Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), anunció, el 28 de agosto de 2023, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual, según ella, “se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez”, además de que “considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia”.
En sesión pública solemne y conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta destacó que en dicho proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se encontraba una “justificación legal, razonable, racional y honesta”, para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó Piña Hernández.
Asimismo, la ministra informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del presente año, el PJF solicitaba un incremento real del 4 por ciento, respecto del presupuesto aprobado para el 2023. “Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto [PIB] de nuestro país”, explicó.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 del PJF, fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados, “considerando ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad”.
“El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que nos obliga, a todos los funcionarios públicos, el artículo 134 de nuestra Constitución”, indicó la ministra.
Además, Piña Hernández destacó que durante los últimos años el CJF había visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en comparación con otros entes públicos.
Ello debido a en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto habían disminuido 15.4 por ciento en términos reales, lo que, sin embargo, “no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión”, insistió la ministra.
En lo que respecta al TEPJF, Piña Hernández mencionó que el proceso electoral 2023-2024 implicaría la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular, lo que “exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral”.
Respecto al presupuesto asignado al CJF, la ministra informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en el 2024 se habría de resolver 1.3 millones de casos nuevos, además de que se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más, para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad”, dijo Piña Hernández.
“La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”, detalló la ministra presidenta de la SCJN y del CJF.
Ante los 21 funcionarios del PJF en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura en el país, Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México, “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.
La ministra aclaró que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representaba, en promedio, 1.8 pesos diarios por cada mexicano. Ante ello, subrayó que el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debía ser negociable.
Aunado a lo anterior, Piña Hernández advirtió que tratar de asfixiar al Poder Judicial de la Federación, a través de un recorte presupuestal, colocaría a los más vulnerables en una condición de desventaja para acceder a sus derechos.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, enfatizó la ministra.
“Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”, añadió Piña Hernández.
El PJF solicitó para el ejercicio fiscal de 2024, un aumento real del 4 por ciento, respecto del presupuesto aprobado para el 2023, que fue de 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos, por lo que ahora buscaría el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que representan 84 mil 792.4 millones de pesos.
De dicho total, 6 mil 091.1 millones serían destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que 74 mil 793.3 millones de pesos irían al Consejo de la Judicatura Federal y 3 mil 890 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tiene como facultad aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a más tardar 20 días naturales después de aprobado.
