El actual titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California, Rafael Hernández Murrieta podría ser removido de su cargo; así lo dejó entrever la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se reunió el viernes 18 de agosto con los 11 colectivos que tenían tomadas las instalaciones de la organización.
“Vamos a hacer varios movimientos porque es un área tan sensible que se requiere la comunicación con todos los colectivos no con unos sí y con otros no. ¿Qué queremos hacer? Una renovación en el ánimo de estar más sensibilizados con los colectivos sin necesidad de que existan estos enfrentamientos entre los propios colectivos”, declaró la mandataria estatal.
Lo anterior en alusión al reclamo de los colectivos añadidos al Movimiento Estatal Unidos por los Desaparecidos de Baja California, que acusaban a Murrieta de atender a unos cuantos colectivos y no a todos como debía ser; incluso señalaron que en el tiempo que ha sido comisionado llegó a cancelarles 50 búsquedas sin motivo válido alguno, así como no brindarles el equipo necesario para realizar sus búsquedas, ya que estese encuentra en Mexicali. Además, en enlace en vivo quedó en evidencia el deplorable estado del poco equipo que tiene la Comisión en Tijuana: racers chocados; lancha sin usar, descarapelándose al ser de pésima calidad; y camionetas de traslado con vidrios rotos y llantas ponchadas.
Sin embargo, la gobernadora aclaró que los movimientos de personal en la Comisión deberán esperar a la publicación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada para Baja California, pues esta sentará las bases y requisitos que deberán tener los nuevos candidatos.
“Vamos a esperar la publicación de la iniciativa, que debe de estar en el próximo mes. Primero es la publicación de la Ley; ¿ya para qué hacemos cambios?, mejor nos esperamos a los nuevos requisitos que están en la escala de la nueva Ley”, mencionó Ávila Olmeda.
La Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas en Baja California consta de 83 artículos que están basados en el contexto de esta entidad, según la diputada Rocío Adame se espera subir el proyecto de ley al pleno en octubre de este año y que nazca con un presupuesto mínimo de entre 17 a 24 millones de pesos.
La toma de las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda en Tijuana por parte de colectivos del Movimiento Estatal Unidos por los Desaparecidos de Baja California duró un mes, desde el pasado 17 de julio hasta el 18 de agosto. Su reclamación era clara: “la cabeza del comisionado”, pues acusaron: “antes trabajábamos a gusto, pero con este señor no se puede trabajar; es más no se puede ni hablar porque no te contesta del tema”, señaló José Fernando Ortigoza, presidente del Movimiento.
