A las autoridades estatales de Baja California, particularmente las de Seguridad, les ha dado por evadir los temas y problemas que acontecen al interior de las corporaciones y el sistema. De hecho, intentan minimizar la información -o de plano esconderla- cuando se trata de gazapos cometidos por ellos o de amenazas. Fue el caso de la semana pasada, cuando el jueves 24 de agosto trascendió, de manera extraoficial por parte de custodios del penal de El Hongo -porque información oficial no hubo- que un reo acusado de violación se había fugado de esa cárcel. Hecho inédito, pues nadie había logrado escapar al encierro en cualquiera de los edificios del complejo de El Hongo, Centro de Reinserción Social que contaba con certificación en la Asociación de Correccionales de América… durante anteriores administraciones. Aparte que no hubo información oficial, el secretario de Seguridad, General Leopoldo Aguilar Durán, de quien por cierto no depende el sistema penitenciario del Estado, declaró el mismo jueves que no se trata precisamente de una fuga, sino de un preso que estaba ausente del pase de lista y que, de verdad, lo buscaban al interior del penal. A los dos días, el 26 de agosto, la Secretaría de Seguridad de Tijuana emitió un boletín anunciando oficialmente: “La Policía Municipal de Tijuana detiene al reo que se fugó del Complejo Penitenciario de El Hongo”. Lo arrestaron la noche del viernes 25 en la zona de Playas de Tijuana. Entonces resultó, que, efectivamente, se asuentó del pase de lista, pero no porque se hubiese perdido o escondido en las instalaciones del penal, sino porque, como se informó extraoficialmente, se había fugado. Lo que intentó el secretario de Seguridad fue evadir el tema, minimizar la primera fuga de El Hongo para cubrir a un gobierno y una comisión estatal del sistema penitenciario que, hasta un día antes de la fuga, la titulaba la ahora fiscal María Elena Andrade, que tienen en el abandono los penales del Estado. Unos días después, tampoco hubo información oficial sobre las detonaciones de arma que criminales hicieron a la casa del recién nombrado comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (antes PEP), ni de la amenaza que narcotraficentes le dejaron junto con una corona fúnebre. Ocultando información, evadiendo pifias y minimizando problemas graves al interior de su estructura, este gobierno pretende cambiar la realidad: que Baja California es un Estado inseguro, violento y sin autoridad capaz de dar cara a ese contexto criminal, de frente, con operativos y acciones.
La “limpia” de Bienestar
Antes de que se diera a conocer un audio en el cual se exhibe a Valeria Oseguera Herrera, coordinadora de Bienestar -dependencia en poder de Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán- ya había problemas que anunciaban la salida de al menos tres funcionarios de segundo nivel y unos más de la tropa. Resulta que previo al escándalo de Bienestar, Jáuregui fue cuestionado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda debido a actividades irregulares dentro de la secretaría, ya que se había detectado por áreas administrativas y de control, un sistema perpetrado por trabajadores conocidos como Servidores con el Corazón por Delante, quienes simulaban entregas de apoyos, pero estos no llegaban a destino final. Las cuentas no les dieron y resulta que prácticamente todo el equipo de Bienestar tenía pleno conocimiento de la movida, y al no poder comprobar las entregas, se les pidió el cese de varios funcionarios. Oliver Tonatiuh Herrero Soto, subsecretario de Bienestar; José Antonio Olivas Arredondo, director administrativo y José de Jesús Franco Cázares, director de Fortalecimiento Social, son los tres funcionarios que ya tenían los días contados desde antes que el audio fuera exhibido públicamente. Curiosamente, el plan era ascender a Valeria a la subsecretaría de Oliver, pero tras ser expuesta realizando tácticas gansteriles para obligar la entrega de apoyos sociales en favor de Adán Augusto López Hernández, sus aspiraciones a una diputación federal fueron desechadas. Lo interesante es que la intención de Netza Jáuregui no era una acción de mano dura contra la corrupción; por el contrario, pretendía darles una salida digna para enfriar sus nombres y evitar una investigación en su contra. El titular de Bienestar estatal negó los cambios en entrevista realizada el domingo 27 de agosto, pero esos ya estaban concertados. Al mandamás de Morena lo dejaron sin equipo, así que ahora veremos de quién se hace para mantener la estructura electoral del partido, de cara al siguiente proceso electoral.
Desterrados
Armando Reyes Ledesma, diputado federal por el Partido del Trabajo y la diputada local Claudia Agatón Muñiz, comenzaron un movimiento propio, llamado Grupo Político con Sentido San Quintín, que sacaron a la luz el sábado 26 de agosto en magna reunión en ese municipio que tendrá sus primeras elecciones municipales el próximo año. Durante el evento, la gobernadora Marina del Pilar Avila fue la madrina, y los diputados, por primera vez en más de 20 años de dirigencia, omitieron mencionar al partido que los vio progresar política y económicamente, el PT. Esto sucedió luego de la intromisión del senador Jaime Bonilla Valdez, a quien la dirigencia nacional entregó la concesión del PT en Baja California. El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, ha excluido al dúo Agatón-Reyes, quitando a su gente los nombramientos de representantes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral, sustituyendo al diputado petista Julio César Vázquez, de la coordinación de la fracción parlamentaria en el Congreso Local, nombrando en su lugar a Marco Blásquez. Con Jaime Bonilla a la cabeza del PT y bonillistas en las figuras legales del partido ante las instituciones electorales y del Congreso, los antiguos usufructuarios de ese instituto político están prácticamente expulsados. Reyes y Agatón lo saben, por eso, mejor anticipan un nuevo movimiento político… de mano de la gobernadora Ávila.
