Obras pagadas e inconclusas, impago de impuestos y de servicios básicos para policías municipales y hasta aguinaldos que no se contemplan dentro de la administración pública municipal, son parte de las irregularidades -algunas de ellas graves- plasmadas y evidenciadas por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, presidida por la morenista Alejandra Ang Hernández, durante el ejercicio fiscal 2021 dirigido por los gobiernos de la Cuarta Transformación en ambos municipios bajacalifornianos.
Zulema Adams, ex presidenta municipal de Tecate y actual diputada federal, abandonó la causa de Morena y se sumó a Movimiento Ciudadano tras un complicado episodio durante su gobierno, ante el intenso hostigamiento del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, que la obligó a prácticamente abandonar el cargo.
Mientras tanto, el Concejo Fundacional de San Quintín dirigido por Jorge López Peralta se estrenó como municipio con cuestionables manejos de las finanzas públicas, mismas que la diputada Alejandra Ang atribuyó a su inexperiencia como encargados de la administración pública.
En ambos casos no hubo respuesta de los directamente involucrados ante el Poder Legislativo, pero por parte del gobierno de Tecate, el alcalde Darío Benítez fue entrevistado vía Zoom por integrantes de la Comisión, limitándose a señalar que se trató de problemas de la pasada administración y que se están corrigiendo en el actual mandato.
Si bien, ya han “tronado” cuentas de algunas áreas de la administración pública relacionadas con la 4T, éstas son las primeras cuentas públicas de la nueva era política de Baja California dentro de los municipios que enfrentan severos problemas.
Al respecto, la diputada Alejandrina Corral comentó a ZETA que las irregularidades plasmadas dentro de los informes de la Auditoría Superior del Estado representan una realidad dentro de la administración pública, asegurando que los mecanismos para sancionar y prevenir actos de corrupción, malos manejos y omisiones, pocas veces tienen consecuencias de algún tipo para los encargados de la administración pública.
“Lo que pasa es que todas se negaron, pero luego de la negación, que siempre he dicho que nada tiene que ver aprobar o negar, debes darle seguimiento y una sanción administrativa o penal de las mismas. Porque año tras año las venimos aprobando dos años después, ya no están los funcionarios de esos momentos”, refirió la legisladora de oposición.
FALTA DE FACTURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PAGO DE AGUINALDOS EN SQ
En su primera experiencia como administración pública, San Quintín fue un desastre al contabilizar 30 observaciones al manejo de sus finanzas. Como ejemplo se puede establecer que de los 241 millones 164 mil 313 pesos que recibió como ingresos, sólo generaron facturación digital por 8 millones 500 mil 779 pesos, lo que deja una enorme cifra sin comprobar.
De ese dinero, 62 millones de pesos 212 mil 471 pesos fueron erogados en nómina, misma que no cuenta con el debido timbrado de nómina ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Particularmente hablando, es un error común en las nacientes instituciones.
A lo anterior se deben agregar otros 3 millones de pesos en primas vacacionales y compensaciones que tampoco recibieron las respectivas retenciones tributarias, y el incumplimiento del debido registro de operaciones financieras dentro de la administración, violando varias disposiciones y reglamentos municipales; tampoco se cuenta con un programa operativo anual, ni matriz de indicadores de resultados, ni se planteó la perspectiva de género en el manejo y operación de recursos.
Una de las irregularidades más llamativas fue que los integrantes del Concejo Fundacional de San Quintín se otorgaron un aguinaldo de 134 mil 122 pesos para cada uno, superando así los 600 mil pesos, pese a que en su Artículo 2, la Ley de Servicio de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios refiere que síndicos, alcaldes, concejales y regidores, no cuentan con el beneficio de bono de fin de año.
También se encontraron pagos por casi 5 millones de pesos para la compra de bienes y servicios, que se entregaron sin comprobar cotizaciones de tres empresas por cada compra, para comparar precios de mercado.
El Concejo también generó pagos excedentes en cuatro proyectos de obra pública hasta por 361 mil pesos en los precios unitarios de licitaciones de alumbrado público, rehabilitación de vialidades -como la de la calle General Lázaro Cárdenas y del Bulevar Sánchez Taboada-, bajo el argumento de costos de inspección y supervisión de infraestructura. Es decir, les cobraron extra por supervisar e inspeccionar la obra; los poco más de 300 mil pesos deberán ser devueltos al Gobierno Municipal.
