El departamento jurídico del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) analiza la posibilidad de presentar alguna queja contra el Ayuntamiento de Tijuana, por las pérdidas económicas generadas por la clausura del estacionamiento en la terminal aérea por siete días.
El administrador del Aeropuerto de Tijuana, Eduardo González Pérez, dijo que están determinándose las afectaciones económicas. “No tenemos una cifra exacta, porque no estuvimos haciéndole cuentas a cada vehículo que salía y en consecuencia tampoco sabíamos cuánto tiempo estuvieron adentro del estacionamiento”. No obstante, por día se tienen ingresos superiores a 500 mil pesos.
Interrogado sobre el señalamiento de la autoridad municipal respecto a que la empresa carece de póliza de seguro para los usuarios en caso de algún percance dentro de las instalaciones, así como la falta de licencia de operación, González Pérez se limitó a decir:
“Nosotros cumplimos con la Ley Aeronáutica Federal como una instalación federal concesionada. Nosotros a quien atendemos es a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y hemos estado en cumplimiento permanente”.
En entrevista con EZENARIO, el ejecutivo negó que hubiera habido un cable suelto como lo había manifestado la autoridad, y dijo desconocer la multa impuesta por la administración de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
El jueves 31 de agosto pasado, el Ayuntamiento de Tijuana retiró los sellos de clausura en el estacionamiento de la terminal aérea, luego de ser notificado que el juez Decimosegundo de Distrito Alfonso Javier Flores Padilla otorgó una suspensión provisional a favor de la empresa Aeropuerto de Tijuana, S.A. de C.V., en el juicio de amparo 1038/2023.
En el recurso legal (presentado el 28 de agosto) contra la verificación del estacionamiento público de la terminal aérea, efectuada por la Dirección de Inspección y Verificación, se argumentó que dicho predio es parte del servicio público concesionado para la operación de la terminal aérea.
Postura que reprobó la Consejería Jurídica del gobierno municipal. En una tarjeta informativa para ZETA reiteró que el Aeropuerto “pretende operar de manera irregular el estacionamiento al no contar con los permisos y licencias y medidas de seguridad que exige los reglamentos municipales”.
“Este argumento lo viene haciendo valer Aeropuerto de Tijuana S.A. de C.V. desde el año 2000, evadiendo de esa manera su responsabilidad de pagar el impuesto predial en áreas privadas y que no forman parte de la concesión o el servicio público que le fue otorgado”.
Refirió cuatro amparos directos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, lo que “confirma” que la quejosa “no es una empresa responsable socialmente con la ciudad de Tijuana al evadir el cumplimiento de las licencias y permisos para la operación del estacionamiento.
