Un juez federal suspendió “cualquier trabajo” en la construcción del Viaducto Elevado Tijuana en la colonia Libertad, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo 1003/2023, promovido por un grupo de alrededor de 30 pobladores de la citada colonia.
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La resolución del juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Alexis Manríquez Castro se emitió el 11 de septiembre pasado. Señala que la suspensión provisional concedida es para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y se suspenda cualquier trabajo de construcción derivado de la Declaratoria de Utilidad Pública para la construcción del Viaducto Elevado Tijuana, publicada el 31 de julio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
“Lo anterior, a fin de que no se ocasione una alteración en la naturaleza y evitar un daño al medio ambiente irreparable”, en el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno en caso de que las autoridades responsables acrediten la existencia de un estudio de impacto ambiental debidamente presentado, validado o autorizado por las autoridades competentes, para identificar el riesgo o el daño al medio ambiente.
Además, la medida cautelar surtirá efectos hasta en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva del asunto, señala el documento al que tuvo acceso ZETA.
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Por otro lado, el juez concedió parcialmente la suspensión definitiva sobre la posible orden de desalojo y desposesión que reclamó el grupo de colonos, ya que sólo otorgó la medida a ocho predios que, “aparentemente, se encuentran inmersos en la superficie multicitada” (señalada en la Declaratoria de Utilidad Pública) y acreditaron lo estipulado en la Ley de Amparo.
Mayra Montoya, una de las personas que promovió el recurso legal, consideró como “un gran logro” la resolución del juez, ya que por casi un año las autoridades dicen que se va a hacer el Viaducto y niegan información, por lo que la ciudadanía ha “estado a ciegas”.
Las autoridades han mantenido “un absoluto silencio”, bajo el argumento de que los expedientes son reservados, “pero no debería serlo, porque las obras públicas se hacen con dinero del pueblo”, afirmó Montoya y adelantó que el próximo 20 de septiembre se llevará a cabo la audiencia incidental en la que el juez definirá si otorga o no la suspensión definitiva.
En el juicio de amparo, el grupo de pobladores de la colonia Libertad reclamó la inconstitucional orden de inminente desalojo y desposesión de sus posesiones y propiedades, por la construcción del Viaducto Elevado Tijuana.
Así como la afectación al medio ambiente por la ejecución del Viaducto; y todos y cada uno de las licencias, permisos o autorizaciones urbanas y ambientales para llevar a cabo la construcción del proyecto.
Reclamó también la omisión de las autoridades de establecer mecanismos de consulta pública y participación ciudadana en el proceso de planeación urbana, movilidad y afectación al medio ambiente. Entre ellos, la omisión de incorporar el proyecto estratégico de infraestructura vial y destino del suelo del Viaducto, dentro del proceso de audiencias y consultas públicas de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana.
Y la violación al derecho de acceso a la información, a la participación ciudadana y consulta pública, al omitir un mecanismo que asegure el conocimiento real, oportuno, accesible y suficiente de información para una participación efectiva en la formulación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana respecto al Viaducto Elevado.
