Con la libertad que le concedió el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, el 24 de mayo de 2023, Alina Narciso, no recuperó ni su seguridad social, ni su trabajo, ni un trato laboral justo en la Policía Municipal de Tijuana, a la que sirvió hasta el día en que fue detenida.
Su historia, muy mediática, pues su caso no fue investigado y abordado con perspectiva de género, tiene como cénit de la tragedia el 4 de octubre de 2022, cuando fue sentenciada a 45 años de prisión por el Juez de Control Daniel Aguilar Patiño.
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Tres años antes, en 2019, había sido detenida luego de que, en defensa propia, asesinó a su pareja, Rodrigo Juárez Arellanes, quien, como ella, era agente de la Policía Municipal de Tijuana. Alina había entrado a la comercial en 2018 y el año de su detención ya servía en la activa municipal.
Rodrigo Juárez era su supervisor cuando iniciaron una relación sentimental, la cual, reflexiona Narciso, nunca fue pacífica. Había peleas, celos, golpes y abuso psicológico.
Por ejemplo, refiere: “cuando metemos (los policías) una turnación de alto impacto porque agarramos a una persona con arma o por homicidio, nos dan un día de trabajo, pero él no me lo quería dar porque no quería sentir esa inseguridad de en dónde yo estaba. Yo no lo percibía como un problema, yo lo veía como la víctima; me contaba que sus novias lo trataban de cierta manera y que le habían sido infiel, por eso lo veía como víctima y muchas cosas le justifiqué por eso”.
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De igual manera, le tenía “prohibido” interactuar con otros hombres: “¿para qué le hablas?”, “¿para qué te arreglas?”, “¿a quién vas a ver?”, “¿para qué lo saludas”?, “¿lo conoces?”, eran algunas frases que escuchaba. Pero a pesar del maltrato, Alina y Rodrigo se fueron a vivir juntos. Ahora ella refiere: “fue mal desde el primer día… (cuando) nos quedamos en ese departamento fue la primera grosería como tal que me dijo. Estábamos poniendo unos cartones en lugar de cortinas, porque no teníamos; cuando yo estaba poniendo el cartón la escalera se resbaló y me dijo: ‘estás bien pendeja’”.
De las agresiones eran conscientes otros compañeros de trabajo que la observaron con moretones, pero nadie la apoyó. Alina decidió separarse de Juárez y solicitó cambio de turno y de horario para evitar enfrentamientos, pues ya temía por su vida; sin embargo, regresó con él.
Justificó: “Él era supervisor y tenía acceso a las listas de firma; supo mi horario y todos los días durante una semana estuvo presente afuera de la casa de mi mamá a las puras 12 que yo llegaba. Al principio, nos veíamos y platicábamos, era inevitable; después fue poco a poco. En el trabajo también aparecía; siempre estaba al pendiente a pesar de que el jefe le había prohibido entrar al área donde yo estaba”.
Alina aceptó volver a la relación con una serie de condiciones, como el que dejara de beber, asistiera a terapia y dejara de ser violento, algo que no ocurrió y escaló hasta el punto en que ella tuvo que defender su vida, la noche trágica del 12 de diciembre de 2019.
De esa noche, refiere: “Él me despertó con el arma en la cabeza, por eso yo hablaba de que no fue una pelea ni una discusión; fue una agresión directa porque yo estaba dormida. Lo único que yo pensaba era que él era más fuerte que yo. Mi pensamiento era que iba a morir; al ver yo una oportunidad de que no fuera así, la tome. Cuando disparé la primera bala y se esfumó el humo, no me cabía en la cabeza pensar ‘la droga o su fortaleza o no le di’; no, porque tu visión se nubla y no ves. Yo solamente escuchaba que él me seguía amenazando… ni siquiera podía entender en su totalidad todo lo que me decía”. Le disparó al menos cinco veces hasta detenerlo.
Esa misma noche, Alina fue detenida, luego de que ella y su madre llamaran al 911 para informar de lo sucedido. Más tarde fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana, donde permaneció en prisión preventiva casi tres años, hasta que se le dio sentencia.
El día de su sentencia, la joven esperaba salir en libertad. Su abogado y ella habían demostrado que actuó en legítima defensa: acreditaron golpes y moretones que tenía en sus brazos, tórax, cuello y restos de sangre en su boca, lesiones certificadas por peritos médicos de la Fiscalía General de Baja California (FGE).
“Durante el juicio oral vimos que había mucho favoritismo hacia mi contraparte y empezó a haber un poco de temor. Cuando se dio la sentencia fue algo demasiado difícil ver a mi madre romperse y a los medios con las manos caídas, como si fueran ellos los que se fueran a quedar ahí presos; fue algo horrible. Fue lo peor que viví”, expresó.
Ya en prisión, primero estuvo una semana en celdas de iniciados, y posteriormente en las de seguridad. Tras las rejas se desempeñó como estilista, haciendo manualidades, bordado y, junto con otra reclusa, encabezando una iglesia cristiana.
