La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad dejar sin efecto el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto. Con esta despenalización a nivel federal, instituciones que proporcionan servicios de salud, como IMSS, Isssste, Pemex, IMSS Bienestar deberán brindar gratuitamente el servicio del aborto a todas las personas con capacidad de gestar que lo soliciten.
Así lo anunció este 6 de septiembre de 2023 la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que presentó un juicio de amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.
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El recurso legal se basa en la sentencia emitida por el máximo tribunal del país en septiembre de 2021, sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila.
“Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte”, destacó la organización social.
En su cuenta de la red social X, la SCJN señaló: “La Primera Sala de #LaCorte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
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La SCJN recordó que en un inicio un juez de Distrito consideró que la asociación civil carecía de interés legítimo para promover el juicio; decisión que fue combatida y revocada por un Tribunal Colegiado, “tras reconocer que la quejosa sí contaba con interés para contravenir las normas impugnadas, ya que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos formaba parte de su objeto social”.
La Primera Sala de la SCJN concluyó en el amparo de revisión número 267/2023 que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona garante gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir.
“La Sala sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio”, señaló la SCJN, en un boletín
La SCJN también determinó “inconstitucional” la norma que impone suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución, ya que genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo y esto impacta directamente en el sistema de salud y en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
La Primera Sala determinó inconstitucionales aquellas normas que señalan que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, violación o por grave peligro de muerte.
Consideró que cuando una mujer víctimas de violación sexual decide abortar y es criminalizada por ello, le “genera un profundo daño y sufrimiento, ya que extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado -producto de un hecho traumático-, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos”.
Apenas la semana pasada, el estado de Aguascalientes despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la doceava entidad en hacerlo, con lo que el Congreso local deberá derogar los artículos declarados inconstitucionales sobre la interrupción del embarazo.
Aunque todavía faltan 20 entidades en despenalizarlo, GIRE ya presentó sendos amparos en aras de que sean cambiados los códigos penales estatales.
Según Paula Rivera Núñez, gerente operativa de la organización civil Telefem, el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en México y el mundo. Se calcula que cada año se practican 25 millones de interrupciones de embarazo de forma insegura a nivel global.
Consideró que aun cuando ya se ha despenalizado el aborto en algunos estados, como en Baja California, persisten barreras de acceso a procesos de interrupción del embarazo seguro, por la falta de capacitación del personal médico y de lugares que den acompañamiento.
