Alrededor de 200 habitantes de la colonia Enrique Peña Nieto, en Tijuana, denunciaron el intento de desalojo de sus propiedades y exigen al Tribunal Superior de Justicia el debido proceso legal con transparencia, justicia y legalidad en sus casos.
Fue a través de un presunto procedimiento legal que cientos de familias en estado de vulnerabilidad se asentaron hace 11 años en ese predio ubicado en Valle de Las Palmas, explicó Gabriel Pérez Torres, representante legal de los colonos; “la figura de latifundio ya no existe en la Constitución”, por lo que dijo, caminarán por una ruta jurídica en contra del particular que años después se ostenta como propietario.
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Gabriel Pérez Torres denunció que el agravio ocurrió sin haber realizado un juicio de por medio, a través de vías corruptas, intentando desalojar a mil 500 ciudadanos que han habitado la zona atentando contra sus derechos humanos. Asimismo, solicitaron la intervención de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Lo que nosotros queremos es que si nos quieren desalojar, que lo hagan legalmente, que nos lleven a juicio individualmente a todos”, señaló el ciudadano Santos Valdés, quien además manifestó que junto con sus vecinos se mantienen firmes en la decisión de no deshabitar sus hogares.
Y agregó: “Esos terrenos los donó el gobierno de Peña Nieto, y son terrenos federales, no es invasión, ni estamos invadiendo a un terrateniente o ejidatario”.
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Por su parte, la ciudadana Ruth Trejo señaló que tienen documentos donde se avala la pertenencia de sus predios, y realizó un llamado a investigar correctamente para que se haga justicia.
Sin embargo, durante la mañanera realizada en Tijuana el miércoles 30 de agosto Saúl Gregorio Osnaya López, Director General del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) declaró: “En algún momento, el INDIVI de la administración pasada le dio algunas cartas que no tienen una validez legal a las personas, generando una expectativa muy grande, en razón que pudieran regularizar su patrimonio con esas cartas; entonces, comentarles, que esas cartas fueron un engaño en el INDIVI de la administración pasada”.
De igual forma, comentó que actualmente el predio se encuentra en propiedad de tres distintas personas: “Miguel Ángel Puente, Ejido Ojo de Agua y un tercer propietario de quién no tenemos el nombre”.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala señaló: “Se ha logrado en estos momentos que no se genere ninguna circunstancia de desalojo para propiciar la revisión legal y construir los acuerdos y no salgan afectadas ni las partes, ni los propietarios, ni las familias y construir acuerdos con ellos”.
El grupo de colonos fue atendido por Zavala el pasado viernes 1 de septiembre, a su salida. Pérez comentó que el desalojo sigue en pie, y agregó: “una carta de un gobierno que te entrega tiene validez, siendo de un gobierno cuál sea”.
Sin embargo, fuentes cercanas a ZETA compartieron que el plazo para el desalojo se extiende un plazo de 30 días más. Mara Yáñez
