La comparecencia del Concejo Fundacional de San Quintín ante el Congreso del Estado fue una masacre. Diputados de todos los partidos aplastaron los argumentos de los representantes del sexto municipio
El Concejo Fundacional de San Quintín fue al matadero. El miércoles 20 de septiembre, el Poder Legislativo recibió al organismo colegiado encabezado por Jorge Alberto López Peralta para “aclarar” graves observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado en el manejo del recurso público de dicha localidad, que el próximo año debería contar con un gobierno electo.
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Diputados de todas las fuerzas políticas acudieron a dicha comparecencia vía remota o presencial para escuchar la defensa del cuerpo fundacional, debido a que -en mucho tiempo- es una de las cuentas más observadas (aproximadamente 40) en época reciente, donde se presume el otorgamiento de bonos de fin de año irregulares, licitaciones y adjudicaciones directas, violando el debido proceso, vehículos adquiridos a empresas blindadas, entre otras tantas fallas administrativas.
El cuerpo edilicio emanado del partido Morena, acudió para presentar sus justificaciones, pero lo que encontró en los diputados fue una verdadera masacre, un acto hostil que concluyó con reclamos que -incluso- cuestionaban que su gobierno representara los intereses de la Cuarta Transformación, al grado que el cuerpo colegiado decidió no tomarse la foto oficial y se retiraron del recinto sin compartir palabras con legisladores.
El diputado panista Diego Echeverría lo presionó por los bonos de fin de año que superan los 130 mil pesos y se otorgaron durante 2021, cuando dichos funcionarios son considerados patrones y no son acreedores a dicho emolumento.
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También los cuestionó por ser el segundo grupo de regidores que mayores ingresos percibe (63 mil pesos al mes en este momento y más de 70 mil en 2021), sólo por debajo de Tijuana, cuya responsabilidad es aún mayor sólo por la población.
“Una deficiente administración municipal y desconocimiento de la Ley. Los funcionarios públicos deberán percibir una remuneración adecuada, irrenunciable y acorde a su responsabilidad”. La diputada Dunnia Monserrat Murillo López fue quizá la más agresiva en contra del propio cuerpo colegiado, a quienes acusó de mentir y tener una administración deficiente, con un aumento en la criminalidad, pues en 2022 se documentaron 22 asesinatos, y en sólo nueve meses de 2023 contabilizan 20.
El diputado Juan Manuel Molina también mostró una postura agresiva y las respuestas de López Pereda fueron endebles. Lejos de disminuir su discurso, los diputados presionaron aún más y exigieron respuestas, mismas que resultaron insuficientes.
“Hay hechos consumados que no podemos revertir”, fue una de las justificaciones del edil, quien sostiene un evidente enfrentamiento político con la legisladora Murillo, quien radica en San Quintín y precisamente solicitó dicha comparecencia que concluyó en un agresivo ataque contra el nuevo municipio.
Sin embargo, el circo mediático realizado en el Congreso del Estado debe concluir en una situación tangible, en una sanción, en hechos que dejen un precedente para evitar que el manejo del recurso público por parte de un gobierno municipal sea tan deficiente.
Debe haber denuncias, reformas legales y garantías para que las acciones no solventadas sean subsanadas, de lo contrario, podemos considerar que Morena ha utilizado -nuevamente- un escenario político para perjudicar a sus rivales políticos y favorecer los fines específicos de un grupo, entendiendo que la propia diputada morenista tiene un claro interés en la alcaldía del sexto municipio.
A la fecha, San Quintín no ha solventado las graves omisiones de su administración durante el primer año.
