, todo bajo el manto de una supuesta modernización.
UN GOLPE A LA ECONOMÍA
Usuarios del servicio de transporte se han manifestado en contra del incremento durante los últimos días en redes sociales.
Señalan que las condiciones económicas de La Paz y Baja California Sur que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mantiene una inflación por arriba del 7 por ciento, no son las más óptimas.
Por un lado, hay quienes expresan entender la situación de los choferes y que el incremento del precio de la vida en la entidad golpea a todos; sin embargo, también enfatizan que la situación económica no permite a la ciudadanía sostener un aumento en otro servicio público.
Recalcan que durante décadas se ha prometido una modernización de unidades y eso nunca ha ocurrido.
Para ejemplo la situación que imperó durante la administración de la exalcaldesa priista, Esthela Ponce Beltrán, cuando se dio el último aumento de tarifa en 2012.
En ese momento, el precio del pasaje general pasó de 8 a 10 pesos con la misma promesa que se hace ahora: la activación de un fideicomiso que garantiza unidades nuevas y de calidad.
La realidad es que nunca sucedió y el uso de este recurso público no se transparentó por parte de las siguientes administraciones municipales.
En este contexto, son estudiantes universitarios como Owen Cosío quienes comentan que este incremento representa un problema.
“Me afecta en el sentido de que económicamente yo me sustento; hay estudiantes que estudiamos, trabajamos y entrenamos, que queremos tener muchos logros. Siento que me repercute y perjudica a largo plazo”.
“Esos 10 pesos que tenía destinados para ir y regresar a casa y a la escuela te mueven un poco; yo a veces necesito comer en escuela porque a veces no alcanzo a hacerlo en casa, o pagar una copia de material que utilizo para la universidad”, expresó.
En este escenario, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, ha manifestado anteriormente su apoyo a las decisiones del Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero.
Sostiene que la modernización del transporte ya no puede esperar, mientras que a los concesionarios ha enviado mensajes para solicitarles que se abran al diálogo y que se acerquen con autoridades municipales para lograr acuerdos.