Dentro de la propia auditoría también se contabiliza el pago de 45 millones de pesos en bienes -sin especificarlos- en los que no hubo un proceso de licitación. También “desaparecieron” seis vehículos y siete computadoras por poco más de 2 millones 600 mil pesos.
En este primer año también realizó pagos incompletos a Issstecali e IMSS, además de comenzar con el rezago de cobro de Impuesto Predial.
TECATE, BAJO EL ACOSO DE BONILLA
Durante 2021, la entones alcaldesa tecatense Zulema Adams, actual diputada federal, prácticamente tuvo que huir de la administración ante la embestida dirigida por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, ejecutada por sus funcionarios, entre ellos Guillermo Ruiz Hernández, quien incluso intentó procesarla penalmente por el impago de un adeudo heredado.
Con todas las complicaciones operativas, la hoy legisladora logró sostenerse e incluso presentar recursos legales para evitar ser acorralada por quien se convirtió en su principal rival político.
De manera general, “el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, presenta errores y omisiones significativos y generalizados en los estados, y la información financiera; falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos; incumplimiento a los principios de economía, eficiencia, eficacia y las disposiciones legales, fiscales y normativas aplicables, entre las que destacan falta de expedición de comprobantes fiscales por internet de compensación y gratificación de fin de año proporcional a compensación y retención de lmpuesto sobre la Renta, falta de licitación, invitación y cotizaciones en la adquisición de bienes y servicios, falta de conciliación en el inventario de bienes muebles con registros contables, incumplimiento en el pago por parte de la entidad fiscalizada de impuestos federales retenidos y de cuotas retenidas y aportaciones de seguridad social del personal de base, incumplimiento a disposiciones legales aplicables en materia de ejecución de obra pública, pagos en exceso en contratos de obra pública, falta de documentación normativa y deficiencias de construcción, entre otras, los cuales no han sido solventados como a continuación se describe”.
Entre las principales irregularidades, se puede constatar que no hubo retenciones a sus empleados en el Impuesto sobre la Renta en diversos espacios, así como la falta de claridad en el cobro de servicios ofertados por el Ayuntamiento de Tecate, concretamente en aquellos que oferta la Dirección de Bomberos.
“La Entidad no otorgó el beneficio de Seguridad Social para sus empleados de confianza, situación que puede generar demandas futuras por parte de los empleados. De conformidad con los artículos 61, fracción VII y 64 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tecate, Baja California, corresponde al Departamento de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, entregar las prestaciones a las que tuviera derecho el personal que labora al servicio del Municipio y al Tesorero Municipal efectuar las erogaciones que deba hacer la administración pública municipal y las que determine el Cabildo”.
Ese fue uno de los grandes problemas de su gestión, puesto que principalmente policías se encontraban en una situación de indefensión. Infortunadamente, agentes preventivos fueron abatidos o perdieron la vida durante ese periodo.
También, aseveran en la Comisión de Fiscalización, descontó, pero no pagó a Issstecali por un monto de 15 millones 465 mil 393 pesos en torno a servicios de carácter mutualista a sus empleados, además de otros 22 millones de pesos del fondo médico, de pensiones y accidentes de trabajo.
Por su parte, Oficialía Mayor del gobierno de Tecate tuvo errores en el cálculo de finiquitos y pagos a varios ex empleados de la administración, además de otorgar contratos directos a una empresa gasolinera por 21 millones de pesos, más 1.5 millones de pesos a una empresa de servicios legales, que no llevaron a cabo el procedimiento debido de compra ni pago del mismo.
En similar situación se encuentra un contrato de arrendamiento de maquinaria por un millón 204 mil pesos que se entregó de manera directa, donde no hubo comparación de precio, calidad y financiamiento. No conforme con ello, no se contó con evidencia de un contrato para este servicio.
La gestión de Zulema Adams también tuvo complicaciones en el manejo de recurso y comprobación de gastos y de facturación de varios de sus servicios. Si bien, el documento de la Auditoría Superior del Estado no especifica los servicios específicos ofertados y señalados, sí refiere que se intentó comprobar el proceso de facturación de los mismos, sin éxito.
