Terna de candidatos a fiscal debía incluir personajes que no hayan pactado con criminales, sin sospechas en su contra, con sagacidad para enfrentar corrupción que impide coordinación en mesa de seguridad… Pero no
Dada la abrupta forma en que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, retiró al ex fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez del encargo, puesto en el que ella lo impuso casi 17 meses atrás, pidiéndole la renuncia a Guillermo Ruiz, designado titular de la FGE el 1 de noviembre del 2019, por un periodo de cinco años (seis para el siguiente), lo primero que deberían dejar claro la mandataria y el nuevo procurador debe ser lo relacionado con la falsa autonomía.
De acuerdo a la Ley que violentan con singular tranquilidad, un fiscal puede ser removido y/o destituido sólo por causas de responsabilidad penal o administrativas “graves”; y ser denunciado, no pedirle la renuncia. Porque como un órgano técnico, responsable de procurar justicia con imparcialidad, firmeza, apegado a derecho, no debería estar sujeto al contentillo del titular del poder ejecutivo.
Así que convendría que la o el funcionario designado, y el resto de los gobernados, fuéramos enterados de los requisitos de prontitud y eficacia que el fiscal debe cumplir para beneficiar a los bajacalifornianos y mantenerse en el equipo.
Hasta donde se sabe públicamente, la obligación en materia de violencia no luce ambiciosa. Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de Seguridad estatal, declaró que, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, lo principal es reducir la incidencia delictiva un 30 por ciento.
Bajo ese parámetro, ninguno ha cumplido, porque las denuncias totales de este 2023 son 25 por ciento más que en el primer año del ex gobernador Bonilla, y 17 por ciento más que el segundo año.
El promedio de ocho mil 964 denuncias mensuales que se registran actualmente, requiere un fiscal que, además de conocimiento, tenga valor y principios; no un personaje pusilánime, que diga a todo que sí, que no dé el extra y no se esfuerce por lograr mejores condiciones para los gobernados. Como esos funcionarios de la misma fiscalía, que extraoficialmente se la pasan quejándose de que no pueden hacer más porque el jefe los bloquea, pero públicamente se quedan callados para no perder el hueso.
La terna de candidatos a fiscal que envió la gobernadora al Congreso, debía incluir personajes de honestidad, sin lugar a dudas, con la dignidad de no pactar con el crimen y no haberlo hecho en el pasado, así como la sagacidad y la habilidad para enfrentarse a la corrupción que actualmente impide la coordinación real.
Porque el o la nueva funcionaria deberá navegar en el mar de desconfianza en el que se ha convertido la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Baja California, en la que ninguna de las autoridades representadas comparte información importante.
¿Cómo van a confiar si las mismas autoridades se rodean de delitos sin resolver?
Por ejemplo, desde el robo-extorsión y el atentado contra la escolta de la alcaldesa Montserrat Caballero, de Tijuana, el resto de las corporaciones sospechan en voz alta que la Policía Municipal está con el Cártel de Sinaloa.
El general Jorge Martínez Medina, coordinador de la Guardia Nacional, tampoco está bien ranqueado, tras la constante participación de los elementos federales en extorsiones, asaltos domiciliarios, protección de “polleros”, privaciones de la libertad de sujetos que después aparecen muertos, y robos de droga presumiblemente planeados por el Cártel Arellano.
También les pareció sospechoso que varias semanas atrás, el Ejército fue informado de la presunta presencia del traficante y homicida apodado “El 27”, en un inmueble en la zona costa bajacaliforniana, quien finalmente no fue capturado. Y hace poco, un presunto convoy de autos y elementos de la FGR, supuestamente protegiendo y trasladando a otro narcotraficante por el valle de Ensenada, a Héctor Manuel Gil García “El Kado”, del CAF.
Además, a quien designen titular la FGE, debe tener mano dura para combatir la pudrición interna, dado que el golpeado prestigio de la fiscalía no necesita otro secretario o agente del ministerio público detenido cruzando droga a Estados Unidos.
De igual manera, la empatía y solidaridad requieren ser consideradas. Urge un fiscal que atienda a la ciudadanía: no sólo a los empresarios, también a los consejos de seguridad, a los colectivos de desaparecidos, a las víctimas de fraccionadores corruptos, a los denunciantes en general, y no los deje esperando una, dos, cuatro o seis semanas por una cita; que los escuche y responda con honestidad a la factibilidad de sus propuestas, y no los engañe con falsas promesas. Ya hay mucho de eso en otras secretarias.
El exfiscal Carpio se fue el 10 de agosto del 2023 sin dar explicaciones y la FGE emitió un boletín argumentando motivos personales. El día 11 el congreso aceptó la renuncia, a partir de entonces, la gobernadora Ávila tenía 20 días para mandar la terna que envió la tarde del 17 de agosto. Ahora, los diputados tendrán cuatro días para designar al titular o rechazarlos y esperar otras propuestas.
La gobernadora recordó que la Constitución exige alguien honesto y comprometido, con más de 10 años de experiencia, conocimiento en investigación y prevención del delito. Aseguró que harían un análisis concienzudo antes de enviar la terna. Porque tras la renuncia, ella y algunas agrupaciones de abogados han mencionado listas, en las que algunos nombres causan escozor, miedo y preocupación.
Pero resultó que no se molestaron. En lugar de preponderar la búsqueda de alguien dentro de la FGE que tuviera resultados probados, Ávila optó por la cercanía personal y envió una terna con los nombres de: José Antonio Lozano ex procurador de Tecate; Rafael Orozco Vargas, el hasta hoy gris fiscal central, con quien se lleva bien; pero la lista está evidentemente encabezada por su ex secretaria de Seguridad municipal, María Elena Andrade, con quien ha disfrutado públicamente destacar el tema de género.
Como se trata del puesto de fiscal responsable de procurar que el culpable sea detenido y sancionado y el daño reparado en lo posible, no se vale sólo decir que tal o cual personaje ha tenido buenos resultados como funcionario, sin mostrar evidencias; ahí están los archivos ministeriales, los testigos hemerográficos que pueden y deben ser revisados.
La Ley habla de un procurador autónomo, pero es evidente que, con el Congreso a su servicio, la gobernadora puede reformar esa parte cuando se le venga en gana. Ante la importancia y delicadeza del tema de seguridad, se puede intentar entender que doña Marina requiera un personaje de todas sus confianzas, pero tendría que marcar límites evidentes y claros, porque el o la fiscal, no puede quedar convertido en un títere sometido a los deseos, necesidades, aspiraciones, voluntad, filias y fobias del Poder Ejecutivo.
