Desde el 30 de junio, cuando los diputados de la XVI Legislatura presentaron la reforma electoral, ahora llamada “Ley de Procedimientos Electorales”, se advirtieron diversas omisiones en las garantías para que personas que pertenecen a grupos o sectores vulnerados puedan llegar a ocupar cargos de elección popular en 2024.
A pesar de que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), durante la presidencia de Rebeca Barrera Amador, inició con un auge de progresividad, marcando como obligatorio que personas afromexicanas, indígenas, de la diversidad sexual y con discapacidad llegaran a los cabildos y al Congreso del Estado, el dictamen presentado en un inicio olvidaba -convenientemente- estos avances.
La diputada, Eufrocina López (Morena), representante de la comunidad indígena; el diputado, Juan Pérez Cayetano (Morena), por parte de la comunidad afromexicana en la entidad; y la diputada, María Guadalupe Higuera Moreno (Morena), en representación de la comunidad LGBT+, son ejemplo de ello.
Gracias a los acuerdos del IEEBCS, los grupos vulnerables lograron la garantía de representación en 2021.
Es por ello que la reforma causó controversia entre expertos en material electoral, defensores de derechos humanos y la prensa local.
Los diputados fueron cuestionados durante el último mes sobre los retrocesos que se venían para Baja California Sur si el dictamen se aprobaba sin modificaciones.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, reconoció que, previo a la votación, la reforma no contenía la progresividad del derecho adquirido.
“A lo que el IEEBCS se refirió es la progresividad del derecho. Tiene razón, la ley es garante de la participación política; la reserva de la representación política es un tema que aún no está contenido en ninguna ley”, declaró.
“Sin embargo, coincidimos en que los derechos deben ser progresivos y si la diversidad sexual ya tiene un espacio garantizado, o que el OPLE en su momento a través de una acción afirmativa le garantizó un espacio en los cabildos y en integración del Congreso del Estado, creo que a partir de ahí debe ser el piso, no el techo que debemos tener en los grupos prioritarios”, comentó.
Un día antes del análisis y votación del dictamen, confirmó que la Ley Electoral sólo garantizaba la participación de grupos vulnerables, mas no designaba un distrito en específico para que la representación sea obligatoria por ley.
Tras presión de la prensa, el diputado confirmó que ya analizaban nuevas modificaciones para garantizar que la reforma contemplara la progresividad del derecho de representación de grupos vulnerables que se adquirió en 2021.
“Estamos trabajando para ver cómo sí tendríamos que hacerlo. Lo que sí establece la ley es que se mandata a los partidos que en el registro de candidaturas tienen que incluir a una mujer, a personas de la comunidad indígena, de la diversidad sexual, afromexicanas…”.
La inquietud que dejó en el aire el primer dictamen presentado corrió entre la escena política de Baja California Sur, ya que este pendiente legislativo es el más importante de la XVI Legislatura como para olvidar agregar avances electorales, como los que ya lograron en los últimos años.
MODIFICAN Y APRUEBAN LA NUEVA LEY
La lucha para validar y hacer legal la participación y representación de grupos vulnerables en Baja California Sur permeó al grado de que el 22 de julio de este año, los diputados trabajaron para incluir el avance antes reclamado.
No dudaron en hacer hincapié en que, ahora sí, la ley contempla “la progresividad, la inclusión y visibiliza a los grupos prioritarios”.
En sesión extraordinaria señalaron que la inclusión responde a sentencias que se deben obedecer por mandato judicial, así como modificaciones necesarias para que la paridad rumbo a la gubernatura de 2027 sea una realidad.
La diputada de Fuerza por México Baja California Sur (FXMBCS), Lorena Marbella González Díaz, quien encabezó los trabajos para la creación de esta reforma, sostiene que se respetó la progresividad de grupos prioritarios.
“Ya están incluidos en esta nueva ley, ya están visibilizados, y en es ese sentido se deja al Instituto Estatal Electoral que haga las acciones que le competen, fomentando y garantizando a través de acciones esa progresividad, dejando un piso parejo para todas y todos en el tema de participación para el 2024”, insistió.
Cabe recordar que, según palabras de Marbella González, la reforma quedaría lista antes de que terminara el periodo ordinario el 30 de junio; la XVI Legislatura se vio obligada a solicitar y ordenar periodo extraordinario para cumplir con la aprobación.
A pesar de que tomó más de un año de trabajo, el primer dictamen presentado no contempló la garantía de representación de grupos prioritarios.
SE QUEDÓ CORTA EN REPRESENTATIVIDAD
El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del IEEBCS, Jesús Flores, expuso que, aunque al final la ley sí contempló la garantía de representación, hubo dos grupos que quedaron totalmente fuera del marco legal.