Sobre estas vivencias, reflexiona: “Al año empecé a ver lo bendecida que era de estar viva al ver tantos casos de mujeres que morían a diario. Pensándolo fríamente, no había posibilidad de que yo saliera con vida; era casi nula contra una persona de naturaleza fuerte (Rodrigo), que ha hecho pesas, que entrenaba rugby, que estaba tomado y drogado y que tenía un arma. Mis posibilidades eran casi de cero”.
NO LA REINSTALARON Y OFRECEN FINIQUITO DE 20 MIL PESOS
Cuando casi cuatro años después, los magistrados del TSJBC determinaron su libertad, “no lo creía; mi madre tampoco; estamos agradecidas y felices. El primer día que estuve en libertad, incluso el primer mes, si pasó por mi mente el ‘ya no sé qué es más difícil, si estar allá dentro o salir en libertad’, porque fue un cúmulo de procesos empalmados personales, familiares, económicos, espirituales, de todo tipo, porque no estábamos preparadas para una libertad tan pronto”.
“Tenía yo una vida antes de juntarme, tenía una vida cuando me junte, tenía una vida antes de entrar a la cárcel e hice otra vida dentro de la cárcel; entonces yo salgo y tengo que hacer como un híbrido de todo lo que he vivido y retomar mi vida”, compartió.
En lo primero que pensó fue en retomar su vocación como policía. Pero se topó con el nulo apoyo y aceptación por parte de sus superiores, quienes a la fecha ignoran su petición.
Explica: “Cuando llevé mi documento de reinstalación hubo una manera de ser un tanto compleja, no fue tan fácil que me recibieran el documento; yo sentía esa renuencia como aceptarlo de mala gana”.
“En estos momentos estoy en la lucha de mi finiquito, he hablado directamente con la alcaldesa y hasta ahorita se menciona que se me va a dar un apoyo, pero no he palpado hasta ahorita ese apoyo de ninguna manera. Hay un pago de finiquito que la propuesta que se me hizo es bastante baja, apenas y alcanza a cubrir el aguinaldo que yo no percibí en 2019; yo percibí el 60 por ciento”, reveló.
Según Narciso, la cantidad que se le adeuda asciende entre los 60 y 90 mil pesos, de acuerdo a los cálculos de su abogado por el tiempo de servicio que prestó, así como el adeudo de las prestaciones de tres años y medio; sin embargo, hasta ahora la oferta hecha es de 20 mil.
El rechazo de sus ex jefes y la presión económica de no tener casa ni trabajo para ayudar a su hermano y madre, la orillaron a tomar la oferta de empleo que le ofreció el Estado en una de sus dependencias, cuyo nombre se reserva por seguridad. Pero no descarta unirse de nuevo a alguna corporación municipal, pues su deseo es ayudar a evitar que lo que le ocurrió se repita, razón por la que también está trabajando para dar pláticas acerca de cómo identificar que se es víctima de violencia.
“Estamos trabajando en esto una psicóloga y otra compañera que vivió una situación similar; de hablar de cómo te vas a sentir, cómo te identificas, cómo sabes que estás en un círculo de violencia. En Tijuana yo he percibido mucha apatía por estos temas, pero es algo que nos afecta a todos”, aseguró.
Considera que tampoco a Rodrigo Juárez lo apoyaron: “a la Secretaría le correspondía el apoyo a él, yo he manifestado que lo considero también como una víctima del sistema porque como elementos de seguridad pública le corresponde al Ayuntamiento darnos ese apoyo. La Secretaria falló en el apoyo hacia él porque nunca detectaron su alcoholismo, ni que utilizaba drogas, ni que estaba mal psicológicamente; entonces todo lo que él vivió a través de la Secretaría, toda la violencia que se llevó del trabajo a la casa, yo pagué por eso como pareja. Y sé que hay muchas esposas de policías que están pagando por la violencia que sus parejas arrastran desde la policía a la casa”.
La joven ex policía aseguró que teme que casos como el suyo y el de otras mujeres sigan aumentando: “Ya pasó el caso de este compañero que lesionó a su esposa, (quien) falleció y él se autolesionó. Han sucedido casos así, que creo que no podemos evitar enlazarlo porque se habla de los mismos patrones y perfiles de los oficiales. Siento que existe un grado de apatía; lo hemos visto mucho, sólo les interesan las cifras y detenciones”.
Durante su estancia en el Cereso, Alina conoció a cuatro mujeres que pasaron por lo mismo que ella; una lesionó a su pareja al intentar defenderse mientras este la agredía. Dos ya están libres, y dos más continúan a la espera de recibir la resolución de su caso.
“Tengo el dato de una persona que en la resolución de su apelación van a aplicar como referencia mi caso. Mi sentencia ya es base para dar otros resultados. Ya hay dos chicas en libertad que tengo conocimiento y dos que están a la espera de una resolución, pero ya les mencionaron que va a ser con referencia a mi caso”, comentó.
En Tijuana de octubre de 2022 a julio de 2023 se ejecutaron más de 10 mil 600 órdenes de protección a mujeres, la mayoría por violencia familiar. Sólo en este municipio, la FGE ha registrado más de siete mil 835 denuncias por el mismo delito.