Comentó que dentro de las mesas de trabajo que se hicieron, con análisis y debates se consensuó la posibilidad de que hubiera siete grupos considerados como vulnerables; sin embargo, se redujeron a cinco: personas con discapacidad, diversidad sexual, indígenas, afromexicanos y jóvenes.
Por ley, estos grupos sí tendrán garantía de presentación en cinco de los 16 distritos electorales, mientras que, en el caso de los cabildos, tienen que acomodarlos entre los cinco ayuntamientos del estado.
“Tienen que entrar los cinco grupos entre los cinco ayuntamientos; no necesariamente en el Ayuntamiento de La Paz tienen que entrar los cinco. En el Ayuntamiento de La Paz pudiera entrar, por ejemplo, el de personas discapacitadas; en el de Los Cabos, el de indígenas; en el de Mulegé, el de afromexicanos; en el de Loreto, el de diversidad sexual”, explicó.
Sin embargo, quedaron rezagados dos sectores que, desde la perspectiva del consejero, son importantes: adultos mayores y sudcalifornios.
Abordó la situación del principal sector turístico, donde considera importante que haya representación de habitantes nativos para que participen en la toma de decisiones y de leyes.
“En Los Cabos de un padrón electoral, que tenemos poco más de 300 mil electores, sólo el 24 por ciento somos sudcalifornianos que hemos nacido aquí; el otro 76 por ciento ha venido de otros estados de la República. Hay una sobrerrepresentación”, argumentó.
“Eso ya está en ley. Desgraciadamente lo de los sudcalifornianos no sé en qué escenario valoraron los diputados, pero lo quitaron, no lo dejaron; como tampoco dejaron lo de los adultos mayores”, agregó.
Considera que, en este aspecto, la reforma quedó a deber el escenario de legitimidad, identidad y representación sudcaliforniana para dar autoridad y viabilidad a habitantes nativos.
“Toda ley es perfectible, yo creo que hay escenarios donde se le puede sumar cosas que sean para beneficio de la representatividad, pero más que nada en beneficio de lo que esa representatividad va a hacer en beneficio de la sociedad o población en general”, subrayó.
“Creo que entre más incluyente sea una ley, obviamente va a tener mejores resultados. Creo que la consecuencia de no haber incluido a los sudcalifornianos es uno de los detalles que quedó en el tintero y quedaron a deber, todos los demás entraron”, apuntó.
En este sentido, recordó que en la elección de 2021 el Consejo General del IEEBCS dictó mediante acuerdos, las reglas del juego.
Las acciones afirmativas del instituto permitieron que las plurinominales fueran encabezadas por mujeres y se incluyó la diversidad sexual, a las personas indígenas, afromexicanos y con discapacidad.
“Hoy todos queremos tener la confianza y certeza de que es una ley electoral que está debidamente consensuada, que es incluyente, pero que, sobre todo, dará certeza y se ubicarán los espacios de participación ciudadana desde la paridad, desde los bloques de competitividad, desde las alianzas, las coaliciones, las candidaturas comunes y reglamentación de candidaturas independientes”, compartió.
ES UN HECHO LA PARIDAD
Continuando con el análisis, Jesús Flores expuso que la paridad quedó firme en la nueva ley y ahora es un hecho que el 50 por ciento de las candidaturas son para mujeres, tanto en diputaciones como en las planillas para los cabildos de los ayuntamientos.
“Hay un dato interesante: la elección pasada, por acciones afirmativas, las primeras plurinominales ocuparon mujeres. Hoy se les está dando la libertad a los partidos políticos que propongan hombre o mujer en la primera posición de las plurinominales”, señaló.
“Obviamente ya pasada la elección, si hubiera una sobrerrepresentación de alguno de los géneros, pues ahí se tendrían que hacer las adecuaciones y la plurinominales tendrían que moverse de número para que entrara el género que se necesitaría para tener la paridad en el Congreso”, añadió.
En el caso de los bloques de competitividad para las alcaldías, la XVI Legislatura dividió en dos el municipio: en un bloque alto y un bloque bajo.
El “bloque alto” estará conformado por los tres municipios con mayor votación, donde tienen que dar las candidaturas a dos mujeres y un hombre.
El “bloque bajo” lo integran dos municipios, donde los partidos estarán obligados a dar las candidaturas a un hombre y una mujer.
Por último, recordó datos de las elecciones de 2021, donde más de 560 mil personas podían votar, sin embargo, apenas participaron 285 mil; es decir, un escenario en el que la abstinencia derrota a cualquier candidato o candidata.
“Yo creo que lo que tuvieron que pensar más que nada los legisladores es cómo hacían una ley que pudiera invitar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto; cómo poder quitar esa franja de abstención, que es la que no legitima los gobiernos”, puntualizó.
Por ahora habrá que esperar a ver de qué manera se desarrolla el ejercicio electoral para saber qué se debe cambiar, depurar o modificar para perfeccionar la ley.
